Hace exactamente 10 días, cuando el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 20 años al contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, una tormenta de marca mayor comenzó a caer sobre la Contraloría sin que hoy se vislumbre calma alguna en el interior del ente de control fiscal de la ciudad.
La razón: desde entonces, el organismo de 500 funcionarios se encuentra sin una cabeza que atienda y se responsabilice por los más de 400 procesos de responsabilidad fiscal que allí cursan, por alrededor de medio billón de pesos. No hay quién cuente con la competencia legal para liderar las 54 auditorías regulares y las ocho auditorías especiales que están programadas para adelantarse durante el primer semestre de este año. Nadie está autorizado ni siquiera para recibir o tramitar la renuncia de un empleado.
En un año en el que el Distrito estructura megalicitaciones que podrían sumar $10 billones (como la del metro, la del Sistema Integrado de Recaudo y Control de Información, la de Recolección, Barrido y Limpieza de Basuras y la de la modernización semafórica), el ente encargado de ejercer el control fiscal a estos recursos está acéfalo. La preocupación en distintos sectores capitalinos no es gratuita.
Esta semana, María Victoria Vargas, presidenta del Concejo (encargado de elegir al contralor de una terna enviada por los tribunales), intentó solucionar el asunto. Propuso en el punto 6º de la plenaria del pasado viernes la “consideración y aprobación de la posesión del contralor auxiliar Víctor Manuel Armella Velásquez” como contralor en interinidad, mientras los magistrados seleccionan los tres candidatos para que la corporación escoja por votación al reemplazo permanente de Moralesrussi, tarea en la que se tomarían, al menos, un mes. No tuvo éxito.
Buena parte de los concejales se alzaron en un candente debate en el que muchos cuestionaron el hecho de que Armella sea “del círculo cercano” de Miguel Ángel Moralesrussi. “Hay una cuestión de ética ahí”, sentenció Carlos Fernando Galán. “Sería como tener a Moralesrussi en cuerpo ajeno”, afirmó Antonio Sanguino.
Sanguino aseguró además que Armella podría tener abiertos procesos disciplinarios por una denuncia que él dio a conocer y que fue publicada en este diario el año pasado. Se trata de presuntos sobrecostos en el arriendo del edificio en el que funciona la Contraloría, en el norte de la ciudad. “Asimismo, por ese tema coadyuvé una acción popular. Ese proceso administrativo se encuentra en su etapa probatoria”.
Armella, presente en la plenaria, pidió el uso de la palabra y respondió enseguida: “Claro que tengo investigaciones. Esas son las heridas de guerra, después de haber firmado más de 800 contratos en la Contraloría”. Y es que Víctor Manuel Armella Velásquez era la mano derecha de Moralesrussi, al punto que este último le delegó la ordenación del gasto de la entidad.
Pero más allá de eso, algunos cabildantes aseguran que la competencia que les da la ley es para escoger un contralor permanente y no uno temporal, como lo sería Armella, y en ese sentido creen que no pueden participar de la votación propuesta por María Victoria Vargas. Por eso, sugieren que se envíe un mensaje de urgencia a los tribunales para que alisten pronto la terna.
Al decir de Carlos Vicente de Roux (y de muchos otros de sus colegas) hay un vacío jurídico que, por ahora, no hay cómo llenar. El reglamento del Concejo señala que ante la ausencia temporal del contralor debe asumir el cargo el segundo al mando. Pero la ausencia de Moralesrussi, como lo dejó en claro el procurador general, es definitiva.
¿Qué puede pasar? Si dentro de seis días el Concejo no ha sido capaz de tomar una decisión, será el alcalde Samuel Moreno quien elija al contralor temporal. Moralesrussi y el alcalde tienen en común estar mencionados dentro del escándalo por el llamado cartel de la contratación. No obstante, mientras el primero fue destituido, inhabilitado y recibirá imputación de cargos por parte de la Fiscalía, sobre el mandatario local no pesa ninguna acción judicial ni disciplinaria por el momento.
Aunque la situación actual de la Contraloría Distrital es inédita, no es la primera vez que un jefe del ente de control se ve en problemas. De hecho, el antecesor de Moralesrussi, Óscar González Arana, fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos durante 15 años, por incremento patrimonial injustificado. Al momento de la sanción, no obstante, ya había terminado su periodo.
Por los pasillos del Concejo, en voz baja, comentan sobre un posible agravante al hecho de que la Contraloría de Bogotá se encuentre acéfala: la ley de garantías electorales, que prohíbe a las entidades públicas celebrar contratos con el fin de evitar beneficios hacia alguno de los candidatos, que empezará a regir en junio próximo. “Cuanto más nos demoremos en elegir al contralor permanente, más oportunidad le daremos a un eventual temporal de amarrar la contratación en la entidad”, afirmó un concejal que prefirió que se omitiera su nombre, en clara alusión a Armella.
Al respecto, el vicecontralor asevera que su amistad con el destituido funcionario “no me inhabilita per se”. Y agrega: “No estoy aspirando al cargo, pero sí le pido al Concejo que tome una decisión por el bien de la entidad”.
Mañana se reunirán los voceros de las bancadas para debatir la cuestión. Se rumora, incluso, que en caso de que Armella no acepte la propuesta, se podría nombrar interino a otro directivo del ente de control. Amanecerá y veremos.
Por Laura Ardila Arrieta
