San Cristóbal y Santa Fe: zonas de peligro para buses del SITP

La delincuencia común tiene azotado al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Y aunque los asaltos no son un fenómeno nuevo, este año los medios han denunciado una seguidilla de casos que obligó al Distrito a anunciar medidas. Sin embargo, al querer conocer la verdadera dimensión del problema, ni la Policía, ni la Secretaría de Seguridad, ni Transmilenio tienen una cifra exacta. Al menos, eso dicen.

(Lea: Conductores del SITP, cansados de robos)

Lo único que tienen claro es que los puntos más “calientes” están en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Kennedy, Tunjuelito y Rafael Uribe . Además, que la Policía ha capturado a 40 personas que fueron sorprendidas robando en los buses azules. Sin embargo, este dato es apenas un subregistro, ya que no se están contando los asaltos que los uniformados no alcanzan a evitar. Si bien la administración ha anunciado estrategias para ponerle freno al problema, los robos no paran. Expertos dicen que se requieren cambios estructurales.

El pasado miércoles, justo después de que la Administración anunció que vigilaría los buses con policías de civil y ofreció recompensas de hasta $10 millones para quienes brinden información sobre las bandas que tienen en jaque al sistema, se registraron dos casos: uno en el centro, en la calle 19 con carrera 9, y otro en la carrera 68 con calle 63 sur. Al menos 12 pasajeros fueron despojados de sus pertenencias.

(Lea:Con arma de fuego asaltaron otro bus del SITP)

El problema que ahora enfrentan las autoridades es que, aparte de los robos diarios, las víctimas no quieren denunciar. En poco más de un mes se han registrado solo 29 denuncias por asaltos masivos en buses, cifra inferior a la cantidad de víctimas. Esta actitud complica la tarea de los organismos de seguridad pues, como dice Daniel Mejía, secretario de Seguridad, termina por blindar a los delincuentes. “Jamás se les abrirá un proceso penal y seguirán delinquiendo, a menos que la Policía los capture en flagrancia”, dijo el funcionario.

Mejía le recordó a la gente que puede denunciar a través de la aplicación móvil “Seguridad en Línea” y señaló que para acelerar las investigaciones, la Fiscalía designó a dos fiscales que se dedicarán exclusivamente a atender casos relacionados con asaltos al transporte público. A la fecha, al menos 13 personas han sido enviadas a prisión.

Por su parte, la Policía sigue en su tarea de mejorar los planes de seguridad. El Plan Mochila es una de sus estrategias, el cual consiste en detener los buses del SITP en puntos de control, para hacer requisas y rastreos de los antecedentes judiciales de los pasajeros, para verificar si llevan armas o si hay algún prófugo de la justicia. Con esta medida han logrado incautar más de 145 armas blancas.

No es suficiente

Pese a los esfuerzos de las autoridades, hay personas que consideran que las medidas del Distrito, la Fuerza Pública y el mismo Gobierno Nacional no atacan el problema de fondo. Según Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad ciudadana de la Universidad del Rosario, los constantes atracos al SITP se derivan de vacíos que tiene el país en materia de leyes, educación, oportunidades de empleo y esparcimiento.

“La delincuencia ha escalado en el transporte de Bogotá porque hay un desentendimiento entre el gobierno local y el nacional, ninguno se ha sentado a pensar seriamente en cambios estructurales que resuelvan el problema. Elaborar una política antipandillas para focalizar los puntos calientes donde operan las bandas criminales y brindarles a sus integrantes oportunidades de estudio o trabajo, puede ser una solución para alejarlos de la vida delictiva”, resalta Ruiz.

Ante situaciones como la facilidad con las que quedan en libertad los menores detenidos tras un robo, Ruiz señala que se podría pensar en una reforma a la justicia de menores. “Debería tenerse en cuenta, si se quiere acabar con el flagelo de la delincuencia, que hoy está siendo liderado por los jóvenes. Eso, acompañado de programas de resocialización que ayuden a formar a los detenidos”.

A esta postura también se sumó Hugo Acero, sociólogo y experto en seguridad urbana y gestión de convivencia ciudadana, quien añade la necesidad de idear políticas más rigurosas de desarme para controlar el porte ilegal de armas. Asimismo, explica que las autoridades deben hacer una investigación criminal más exhaustivas para dar con el paradero de las bandas delincuenciales. “Si saben dónde están los ladrones, va a ser más fácil intervenir esos sectores y desarrollar programas efectivos que trabajen en solucionar una problemática específica. A veces el Distrito idea planes de acción para disminuir la delincuencia en los barrios más inseguros de la ciudad, sin entender las dinámicas de esos sectores”, concluyó.

La delincuencia común tiene azotado al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Y aunque los asaltos no son un fenómeno nuevo, este año los medios han denunciado una seguidilla de casos que obligó al Distrito a anunciar medidas. Sin embargo, al querer conocer la verdadera dimensión del problema, ni la Policía, ni la Secretaría de Seguridad, ni Transmilenio tienen una cifra exacta. Al menos, eso dicen.

(Lea: Conductores del SITP, cansados de robos)

Lo único que tienen claro es que los puntos más “calientes” están en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Kennedy, Tunjuelito y Rafael Uribe . Además, que la Policía ha capturado a 40 personas que fueron sorprendidas robando en los buses azules. Sin embargo, este dato es apenas un subregistro, ya que no se están contando los asaltos que los uniformados no alcanzan a evitar. Si bien la administración ha anunciado estrategias para ponerle freno al problema, los robos no paran. Expertos dicen que se requieren cambios estructurales.

El pasado miércoles, justo después de que la Administración anunció que vigilaría los buses con policías de civil y ofreció recompensas de hasta $10 millones para quienes brinden información sobre las bandas que tienen en jaque al sistema, se registraron dos casos: uno en el centro, en la calle 19 con carrera 9, y otro en la carrera 68 con calle 63 sur. Al menos 12 pasajeros fueron despojados de sus pertenencias.

(Lea:Con arma de fuego asaltaron otro bus del SITP)

El problema que ahora enfrentan las autoridades es que, aparte de los robos diarios, las víctimas no quieren denunciar. En poco más de un mes se han registrado solo 29 denuncias por asaltos masivos en buses, cifra inferior a la cantidad de víctimas. Esta actitud complica la tarea de los organismos de seguridad pues, como dice Daniel Mejía, secretario de Seguridad, termina por blindar a los delincuentes. “Jamás se les abrirá un proceso penal y seguirán delinquiendo, a menos que la Policía los capture en flagrancia”, dijo el funcionario.

Mejía le recordó a la gente que puede denunciar a través de la aplicación móvil “Seguridad en Línea” y señaló que para acelerar las investigaciones, la Fiscalía designó a dos fiscales que se dedicarán exclusivamente a atender casos relacionados con asaltos al transporte público. A la fecha, al menos 13 personas han sido enviadas a prisión.

Por su parte, la Policía sigue en su tarea de mejorar los planes de seguridad. El Plan Mochila es una de sus estrategias, el cual consiste en detener los buses del SITP en puntos de control, para hacer requisas y rastreos de los antecedentes judiciales de los pasajeros, para verificar si llevan armas o si hay algún prófugo de la justicia. Con esta medida han logrado incautar más de 145 armas blancas.

No es suficiente

Pese a los esfuerzos de las autoridades, hay personas que consideran que las medidas del Distrito, la Fuerza Pública y el mismo Gobierno Nacional no atacan el problema de fondo. Según Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad ciudadana de la Universidad del Rosario, los constantes atracos al SITP se derivan de vacíos que tiene el país en materia de leyes, educación, oportunidades de empleo y esparcimiento.

“La delincuencia ha escalado en el transporte de Bogotá porque hay un desentendimiento entre el gobierno local y el nacional, ninguno se ha sentado a pensar seriamente en cambios estructurales que resuelvan el problema. Elaborar una política antipandillas para focalizar los puntos calientes donde operan las bandas criminales y brindarles a sus integrantes oportunidades de estudio o trabajo, puede ser una solución para alejarlos de la vida delictiva”, resalta Ruiz.

Ante situaciones como la facilidad con las que quedan en libertad los menores detenidos tras un robo, Ruiz señala que se podría pensar en una reforma a la justicia de menores. “Debería tenerse en cuenta, si se quiere acabar con el flagelo de la delincuencia, que hoy está siendo liderado por los jóvenes. Eso, acompañado de programas de resocialización que ayuden a formar a los detenidos”.

A esta postura también se sumó Hugo Acero, sociólogo y experto en seguridad urbana y gestión de convivencia ciudadana, quien añade la necesidad de idear políticas más rigurosas de desarme para controlar el porte ilegal de armas. Asimismo, explica que las autoridades deben hacer una investigación criminal más exhaustivas para dar con el paradero de las bandas delincuenciales. “Si saben dónde están los ladrones, va a ser más fácil intervenir esos sectores y desarrollar programas efectivos que trabajen en solucionar una problemática específica. A veces el Distrito idea planes de acción para disminuir la delincuencia en los barrios más inseguros de la ciudad, sin entender las dinámicas de esos sectores”, concluyó.