San Victorino no necesita presentación y menos en esta época del año, al ser el comercio popular más grande del país, al que llegan a surtirse comerciantes de todo el territorio nacional. Y a pesar de su ubicación privilegiada en pleno corazón de Bogotá (inmediaciones de la Plaza de la Rebeca y el Parque de la Mariposa) y el enorme potencial económico, es un espacio marcado por los contrastes y una enorme problemática social, producto del caos y el choque entre el comercio mayorista y el informal.
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Por eso, a lo largo de la historia han surgido varias iniciativas, tanto de la Alcaldía local de Santa Fe como del Distrito, para tratar de organizar el comercio, balancear la simetría entre los vendedores formales e informales y el espacio público. Pero basta caminar unas cuantas cuadras, en esta época de fin de año, para percatarse de que ninguna solución ha sido efectiva para poner fin al caos.
Y es acá donde se exhibe una carta sobre la mesa: un ambicioso proyecto para levantar un centro comercial que revitalice y ordene este importante paraje comercial. Se trata del Centro Internacional de Comercio Mayorista de San Victorino, uno de los proyectos de renovación urbana más accidentados de la ciudad, desde que se formuló hace 16 años.
La historia de este proyecto, como casi todas las propuestas de renovación urbana en la ciudad, no ha avanzado en línea recta, sino, más bien, a trompicones, mediante una sucesión de anuncios, pausas, liquidaciones, estafas, reformulaciones y denuncias, como la que cursa ahora, que surge ocho meses después de un nuevo intento de licitación.
Caerse y volver a levantarse
Desde 2009, el Distrito planteó la construcción de un gran complejo comercial que reorganizara el comercio mayorista, liberara espacio público y transformara urbanísticamente el sector. El diagnóstico estaba claro: San Victorino necesitaba intervención. Lo que nunca estuvo claro fue cómo hacerla o, al menos, cómo conseguir los socios para concretar las obras.
En los primeros intentos se firmaron contratos, que luego tuvieron que liquidar, y estudios que no resistieron el paso del tiempo ni los cambios de mercado. Y cuando los pliegos de condiciones para la licitación parecían en orden, se encendían alarmas sobre desequilibrios financieros, que espantaron a los pocos inversionistas interesados, llevando el proceso al fracaso. De hecho, revisando la hemeroteca de la época, diversos sectores políticos de la capital alertaron sobre posibles pérdidas millonarias para el Distrito si no se destrababa el proyecto.
Mientras tanto, el caos y el desorden, en medio de tantos fracasos, dieron pie a fenómenos más graves. En 2015, por ejemplo, en medio de la expectativa por el proyecto, personas inescrupulosas se hicieron pasar por intermediarios oficiales y cobraron dinero a los comerciantes por supuestos espacios en un centro comercial inexistente. Con la sombra de la estafa y la preocupación de los comerciantes que ocupan el predio en donde se planea la obra, el balance fue demoledor. Al punto de que, en un debate de control político, en el Concejo de Bogotá, se solicitó detener la implementación de la Resolución 366 del 10 de abril de 2015, mediante la cual se intentó revivir el proyecto. Ya sin soporte jurídico y con pocos entusiastas en su puesta en marcha, la idea de construir el centro comercial quedó sepultada en el olvido y la infamia.
RenoBo y la promesa de hacerlo distinto
Con la creación de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y su rol de operador urbano de la ciudad, el proyecto volvió a la agenda distrital, con una narrativa renovada. Se aprovecharían los aprendizajes de errores pasados para hacer todo diferente y conseguir, por fin, dar luz verde a las obras.
Según la entidad, el nuevo proceso de licitación se estructuró a partir del análisis de nueve intentos previos, con ajustes en las bases financieras, la distribución de riesgos y el modelo fiduciario. En esta línea, el esquema actual propone la cesión onerosa del 100 % de los derechos fiduciarios del fideicomiso San Victorino a un inversionista privado, que asumiría la planificación, financiación, construcción y ejecución del proyecto por su cuenta y riesgo.
En teoría, el Distrito reduce la exposición financiera y traslada el riesgo al privado. No obstante, estas nuevas condiciones, ocho meses después del nuevo intento de licitación, dos situaciones tienen en vilo el proceso: que solo se presentó un consorcio interesado y surgieron denuncias por aparentes irregularidades, que ameritan revisión.
Nuevas denuncias
El punto que detonó la nueva controversia —un solo proponente para la licitación— se configuró como una señal de alerta, al ser un proyecto de alto valor y enorme impacto urbano. Sin embargo, RenoBo rechaza cualquier atisbo de irregularidad en medio de esta nueva coyuntura. En efecto, la entidad reconoce que al cierre del proceso licitatorio se presentó un único proponente, pero, aclara, que ese oferente ni siquiera está habilitado, pues el proceso sigue en etapa de verificación. Más allá de eso, RenoBo insiste en que la presencia de un solo proponente no constituye, por sí misma, una irregularidad.
El argumento es jurídico y técnico. El operador urbano explicó a este diario que la ley no garantiza pluralidad de ofertas, sino la posibilidad real de concurrencia. Es decir, si el proceso fue abierto, público y sin barreras artificiales, la libre concurrencia se cumple, incluso si al final solo uno decide presentar propuesta.
Por otro lado, en ese contexto de denuncia, el concejal José Cuesta reclamó por presuntas presiones al gerente de RenoBo, Luis Carlos Reyes, para acelerar la adjudicación y cerrar el proceso antes de terminar el año. De igual forma, el cabildante hizo cuestionamientos del modelo financiero, alertas sobre la concurrencia real del proceso y solicitudes de intervención de organismos de control.
Frente a los cuestionamientos, RenoBo negó tajantemente cualquier tipo de presión y resaltó su defensa por la legalidad y transparencia del proceso. En este sentido, asegura que los requisitos habilitantes y factores de evaluación fueron definidos con base en análisis del sector, anexos técnicos y condiciones reales del mercado, sin exigencias artificiales o excluyentes.
Desde RenoBo agregan que el proceso estuvo abierto a observaciones durante 78 días calendario; que todas fueron evaluadas y respondidas de manera motivada, y que varias derivaron en ajustes documentados, como la ampliación de las formas de acreditar disponibilidad de fondos. De ahí que, con respecto al proceso de formulación financiera, la entidad sostenga que el modelo financiero se ajustó con base en lecciones aprendidas de nueve procesos anteriores fallidos y revisado por expertos externos.
Pero la sombra del fracaso no desaparece. RenoBo reconoce que, al tratarse de una etapa precontractual, el proceso podría suspenderse, terminarse anticipadamente o declararse desierto si se encuentran irregularidades relevantes, siempre que exista motivación suficiente y se respeten las garantías del debido proceso. Con la denuncia sobre la mesa y la respuesta institucional ya pública, el proyecto de San Victorino entra, una vez más, en una zona de definición.
La historia muestra que no basta con cumplir la ley, ya que este proyecto necesita recuperar confianza, cerrar brechas con el territorio y romper un ciclo de fracasos que se ha repetido durante años. Mientras tanto, los problemas de siempre continúan en San Victorino, a la espera de que una solución inmobiliaria como la del gran centro comercial, u otra de carácter más social a partir del diálogo y la gestión pública, corrijan algo del caos y el desorden que impera en la zona y garantice oportunidades por igual a todos los interesados en comerciar en sus calles.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
