La primera vuelta presidencial dejó algo más que resultados electorales y debate en Bogotá. La Defensoría del Espacio Público identificó a 65 candidatos de más de 20 partidos políticos que habrían incumplido las normas sobre publicidad electoral al instalar afiches, pendones, pancartas y otros elementos en lugares donde estaba prohibido hacerlo. De acuerdo con la entidad, la información ya fue enviada a la Secretaría Distrital de Ambiente para que adelante los respectivos procesos sancionatorios.
La decisión se produce tras varios meses de operativos realizados en distintas localidades de la ciudad, donde funcionarios del Distrito retiraron miles de elementos de propaganda instalados en postes, luminarias, puentes peatonales, paraderos de transporte público, cajas de energía, monumentos, fachadas patrimoniales y otros bienes de uso público.
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Más de 3.000 elementos fueron retirados
Según el balance entregado por la Defensoría del Espacio Público, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 fueron retirados más de 3.000 elementos publicitarios que incumplían la normatividad vigente y generaban contaminación visual en diferentes sectores de Bogotá.
Las jornadas hicieron parte de una estrategia articulada, mediante la cual los denominados Defensores del Espacio Público recorrieron diferentes localidades, identificando y desmontando publicidad política instalada de manera irregular.
Entre los elementos retirados se encontraban afiches, pendones, pancartas y stickers adheridos a infraestructura urbana que no está autorizada para fines de propaganda electoral.
La Secretaría de Ambiente definirá las sanciones
La Defensoría explicó que durante los operativos se recopilaron registros fotográficos, ubicación de los elementos, fechas de instalación y demás evidencias que permitieron identificar a los responsables.
Todo ese material fue remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente, entidad que tiene la competencia para adelantar las investigaciones y definir si procede la imposición de sanciones.
De acuerdo con la información oficial, la multa por instalar publicidad indebida en mobiliario público asciende actualmente a COP 466.908 por infracción.
Sin embargo, el valor final de las sanciones dependerá de los hallazgos que arrojen los procesos administrativos y de las circunstancias particulares de cada caso.
“Los postes no son vallas publicitarias”
La directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas Ubaté, aseguró que las campañas políticas deben respetar las normas urbanas y asumir responsabilidad por los impactos que generan en la ciudad.
“La publicidad política no puede convertirse en una excusa para contaminar el espacio público. Los postes, paraderos, monumentos, puentes y fachadas no son vallas publicitarias”, señaló la funcionaria durante la presentación del balance.
La entidad también hizo un llamado a los candidatos y organizaciones políticas para que participen en jornadas de limpieza y recuperación de los espacios utilizados durante la campaña electoral.
Un problema recurrente
La instalación de propaganda política en lugares prohibidos es una situación que suele repetirse durante procesos electorales en Bogotá. Aunque existen reglas específicas sobre los espacios habilitados para publicidad electoral, cada campaña deja miles de piezas instaladas en mobiliario urbano, árboles, postes, puentes y fachadas.
Las autoridades distritales han advertido que, además del impacto visual, estos elementos generan residuos adicionales, afectan el paisaje urbano y aumentan los costos de limpieza y recuperación del espacio público.
Por esa razón, la ciudad mantiene operativos permanentes durante los periodos electorales para identificar infracciones y retirar material instalado de manera irregular.
Lo que viene después de las elecciones
Concluida la primera vuelta presidencial, el Distrito anunció que continuará desarrollando actividades de inspección, control, pedagogía y recuperación del espacio público en distintas localidades.
La meta es retirar los elementos que aún permanecen en calles y corredores urbanos y garantizar que los espacios públicos recuperen las condiciones previas al inicio de la campaña electoral.
Mientras tanto, la Secretaría de Ambiente deberá revisar la información entregada por la Defensoría y determinar cuáles de los candidatos y partidos identificados deberán responder por las presuntas infracciones detectadas durante los últimos nueve meses.
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Por Redacción Bogotá
