San Bartolomé, al tablero

En suspenso quedó el viernes pasado la decisión de los padres jesuitas que permitiría que en el mismo lugar donde en 1734 se instaló la primera imprenta nacional y aprendieron a leer y a escribir 18 presidentes comiencen a funcionar las dependencias del Ministerio del Interior y de Justicia.

Después de una prolongada reunión durante la tarde de ayer, los jesuitas, liderados por el padre Francisco de la Roux, decidieron   posponer su veredicto   frente a la oferta que vienen recibiendo desde noviembre pasado.

El Colegio Mayor de San Bartolomé, considerado como monumento nacional, no podría estar en un mejor vecindario. Su ubicación en la carrera 7ª con calle 10ª, junto al Congreso, al Palacio de Nariño y a la Catedral Primada, es el principal motivo para que el ministro Germán Vargas Lleras esté tan interesado en trasladar sus oficinas hacia el edificio.

Por sus grandes puertas entraron personajes como Antonio Nariño, Francisco Antonio Zea, Francisco de Paula Santander, Miguel Antonio Caro y Laureano Gómez, entre muchos otras figuras destacadas.

El imponente edificio, una de las piezas más emblemáticas de la arquitectura republicana, declarado patrimonio de la nación en 1975, se mantiene en pie contra la dictadura del tiempo. Olores húmedos que brotan de fuertes paredones sugieren que por sus pasillos se tejieron pensamientos transformadores. Hoy el sitio es una caudalosa fuente de recuerdos de gran valor para la memoria del país.

El padre Fernando Mendoza lleva cerca de dos años al frente de la institución. Reconoce que el lugar es bastante emblemático para la comunidad de Jesús, pero insiste en que ya no es apto para continuar con la tarea educativa que han cumplido durante casi medio siglo. “No tenemos las instalaciones adecuadas, no hay suficientes espacios verdes y el servicio de transporte es muy complicado para los alumnos”. Cree que llegó el momento de trasladarse a otro espacio.

El exministro y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, recuerda su época de bachiller por los pasillos del edificio. Insiste en que el claustro es patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del país y de la ciudad, y que por tanto se debe preservar no sólo la estructura sino, además, su uso institucional. “No estoy de acuerdo con el hecho de que el colegio se convierta en oficinas públicas del Ministerio de Justicia y seguramente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec)”.

Otra cosa piensan algunos ex alumnos bartolinos, como Néstor Humberto Martínez, para quien la responsabilidad de los jesuitas no es con el pasado, sino con el futuro. Asegura que la venta del colegio puede beneficiar la labor educativa. “Si no lo venden, perderían la última oportunidad y terminarían quedándose solos en la zona”.

Actualmente hay 1.300 estudian tes y la mayoría viaja desde Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Soacha, Usme y otros barrios del sur.

El historiador Germán Mejía cree que la venta del edificio no tendría ningún impacto sobre el valor histórico y patrimonial de la edificación, puesto que su condición patrimonial lo protege contra cualquier transformación. “Lo más importante de cualquier inmueble declarado patrimonio es que tenga uso y que sea activo”.

Si bien muchos se oponen a la venta de la que no se conocen cifras, no sólo por el símbolo que representa el espacio, sino además por la mala fama que cobija a las entidades públicas, es el compromiso con los educandos lo que lleva a   otros a apoyar la negociación. “En lo que concierne a lo académico, el colegio seguirá prestando sus servicios, de acuerdo con nuestro propósito como jesuitas, y no cambiaremos el objetivo que ha venido cumpliendo, indiferentemente del lugar donde nos encontremos”, asegura el padre Mendoza.

Contrario a lo que muchos detractores del ofrecimiento piensan, Germán Mejía cree que la venta garantizaría su conservación por muchos años más. “Se tiene la sensación de que si se le entrega un bien al sector público eso se acaba, y eso no es cierto, es una estereotipo que no se cumple”.

Al salir de la reunión, El padre Francisco de Roux provincial de los jesuitas en Colombia, señaló que requieren más tiempo para tomar una decisión y  que su mayor interés es continuar trabajando por la educación en el país y el futuro de los estudiantes.

En suspenso quedó el viernes pasado la decisión de los padres jesuitas que permitiría que en el mismo lugar donde en 1734 se instaló la primera imprenta nacional y aprendieron a leer y a escribir 18 presidentes comiencen a funcionar las dependencias del Ministerio del Interior y de Justicia.

Después de una prolongada reunión durante la tarde de ayer, los jesuitas, liderados por el padre Francisco de la Roux, decidieron   posponer su veredicto   frente a la oferta que vienen recibiendo desde noviembre pasado.

El Colegio Mayor de San Bartolomé, considerado como monumento nacional, no podría estar en un mejor vecindario. Su ubicación en la carrera 7ª con calle 10ª, junto al Congreso, al Palacio de Nariño y a la Catedral Primada, es el principal motivo para que el ministro Germán Vargas Lleras esté tan interesado en trasladar sus oficinas hacia el edificio.

Por sus grandes puertas entraron personajes como Antonio Nariño, Francisco Antonio Zea, Francisco de Paula Santander, Miguel Antonio Caro y Laureano Gómez, entre muchos otras figuras destacadas.

El imponente edificio, una de las piezas más emblemáticas de la arquitectura republicana, declarado patrimonio de la nación en 1975, se mantiene en pie contra la dictadura del tiempo. Olores húmedos que brotan de fuertes paredones sugieren que por sus pasillos se tejieron pensamientos transformadores. Hoy el sitio es una caudalosa fuente de recuerdos de gran valor para la memoria del país.

El padre Fernando Mendoza lleva cerca de dos años al frente de la institución. Reconoce que el lugar es bastante emblemático para la comunidad de Jesús, pero insiste en que ya no es apto para continuar con la tarea educativa que han cumplido durante casi medio siglo. “No tenemos las instalaciones adecuadas, no hay suficientes espacios verdes y el servicio de transporte es muy complicado para los alumnos”. Cree que llegó el momento de trasladarse a otro espacio.

El exministro y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, recuerda su época de bachiller por los pasillos del edificio. Insiste en que el claustro es patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del país y de la ciudad, y que por tanto se debe preservar no sólo la estructura sino, además, su uso institucional. “No estoy de acuerdo con el hecho de que el colegio se convierta en oficinas públicas del Ministerio de Justicia y seguramente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec)”.

Otra cosa piensan algunos ex alumnos bartolinos, como Néstor Humberto Martínez, para quien la responsabilidad de los jesuitas no es con el pasado, sino con el futuro. Asegura que la venta del colegio puede beneficiar la labor educativa. “Si no lo venden, perderían la última oportunidad y terminarían quedándose solos en la zona”.

Actualmente hay 1.300 estudian tes y la mayoría viaja desde Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Soacha, Usme y otros barrios del sur.

El historiador Germán Mejía cree que la venta del edificio no tendría ningún impacto sobre el valor histórico y patrimonial de la edificación, puesto que su condición patrimonial lo protege contra cualquier transformación. “Lo más importante de cualquier inmueble declarado patrimonio es que tenga uso y que sea activo”.

Si bien muchos se oponen a la venta de la que no se conocen cifras, no sólo por el símbolo que representa el espacio, sino además por la mala fama que cobija a las entidades públicas, es el compromiso con los educandos lo que lleva a   otros a apoyar la negociación. “En lo que concierne a lo académico, el colegio seguirá prestando sus servicios, de acuerdo con nuestro propósito como jesuitas, y no cambiaremos el objetivo que ha venido cumpliendo, indiferentemente del lugar donde nos encontremos”, asegura el padre Mendoza.

Contrario a lo que muchos detractores del ofrecimiento piensan, Germán Mejía cree que la venta garantizaría su conservación por muchos años más. “Se tiene la sensación de que si se le entrega un bien al sector público eso se acaba, y eso no es cierto, es una estereotipo que no se cumple”.

Al salir de la reunión, El padre Francisco de Roux provincial de los jesuitas en Colombia, señaló que requieren más tiempo para tomar una decisión y  que su mayor interés es continuar trabajando por la educación en el país y el futuro de los estudiantes.