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La vigilancia ambiental volvió a ocupar un lugar central en la agenda de control del Distrito durante 2025. En un contexto marcado por la presión sobre los recursos naturales, los conflictos urbanos asociados al ruido, la deficiencia en la recolección de residuos y la calidad del aire, la Secretaría de Ambiente dio parte de su labor sancionatoria durante este año que termina: se iniciaron 2.430 procesos administrativos y culminó 304 de ellos con sanciones económicas que suman COP 1.569 millones
Las investigaciones estuvieron relacionadas, en su mayoría, con vertimientos irregulares, manejo inadecuado de residuos, afectaciones por publicidad exterior visual, incumplimientos en materia de ruido y calidad del aire, así como impactos sobre áreas protegidas y sobre la flora y fauna silvestre. Si bien se evidencia un mayor control, se hace notable la dificultad para mitigar las infracciones que han deteriorado durante décadas la salud ambiental de la ciudad.
Las localidades que concentran la mayoría de casos
Según la Secretaría de Ambiente, las localidades con mayor número de investigaciones iniciadas fueron Kennedy, Fontibón, Suba, Usme, Puente Aranda y Barrios Unidos. En conjunto, estas seis zonas concentraron 1.371 procesos, lo que equivale al 56,5 % del total registrado en el año, un indicador que vuelve a poner sobre la mesa las brechas territoriales en materia de control y cultura ambiental.
Además de las sanciones económicas, la autoridad ambiental impuso 32 medidas preventivas, entre decomisos y suspensiones de actividades, dirigidas principalmente a establecimientos de comercio y obras que incumplían normas básicas. Entre las causas más frecuentes estuvieron el manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, la ejecución de obras sin registro ante la autoridad ambiental, la ausencia de sistemas de mitigación de ruido, la tenencia irregular y el tráfico de flora y fauna silvestre y la disposición inadecuada de aguas residuales.
La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, defendió el alcance de las actuaciones adelantadas por la entidad y subrayó su impacto más allá de la recolección económica “La protección del agua, de nuestros suelos y de nuestra biodiversidad es clave para fortalecer la resiliencia climática de la ciudad. Por eso, la Secretaría de Ambiente de Bogotá trabaja de manera rigurosa por el cumplimiento de la normativa ambiental”, afirmó.
Ruido
Uno de los frentes que concentró mayor atención durante el año fue el control del exceso de ruido, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley Antiruido en marzo de 2025. A partir de esta normativa, la Secretaría de Ambiente adoptó nuevos lineamientos para el control del ruido generado por establecimientos comerciales y eventos en escenarios artísticos de alta complejidad.
Daniel Páez Delgado, director de Procesos Sancionatorios de la entidad, explicó que el enfoque se amplió más allá de las mediciones tradicionales. “Fortalecimos las actividades de control de ruido ambiental, adicionando a la medición de laboratorio la verificación de los sistemas de control de ruido”. Entre los requisitos exigidos se encuentran la orientación adecuada de los amplificadores hacia el interior de los establecimientos y la instalación de contrapuertas o barreras físicas para evitar que el sonido se propague hacia el exterior.
El incumplimiento de estas condiciones permite a la autoridad ambiental imponer suspensiones inmediatas. Durante 2025, ocho establecimientos de comercio fueron cerrados de manera preventiva en Chapinero y Usaquén. Cinco de ellos retomaron operaciones tras implementar las medidas correctivas exigidas por la normativa vigente.
Aunque desde el Distrito se destaca el fortalecimiento de las acciones de control, las cifras también reflejan la persistencia de prácticas que están íntimamente relacionadas con herencias socioculturales como el arrojo de basura a cuerpos de agua, la disposición de aceites en las alcantarillas, o el irrespeto por la fauna o la flora de ecosistemas de páramo o humedales. En una ciudad que enfrenta crecientes tensiones ambientales, el desafío no parece ser solo sancionar más, sino lograr que el cumplimiento deje de ser la excepción. Esa es uno de los desafíos de la cartera en 2026.
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Por Redacción Bogotá
