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Samuel Moreno no permitirá que 2,4 millones de bogotanos queden sin agua

Interpondrá acciones legales para permitir que la EAAB siga captando agua del río Bogotá y Teusacá para el suministro del líquido.

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El Espectador
14 de mayo de 2009 - 09:40 a. m.
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Ante la medida que impuso la Corporación Autónoma Regional (CAR) a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) de suspender de inmediato la captación de las aguas del río Bogotá y Teusacá por no contar con los permisos correspondientes para hacerlo; el alcalde Samuel Moreno dijo que interpondrá todas las acciones legales que se necesiten para garantizarle a 2,4 millones de bogotanos el suministro del líquido.

La medida impuesta por la CAR no sólo afecta a las localidades de Engativá, Suba, Kennedy, Fontibón y Bosa; sino también a municipios aledaños como Chía, Funza, Mosquera Gachancipá, Tocancipá, Cajicá, Sopó y Madrid.

Según la CAR, la EAAB no cuenta con las condiciones legales para la captación de las aguas de estos afluentes; sin embargo, esta última dice que desde hace cuatro años le ha solicitado a la Corporación Autónoma Regional la prórroga de la concesión para este procedimiento.

En vista de que la CAR se mantiene firme en exigirle a la EAAB la suspención de la captación de las aguas, el Acueducto interpondrá una acción de tutela.

“Hoy vamos a interponer algunas acciones legales para garantizar el derecho fundamental del agua y utilizaremos los recursos legales y judiciales para que todas estas personas no se vean afectadas por el corte del suministro del agua”, manifestó el burgomaestre.

Así mismo, dijo que para evitar la suspensión del servicio de agua potable, se han hecho gestiones con la CAR y el Ministerio de Ambiente para que se examine la sanción impuesta a la Empresa de Acueducto.

La viceministra de Medio Ambiente, Claudia Mora, envió una misiva al director de la CAR, Edgar Alfonso Bejarano, en donde le manifiesta su oposición a la decisión tomada por esa corporación en donde se le exige a la EAAB la suspensión del servicio, pues así se "afectaría la prestación de un servicio público esencial, desconociendo las normas constitucionales que consagran la finalidad social de los servicios públicos y el deber de asegurar su prestación eficiente, oportuna e ininterrumpida".

Por El Espectador

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