La orden del Tribunal Superior de Cundinamarca al Distrito para que restablezca el uso de las bahías de parqueo en la ciudad, genéró una polémica entre la Alcaldía, el Concejo y los usuarios, al tiempo que más de 700 de estos espacios deben estar habilitados para el fin de esta semana tras nueve años de prohibición por parte de la administración.
La razón detrás de la medida es que las bahías sean utilizadas, primordialmente, por personas con alguna discapacidad y sólo por un tiempo reducido. Según el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, las bahías sólo podrán ser usadas 10 minutos por persona, como máximo. En una ciudad en la que el pie de fuerza de la Policía de Tránsito es insuficiente para controlar el tráfico, resulta optimista que el límite de tiempo estipulado por Álvarez se cumpla.
Según el concejal Ómar Mejía, autor del Acuerdo de 2007, que habilitó de nuevo las bahías para parqueo, es evidente que no puede haber un agente de Policía detrás de cada conductor, pero, en últimas, “todo depende del nivel de control de cada ciudadano”.
La concejal Gilma Jiménez asegura que la rehabilitación de las bahías es “otro de los tantos retrocesos graves en materia de construcción de igualdad porque es, básicamente, quitarle espacio al peatón para dárselo al carro”. Y añadió: “Al tener que controlar el tiempo de estadía están admitiendo que las bahías pueden convertirse en parqueaderos privados”.
Otra de las inquietudes que el tema ha levantado tiene que ver con la existencia de los bolardos, que fueron instalados en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, en medio de una agria polémica entre la administración y los comerciantes, quienes consideraron la medida como la muerte súbita de sus establecimientos. En su momento, en ciertos puntos de la ciudad, los bolardos fueron levantados a la fuerza por los mismos afectados. Al poco tiempo la administración los reinstaló. En otros casos estos elementos fueron removidos gracias a varias tutelas interpuestas por comerciantes, una vez más, dueños de viviendas y discapacitados.
Mejía afirma que en sectores como la carrera 15 la clausura de las bahías (realizada en buena parte a través de los bolardos) deprimió la economía de los locales comerciales instalados en esta zona. El cabildante sostiene que esta fue una de las razones que lo llevaron a impulsar el acuerdo: el detrimento en el comercio de la capital. Los negocios aún existen sobre la 15, al igual que los andenes para los peatones, que antes de la medida eran andenes para los carros.
La directora de control y vigilancia de la Secretaría, Ayda Lucy Ospina, afirmó que los bolardos que ahora deban ser removidos serán trasladados a otros puntos de la ciudad en donde se necesiten para hacer respetar el espacio público.
La funcionaria también explicó que para finales del próximo año estaría listo el sistema de cobro que se implementará en las bahías. En este momento, el Distrito adelanta un estudio para determinar cómo y en dónde se realizará. Mejía explicó que el acuerdo aprobado por el Concejo estipula que el parqueo en estos espacios es gratis. Esto, según el concejal, debido a que las bahías son de uso público y, en muchos casos, fueron construidas con recursos públicos.
Por El Espectador
