Samuel Moreno y los Nule, a pagar por sobrecostos en la 26
Por ser fiscalmente responsables del detrimento patrimonial al Distrito, la Contraloría General les ordenó pagar una suma que alcanza los $175.000 millones de pesos.
Redacción Bogotá
El exalcalde Samuel Moreno Rojas; los exdirectores del IDU Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez; el exsubdirector Jurídico de la entidad, Inocencio Meléndez; los Nule (Miguel, Guido y Manuel Nule), así como otros contratistas del Distrito tendrán que pagar con su dinero los sobrecostos que hubo en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26.
Así lo determinó en primera instancia la Contraloría General de la República, luego de declararlos fiscalmente responsables por el detrimento patrimonial al Distrito. Según el ente de control, lo que perdió la administración durante el conocido carrusel de la contratación y los sobrecostos que rodearon los trabajos de la troncal alcanzaron los $175.000 millones. (Lea: Protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, a pagar $175.000 millones)
La lectura del fallo le correspondió a Caroline Deyanira Urrego Moreno, contralora delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, quien agregó que más allá de los funcionarios, “la cuantía de este fallo de responsabilidad fiscal también cobija a los empresarios que decidieron modificar el contrato en cuanto a su precio y alcance, a través de adiciones al valor global y exclusión de obras”, explicó la funcionaria.
Durante la lectura de la decisión, se conoció que el exalcalde Luis Eduardo Garzón, así como la firma interventora Intercol (que advirtió a tiempo las irregularidades), fueron exentos de responsabilidad.
El proceso
Este proceso se inició en octubre de 2010, luego de estallar el escándalo del carrusel de la contratación. En ese momento, la contralora general, Sandra Morelli, ordenó la investigación, al tener indicios de posibles sobrecostos en el contrato para la obra, que empezó sin contar con la totalidad de los estudios y diseños. A finales de 2011, el ente de control emitió pliego de cargos contra los sospechosos, entre los que se encontraban 12 funcionarios públicos y 21 contratistas.
Durante la investigación, los posibles sobrecostos se pudieron corroborar en casos concretos como en las actualizaciones de estudios para construir el puente vehicular de la calle 26 sobre la avenida Boyacá ($1.087 millones); en la modificación del valor global, a través de diferentes adiciones ($107.514 millones), y otros montos que no estaban acordados ($3.847 millones).
Además, descubrió que se realizaron exclusiones de obra por casi $55.450 millones, sin “disminuir el valor global del contrato, que en principio fue por $315.580 millones. Y, finalmente, cuando se autorizó la cesión al grupo empresarial Vías de Bogotá S. A., cuyo líder es Conalvías S. A., el nuevo valor ascendió a $467.893 millones”, explicó el ente de control.
Junto a los funcionarios públicos tendrán que responder de manera solidaria por los sobrecostos empresas como Conalvías, César Jaramillo y Cía. S. A. S., Édgar Jaramillo y Cía. S. A. S., Patria S. A., Infracon S. A., Agremezclas S.A. y la empresa Ingenieros Constructores e Interventores (Icein S. A.) por la modificación al valor global del contrato. Contra este fallo fiscal proceden los recursos de reposición y de apelación, los cuales tendrán que ser resueltos por la vicecontralora Gloria Amparo Alonso Másmela, designada como Contralora ad hoc.
El exalcalde Samuel Moreno Rojas; los exdirectores del IDU Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez; el exsubdirector Jurídico de la entidad, Inocencio Meléndez; los Nule (Miguel, Guido y Manuel Nule), así como otros contratistas del Distrito tendrán que pagar con su dinero los sobrecostos que hubo en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26.
Así lo determinó en primera instancia la Contraloría General de la República, luego de declararlos fiscalmente responsables por el detrimento patrimonial al Distrito. Según el ente de control, lo que perdió la administración durante el conocido carrusel de la contratación y los sobrecostos que rodearon los trabajos de la troncal alcanzaron los $175.000 millones. (Lea: Protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, a pagar $175.000 millones)
La lectura del fallo le correspondió a Caroline Deyanira Urrego Moreno, contralora delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, quien agregó que más allá de los funcionarios, “la cuantía de este fallo de responsabilidad fiscal también cobija a los empresarios que decidieron modificar el contrato en cuanto a su precio y alcance, a través de adiciones al valor global y exclusión de obras”, explicó la funcionaria.
Durante la lectura de la decisión, se conoció que el exalcalde Luis Eduardo Garzón, así como la firma interventora Intercol (que advirtió a tiempo las irregularidades), fueron exentos de responsabilidad.
El proceso
Este proceso se inició en octubre de 2010, luego de estallar el escándalo del carrusel de la contratación. En ese momento, la contralora general, Sandra Morelli, ordenó la investigación, al tener indicios de posibles sobrecostos en el contrato para la obra, que empezó sin contar con la totalidad de los estudios y diseños. A finales de 2011, el ente de control emitió pliego de cargos contra los sospechosos, entre los que se encontraban 12 funcionarios públicos y 21 contratistas.
Durante la investigación, los posibles sobrecostos se pudieron corroborar en casos concretos como en las actualizaciones de estudios para construir el puente vehicular de la calle 26 sobre la avenida Boyacá ($1.087 millones); en la modificación del valor global, a través de diferentes adiciones ($107.514 millones), y otros montos que no estaban acordados ($3.847 millones).
Además, descubrió que se realizaron exclusiones de obra por casi $55.450 millones, sin “disminuir el valor global del contrato, que en principio fue por $315.580 millones. Y, finalmente, cuando se autorizó la cesión al grupo empresarial Vías de Bogotá S. A., cuyo líder es Conalvías S. A., el nuevo valor ascendió a $467.893 millones”, explicó el ente de control.
Junto a los funcionarios públicos tendrán que responder de manera solidaria por los sobrecostos empresas como Conalvías, César Jaramillo y Cía. S. A. S., Édgar Jaramillo y Cía. S. A. S., Patria S. A., Infracon S. A., Agremezclas S.A. y la empresa Ingenieros Constructores e Interventores (Icein S. A.) por la modificación al valor global del contrato. Contra este fallo fiscal proceden los recursos de reposición y de apelación, los cuales tendrán que ser resueltos por la vicecontralora Gloria Amparo Alonso Másmela, designada como Contralora ad hoc.