30 Sep 2021 - 2:00 a. m.

Se comienza a esclarecer el caso del policía señalado de acoso y abuso sexual en Soacha

Hace tres meses dos auxiliares de la Policía en Soacha denunciaron que fueron agredidas sexualmente por un intendente. El indiciado fue destituido e inhabilitado en primera instancia.
Un intendente de la Policía fue destituido, luego de que una subalterna lo denunció por acoso y abuso sexual. / Ilustración
Un intendente de la Policía fue destituido, luego de que una subalterna lo denunció por acoso y abuso sexual. / Ilustración

No habrá condena suficiente para sanar el dolor, ni llegará el día en el que se pueda olvidar lo que padeció una auxiliar de Policía, de 18 años, el pasado lunes 12 de julio. Ese día su superior, el intendente Walter Javier Martínez Melo, presuntamente la obligó a hacerle sexo oral en uno de los baños del Comando Central de la Policía de Cundinamarca, ubicado en el municipio de Soacha.

La víctima hoy prefiere no hablar al respecto, se encuentra aislada y con incapacidad médica. Incluso, por miedo, quiso desistir de la denuncia en contra del uniformado. No obstante, su mamá sacó el valor para impedir que reinara la impunidad y junto a su abogado ha sido la que ha estado al frente de todo el proceso, que avanza a paso lento, pero, aparentemente, seguro. Los frutos del valor de esta mujer parecen tener los primeros resultados.

Desde que se hizo público el caso, el pasado 26 de julio, la Policía Nacional emitió un comunicado a través del cual, además de rechazar lo sucedido, apartó a Martínez Melo del cargo, para dar paso a un proceso disciplinario a la par con el proceso penal. La investigación disciplinaria tardó dos meses y el pasado lunes, 27 de septiembre, el proceso por el presunto acoso y abuso sexual se empezó a aclarar.

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Las evidencias recaudadas por los investigadores prueban, por ahora, el delito de acoso sexual (no el de abuso, por el que también fue investigado). Debido a esto, el intendente fue destituido e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos. La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa del intendente, por lo que el proceso pasará a una instancia superior, en la que serán revisadas las pruebas para decidir si ratifican o revocan la sanción.

Sigue el proceso

Aunque la familia afectada (por ahora la única que le ha hecho frente a esta situación) piensa que la sanción es un avance mínimo, en comparación con todo el daño que causó el uniformado, pero al menos es un primer paso para evitar la impunidad, especialmente si se tiene en cuenta que el proceso no ha acabado. Según el expediente, otros dos uniformados también estarían siendo investigados por haber participado presuntamente en una acción coordinada por el destituido intendente. Aunque en la parte disciplinaria ambos salieron bien librados, sus nombres siguen apareciendo en las declaraciones en el proceso penal.

La joven relató en su momento que el intendente les habría ordenado a dos subalternos, días después del supuesto abuso, que le quitaran el celular, porque ahí reposaban audios y videos que evidenciaban las insinuaciones que él le hacía. “Ella tenía pruebas que demostraban que el intendente la abusó sexualmente, pero, cuenta mi hija, él mandó a dos compañeros para que le quitaran el celular. Efectivamente el celular de ella nunca apareció, porque se lo quedó ese señor. Este lo recuperaron a los pocos días, que pusimos la denuncia e iniciaron el proceso, pero este quedó en custodia de las autoridades y nosotros creemos que él borró todo”, agregó la mamá de la auxiliar.

El proceso penal

En cuanto al proceso penal, el exintendente Martínez se enfrenta a un señalamiento por el delito de acceso carnal violento ante la Fiscalía de Soacha, y que se encuentra en etapa de indagatoria. Según explicó el abogado de la víctima, se están investigando los hechos y a su vez tratando de recolectar las pruebas necesarias para que el caso prospere. “Conocimos que al parecer hay más víctimas por este tipo de actos, pero no quisieron denunciar por temor”, indicó el abogado defensor.

Según el Código Penal, el procesado, de ser declarado responsable, podría pagar una condena de hasta 20 años de prisión, pero, según el abogado penalista Juan José Castro, si se tiene en cuenta que el denunciado era funcionario público, se configuraría una circunstancia de agravación punitiva, con lo que la pena podría aumentar.

“En ese escenario las penas pueden aumentar de una tercera parte a la mitad. Cuando a uno le dicen eso, uno aplica la tercera parte de 12 años (que sería la pena mínima por el delito de acceso carnal violento), lo que nos daría cuatro años adicionales. Entonces con este agravante ya estaríamos hablado de una pena de 16 a 30 años, pero hay que tener claro que las penas máximas solo se aplican en determinados casos. Eso ya es parte de un análisis que hace el juez, dependiendo de las circunstancias de mayor punibilidad”, señaló.

Hoy, más allá de toda decisión que se pueda tomar en los tribunales, los sueños y el alma de la joven auxiliar de policía están quebrados. Desde el día en el que ella denunció a viva voz de lo que había sido víctima en las instalaciones de la Policía, junto con otra compañera quien también habría sido sometida a vejámenes similares, no ha vuelto a vestir su uniforme de auxiliar, el cual portaba con entusiasmo, pues su sueño era convertirse en patrullera de la Policía.

La joven lleva cerca de tres meses encerrada en su casa. Sale a lo estricto y entre esas labores está la de ir a Medicina Legal para renovar la incapacidad médica, que le permite ausentarse de la institución y ocultarse de las miradas que, sumadas con el recuerdo del presunto abuso, van en contra de toda posibilidad de recuperarse.

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