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Olga Gutiérrez vive con su familia en una casa del sector conocido como Santa Marta. Es un asentamiento informal en las laderas de Ciudad Bolívar, arriba de barrios como Los Alpes, El Recuerdo y Vista Hermosa, en el extremo sur de la capital. Allí llegaron hace cuatro años Olga, su esposo y sus tres hijos huyendo de la violencia. En la zona, que hace parte de las 23.437 ocupaciones ilegales identificadas por el Distrito, la principal característica es la precariedad de las viviendas y la intermitencia o ausencia de servicios básicos. Algo complicado, en especial para esta crisis sanitaria, pues las principales recomendaciones son permanecer en casa el mayor tiempo posible y lavarse con frecuencia las manos.
Gutiérrez relata que para acceder al agua los vecinos replicaron un modelo que gestionan las comunidades en estos territorios. En su caso, es un sistema conectado a las tuberías del acueducto del barrio El Recuerdo. “El agua nos llega por mangueras. Algunos días hay suministro las 24 horas, hay otros en los que no. Cuando llega aprovecho y almaceno en un tanque, del que sacamos para cocinar y otras cosas”. Agregó que a estas alturas del confinamiento no han recibido ayudas, pero que no la sorprende pues, como apuntó, “no nos cuidaron antes de la pandemia, menos ahora. Servicios y ayudas son algo que nunca hemos tenido”.
A unos 17 kilómetros, al oriente de allí, se encuentra La Cecilia, un barrio empotrado en los cerros de la localidad de San Cristóbal, donde la preocupación es por el valor de los servicios públicos el último mes. Recibos con un valor desbordado frente a lo que pagaban antes de la emergencia. Francelias Lancheros, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, aseguró que “hay recibos, sobre todo el de luz, que duplicaron su valor habitual. Hogares que pagaban $35.000, el recibo llegó por $80.000. Es tenaz, y más en esta situación, porque muchos sin trabajar ahora tienen que buscar para pagar el doble”.
Ambos casos son reflejo de otro complejo desafío que tiene la Alcaldía en la pandemia: garantizar los servicios básicos en los hogares que más lo necesitan en una época en la que, como evidencian las protestas en la ciudad, son muchas las familias que no tienen cómo sobrellevar la crisis. Muchas más de las que estipuló en un principio el Distrito, cuando junto a las empresas de servicios públicos garantizaron que todos los capitalinos tendrían lo necesario para estar en casa. Pero no está pasando.
El asentamiento que habita Olga está entre las 13.967 ocupaciones informales consolidadas que conoce la Secretaría de Hábitat, a las que se suman 1.454 en proceso de legalización y 8.106 provisionales, para un total de casi 23.437 ocupaciones ilegales. En total, estos barrios ocupan 4.357 hectáreas de 15 localidades, con mayor concentración en Ciudad Bolívar (10.625), Usme (2.775) y Bosa (2.652).
En la localidad con mayor número de ocupaciones ilegales son varias las preocupaciones. Christian Robayo, edil de Ciudad Bolívar, manifestó que “el problema de vivienda informal hace que el autocuidado sea difícil de cumplir, al no tener acceso total a servicios básicos. Hay sectores donde el agua llega por momentos y de ahí se puede explicar que al principio la localidad estaba en el décimo lugar y ahora es la sexta en contagios”.
“Hay otros problemas: el hacinamiento en las viviendas informales, que genera mayor riesgo. No hay vivienda digna y en un mismo cuarto pueden dormir hasta seis personas. Tampoco hay bases de datos para tomar decisiones. Se está atendiendo sobre el camino y había muchos supuestos que no coincidían con la realidad de los más vulnerables”, agregó.
¿Qué han hecho y qué mejorar?
En los barrios no legalizados el Distrito reconoce y, de cierta forma, apoya la autogestión de las comunidades. Según la Empresa de Acueducto (EAAB), a los ciudadanos que se asientan en territorios sin infraestructura para llevar agua a los hogares se les permite tomar el líquido de ciertos puntos de las tuberías. “Garantizamos la presión y calidad del agua, pero de la distribución se encargan las comunidades. Ellos construyen sus redes, las mantienen y se les cobra un promedio de lo suministrado”, explicó el área técnica de la entidad.
De acuerdo con la EAAB, este sistema es usado por unos 38.000 usuarios (20.000 en Bogotá y 18.000 en Soacha). Además de este método, la empresa tiene puntos para que particulares paguen por agua y puedan usar el servicio.
Por su parte, la secretaria de Hábitat, Nadya Milena Rangel, destacó la decisión de no suspender los servicios en la emergencia y los descuentos en los recibos, que se reflejarán en la próxima factura. “Muchos hogares han perdido sus ingresos y no tienen cómo pagar. Por eso diseñamos un alivio para que los estratos del 1 al 4 (más de 2 millones de hogares) tengan descuento del 10 % en luz y aseo, y de $15.000 bimensuales en el agua”.
La funcionaria añadió que, más allá de barrios ilegales o no, siguen atendiendo a las familias más vulnerables. “Seguimos yendo a los territorios más frágiles donde hay asentamientos de origen informal, entregando mercados y ayudas para su sostenimiento”. A la par, mantienen las labores de monitoreo de barrios informales, con visitas a las áreas identificadas como susceptibles a ocuparse de forma irregular.
Pero para garantizar el acceso a saneamiento básico todavía queda mucho por hacer. El urbanista Hernando Carvajalino, profesor de arquitectura de las universidades Católica y Javeriana, explicó que “el mayor problema es la evacuación de las aguas, porque no hay alcantarillado ni sistema para aguas negras. Esto implica que otros espacios se conviertan en focos de contaminación. La falta de acceso al agua es grave, pero es mucho peor enviar las aguas residuales a arroyos y otras fuentes hídricas”. Carvajalino hizo un llamado para atender el déficit cualitativo con la misma importancia que el tema cuantitativo. “Siempre se prioriza el número de viviendas nuevas, pero jamás de la mejora de barrios”.
Por último, Doris Tarchopulus, directora de la maestría de Planeación Urbana de la U. Javeriana, destacó que si bien “desde los años 80, Bogotá hace lo mejor que puede con lo que tiene, independiente del partido, se ha trabajado bien en la atención de estos barrios. Ahora hay problemas que antes no veíamos. Por ello se propuso contemplar un plan de emergencia para dotación de agua, recolección de basura y hasta cultura ciudadana”.
Por estos días, en los que miles de bogotanos luchan por llevar un plato de comida a su mesa, sigue siendo imperiosa la tarea de garantizarles a los más vulnerables las condiciones para que puedan afrontar la crisis. En esta línea, el Plan de Desarrollo que elaboró el Distrito plantea cambios en las inversiones para minimizar la crisis.
Por Felipe García Altamar (fgarcia@elespectador.com)
