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El aprovechamiento de aguas subterráneas ha ocupado un espectro importante en el debate sobre la crisis de abastecimiento hídrico en la ciudad. Mientras las autoridades ambientales hacen estudios para ver la disposición real de este recurso oculto, hay empresas de toda índole que aprovechan desde tiempo atrás este recurso a través de concesión y, en algunas ocasiones, a través de posos construidos de manera irregular.
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Tal fue el caso de una embotelladora ubicada en el municipio de la Mesa, en Cundinamarca, en cuyas instalaciones fue hallado un poso de captación de agua subterráneo de unos 200 metros de profundidad. Funcionarios de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) fueron alertados de esta actividad gracias a una denuncia anónima realizada en los últimos días. Luego, al verificar que la empresa no contaba con autorización para realizar este procedimiento, realizaron una visita sorpresa a las instalaciones.
Durante la inspección, los funcionarios de la autoridad ambiental también encontraron tres tanques con una capacidad de 2.000 litros cada uno, los cuales, aparentemente, estarían destinados para el almacenamiento del agua extraída. Asimismo, en la visita se descubrió un equipo de bombeo que no se encontraba en funcionamiento durante la visita, pero a través del cual se estaría sacando el agua.
“Como autoridad ambiental impusimos la medida de suspensión de la actividad de captación mientras avanzamos en los detalles del informe técnico que nos permita establecer si estas conductas dan lugar a nuevas sanciones” afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.
El funcionario explicó que al momento de la diligencia se pudo establecer de manera preliminar que en este punto se estarían extrayendo cerca de 6 mil litros, al menos 3 veces por mes, lo que representa un promedio de 18 mil litros mensuales extraídos de manera ilegal. El agua extraída era almacenada en tanques con capacidad para 2 mil litros cada uno, para su posterior embotellamiento y venta.
Concesiones de agua en Bogotá
Carlos Fernando Galán anunció el año pasado que hay 64 concesiones activas para sustraer agua subterránea en Bogotá. De esas, una fue aprobada durante los primeros 9 meses de su gobierno.
Pero, además, el alcalde dijo que esta fracción de agua representa menos del 1% del total que consume la ciudad y, asimismo, Galán aclaró que este tipo de agua no es acta para el consumo humano, por lo cual el privado que la sustrae debe asumir el costo de su tratamiento y posterior potabilización.
En ese orden de ideas, el Galán aclaró que estas concesiones permiten un tope máximo de extracción de 15.000 m³, de los cuales, en promedio, las empresas extraen alrededor de 6.000 m³, y con una tasa cercana a los $70 por metro cúbico. Si bien, dicho valor lo pagan las empresas por el acceso a agua no potable, el alcalde dijo que estas tarifas le resultan “un poco bajas”.
“Desde el Distrito creemos que el valor que se paga por estas concesiones es demasiado bajo. Por esto, hemos presentado una solicitud al Ministerio de Ambiente para que revise los montos”, apostilló Carlos Fernando Galán. Sobre este punto, vale la pena resaltar, que el alcalde hace referencia al decreto 1155 de 2017, emitido por el Ministerio del Interior, mediante el cual se establecen las tarifas de cobro para este tipo de aguas.
¿Un tesoro menoscabado?
Antes de hacer cuentas alegres con el potencial de las aguas hídricas, es menester localizar los suelos en donde están almacenadas y tener un cuerpo jurídico sólido para regular su explotación. En ambas materias, lamentablemente, todavía estamos crudos. De acuerdo con el experto consultado por este diario, los estudios necesarios para localizar acuíferos, tanto en la sabana como el país, se encuentran bastante desactualizados. En primer lugar, como en casi cualquier cuestión pública, se encuentra la voluntad política. Aunado a lo anterior, el coste económico de adelantar una cruzada exploratoria para localizar pozos de agua es elevado.
Se debe contar con un equipo de científicos especializado, que debe efectuar una investigación cartográfica densa y enrevesada para dar con los puntos en donde, probablemente, residan los acuíferos. “Además, los profesionales necesitan utilizar medios técnicos que pueden ser un poquito costosos. Por ejemplo, necesitan hacer una cosa que se llama geofísica, para saber lo que hay debajo de la superficie, y luego instalar pozos de monitoreo para ir analizando las muestras del suelo en la roca. En resumen, los estudios no son nada baratos”.
Respecto al marco normativo, Romero cita algunas expresiones jurídicas que, sin embargo, son todavía de alcance limitado. “En 2015, Minambiente reguló los objetivos del Ideam, dentro de los cuales se encuentran: obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre la hidrología y la hidrogeología en el país. Además, existen leyes y decretos para definir un estándar apropiado de calidad del agua para diferentes usos y también para ayudar en la conservación de los recursos hídricos”. Sin embargo, lo anterior ha resultado insuficiente para detener la proliferación de pozos de agua, tanto en el país, como en la sabana.
Hasta el momento, las autoridades tienen localizados 9.000 pozos de agua en el territorio nacional, una cifra que se quedaría corta respecto al número de excavaciones irregulares para extraer el agua de los acuíferos, según el experto. Para el caso de la Sabana de Bogotá, la mayoría del recurso hídrico explotado, bajo el umbral de lo legal, ha sido para fines industriales y floricultura. De tal manera, que para aprovechar este recurso, al menos para el consumo humano, que es la necesidad a satisfacer actualmente, todavía hace falta estudiar más el tema.
Asimismo, el fantasma de la ilegalidad podría estar mermando, e incluso contaminando, este preciado bien subterráneo. Durante un proceso de extracción que no cumple con los estándares requeridos, se puede incurrir en la contaminación del acuífero mediante la introducción de cuerpos ajenos a la bóveda subterránea.
De igual forma, tal y como ocurre con cualquier frente de explotación ilegal sobre un recurso, los pozos piratas suelen extraer más agua de la que el acuífero es capaz de reponer, lo cual pone en riesgo su disponibilidad. Al no seguir los parámetros ambientales que se estipulan, por ejemplo, en una licencia ambiental, quienes se abastecen de este cristalino lecho de agua lo menoscaban sin ningún tipo de control.
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Por Redacción Bogotá
