Santos y su confirmación de la destitución de Petro

El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que el Gobierno no acogió la solicitud de medidas cautelares planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de suspender los efectos del fallo de destitución del alcalde Gustavo Petro ordenada por la Procuraduría, y dispuso hacer cumplir la decisión. Al mismo tiempo, designó al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado.

En una corta alocución televisada, el presidente Santos manifestó que el alcalde Petro tuvo todas las posibilidades jurídicas para defenderse en el derecho interno. En particular, el primer mandatario recalcó que en defensa del alcalde se interpusieron más de 300 tutelas que se tuvieron que resolver en las cortes colombianas. En otras palabras, indicó Santos, la justicia en el caso Petro actuó de manera “transparente, eficaz y oportuna”.
Además señaló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que Colombia siempre ha respaldado, opera de manera complementaria o alternativa frente al derecho interno. Es decir, explicó el presidente, sólo puede proceder en el momento en que se constituya una falla clara en el sistema interno de justicia. En criterio de la Casa de Nariño, este no es el caso de Gustavo Petro.

Santos puntualizó que su deber ahora es proceder de conformidad con la Constitución y con la ley, y que por la urgencia de no continuar con la incertidumbre que ha rodeado a Bogotá desde la destitución de Petro, el pasado diciembre, designó como alcalde encargado al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien ayer mismo asumió funciones.

Tras conocerse el anuncio del primer mandatario, Rafael Pardo manifestó: “Este es un encargo coyuntural, yo sigo siendo ministro de Trabajo”. Y agregó que el programa elegido por los bogotanos fue el plan ‘Bogotá Humana’, el cual respetará y lo seguirá ejecutando mientras esté en el cargo. El nombre de Pardo ya había sido ventilado como el inminente reemplazo de Gustavo Petro, e incluso fue una propuesta que en su momento conocieron los petristas.

A su vez, la canciller María Ángela Holguín recalcó que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos la palabra acatamiento no existe. Es decir, las medidas cautelares solicitadas por este organismo no son obligatorias. En tal sentido, expresó que la CIDH, tal como lo indicó el presidente Santos, es subsidiaria de la justicia colombiana, que en el caso de Gustavo Petro ya ha tomado suficientes decisiones en tres meses.

El abogado Rafael Barrios, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y parte del equipo de defensores de Petro, expresó que se va a realizar una nueva ‘tutelatón’, esta vez contra la decisión del presidente Juan Manuel Santos, de respaldar la destitución del alcalde. El argumento central de Barrios es que se está desconociendo el mandato del Sistema Interamericano, que rige en Colombia desde 1969, como lo ha admitido más de una vez la Corte Constitucional.

La decisión del presidente Santos ineludiblemente va a tener efectos políticos a corto plazo. Como lo había dicho Petro en el balcón del Palacio Liévano, por lo pronto puede convertirse en el principal promotor del voto en blanco para las elecciones presidenciales 2014-2018. Ayer mismo Petro movilizó a sus seguidores, con el argumento de constituirse en el líder para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que cree nuevas instituciones.

En una larga intervención en el balcón del Palacio Liévano, el saliente alcalde Petro calificó lo sucedido como un golpe de Estado contra la ‘Bogotá Humana’, y aseguró que el presidente Santos se había comprometido a respetar las medidas cautelares en caso de que la CIDH las solicitara a su favor. En tal sentido se fue lanza en ristre contra el presidente Santos, a quien acusó de comenzar a destruir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En su discurso llamó “impostor” al alcalde encargado por el presidente Santos, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Además, recalcó que ni siquiera Uribe se atrevió a desconocer una medida cautelar de la Comisión Interamericana. Petro aseveró que lo hizo Santos por un cálculo electoral, dejando entrever que fue por ganar el voto del conservatismo. “El voto en Colombia no sirve”, insistió una y otra vez, al tiempo que anunció que empezará una gira por Colombia para promover una constituyente.

Inicialmente señaló que estará en la plaza de La Paz, en Barranquilla, y que además viajará a La Habana y a Washington, para después instalarse en los barrios del sur de Bogotá, desde donde promoverá la movilización por la constituyente. En su criterio, se trata de construir la dirigencia y la generación de la paz, con el concurso de las organizaciones de base, indígenas y campesinos, para que los “comités ciudadanos por la constituyente” puedan crean un nuevo orden legal para Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que el Gobierno no acogió la solicitud de medidas cautelares planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de suspender los efectos del fallo de destitución del alcalde Gustavo Petro ordenada por la Procuraduría, y dispuso hacer cumplir la decisión. Al mismo tiempo, designó al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado.

En una corta alocución televisada, el presidente Santos manifestó que el alcalde Petro tuvo todas las posibilidades jurídicas para defenderse en el derecho interno. En particular, el primer mandatario recalcó que en defensa del alcalde se interpusieron más de 300 tutelas que se tuvieron que resolver en las cortes colombianas. En otras palabras, indicó Santos, la justicia en el caso Petro actuó de manera “transparente, eficaz y oportuna”.
Además señaló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que Colombia siempre ha respaldado, opera de manera complementaria o alternativa frente al derecho interno. Es decir, explicó el presidente, sólo puede proceder en el momento en que se constituya una falla clara en el sistema interno de justicia. En criterio de la Casa de Nariño, este no es el caso de Gustavo Petro.

Santos puntualizó que su deber ahora es proceder de conformidad con la Constitución y con la ley, y que por la urgencia de no continuar con la incertidumbre que ha rodeado a Bogotá desde la destitución de Petro, el pasado diciembre, designó como alcalde encargado al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien ayer mismo asumió funciones.

Tras conocerse el anuncio del primer mandatario, Rafael Pardo manifestó: “Este es un encargo coyuntural, yo sigo siendo ministro de Trabajo”. Y agregó que el programa elegido por los bogotanos fue el plan ‘Bogotá Humana’, el cual respetará y lo seguirá ejecutando mientras esté en el cargo. El nombre de Pardo ya había sido ventilado como el inminente reemplazo de Gustavo Petro, e incluso fue una propuesta que en su momento conocieron los petristas.

A su vez, la canciller María Ángela Holguín recalcó que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos la palabra acatamiento no existe. Es decir, las medidas cautelares solicitadas por este organismo no son obligatorias. En tal sentido, expresó que la CIDH, tal como lo indicó el presidente Santos, es subsidiaria de la justicia colombiana, que en el caso de Gustavo Petro ya ha tomado suficientes decisiones en tres meses.

El abogado Rafael Barrios, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y parte del equipo de defensores de Petro, expresó que se va a realizar una nueva ‘tutelatón’, esta vez contra la decisión del presidente Juan Manuel Santos, de respaldar la destitución del alcalde. El argumento central de Barrios es que se está desconociendo el mandato del Sistema Interamericano, que rige en Colombia desde 1969, como lo ha admitido más de una vez la Corte Constitucional.

La decisión del presidente Santos ineludiblemente va a tener efectos políticos a corto plazo. Como lo había dicho Petro en el balcón del Palacio Liévano, por lo pronto puede convertirse en el principal promotor del voto en blanco para las elecciones presidenciales 2014-2018. Ayer mismo Petro movilizó a sus seguidores, con el argumento de constituirse en el líder para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que cree nuevas instituciones.

En una larga intervención en el balcón del Palacio Liévano, el saliente alcalde Petro calificó lo sucedido como un golpe de Estado contra la ‘Bogotá Humana’, y aseguró que el presidente Santos se había comprometido a respetar las medidas cautelares en caso de que la CIDH las solicitara a su favor. En tal sentido se fue lanza en ristre contra el presidente Santos, a quien acusó de comenzar a destruir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En su discurso llamó “impostor” al alcalde encargado por el presidente Santos, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Además, recalcó que ni siquiera Uribe se atrevió a desconocer una medida cautelar de la Comisión Interamericana. Petro aseveró que lo hizo Santos por un cálculo electoral, dejando entrever que fue por ganar el voto del conservatismo. “El voto en Colombia no sirve”, insistió una y otra vez, al tiempo que anunció que empezará una gira por Colombia para promover una constituyente.

Inicialmente señaló que estará en la plaza de La Paz, en Barranquilla, y que además viajará a La Habana y a Washington, para después instalarse en los barrios del sur de Bogotá, desde donde promoverá la movilización por la constituyente. En su criterio, se trata de construir la dirigencia y la generación de la paz, con el concurso de las organizaciones de base, indígenas y campesinos, para que los “comités ciudadanos por la constituyente” puedan crean un nuevo orden legal para Colombia.