Se hunden operadores del SITP

Ninguno de los salvavidas que le lanzó la administración de Gustavo Petro, que incluyeron prórrogas y hasta un plan de salvamento, sirvieron para evitar el naufragio de Coobús y Egobus, empresas conformadas por pequeños propietarios del transporte público, que debían prestar el servicio zonal del SITP en los sectores de Fontibón, Perdomo y Suba Centro.

Después de casi tres años de procesos jurídicos, Transmilenio (ente gestor del sistema) declaró los incumplimientos de esos contratos porque los operadores no demostraron “su viabilidad financiera y técnica”.

En plata blanca, ninguna fue capaz de poner a circular los buses azules que se necesitaban para operar las rutas que les fueron asignadas. Así, prácticamente mueren las empresas que representaban la idea de la “democratización” del sistema, al integrar a los pequeños propietarios. Egobús reunía a 1.800 dueños, y Coobús, a 1.500, muchos de ellos apenas tenían un bus.

Para Mario Álvarez, exgerente de Coobús, la decisión causa nerviosismo y sorpresa porque en las empresas esperaban que se continuara con el plan de salvamento concertado en 2015. “Pueden venir demandas masivas contra el Distrito, porque la gente entró de buena fe al negocio, ganó la licitación y el Distrito no estuvo para apoyarlos a tiempo cuando hubo problemas”, señala.

Aunque esta es una decisión de primera instancia y los operadores presentaron recursos de reposición, la determinación parece no tener vuelta de hoja. Entonces, en el aire quedan un par de inquietudes esenciales, una de ellas la falta de claridad frente a quién va a asumir la operación de las rutas que les habían asignado a estas empresas, que representan el 30 % del SITP -1,5 millones de viajes diarios-. Entre las posibilidades está que las repartan entre los otros operadores del sistema o que se abra una nueva licitación.

Pero en Transmilenio apenas evalúan el paso a seguir. Desde la gerencia explican que la declaratoria de incumplimiento es la primera medida en el camino hacia la implementación total del SITP, que está próximo a cumplir 4 años y todavía anda a media máquina. En la administración pasada se fijaron varias fechas para que su implementación quedara al 100 %, pero ninguna se cumplió. Los últimos anuncios de la alcaldía de Petro apuntaban que el proceso iba en el 80 %. Sin embargo, tras encontrar un gran enredo administrativo en el sistema, el Distrito no se atreve a confirmar este dato.

Ayer, Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, anunció que a partir de enero empezaría la recta final de la implementación del SITP, aunque no dio una fecha precisa en la que el sistema estará al 100 %. Es decir, se mantendrá la incertidumbre de cuánto más tardará este proceso y, de paso, la presencia de los buses provisionales, que tantas quejas han suscitado por sus condiciones técnicas y por su servicio.

También es incierto el destino de los pequeños propietarios de buses que formaban parte de Coobús y Egobús, a quienes, en muchos casos, las empresas les adeudan dinero. El Distrito señaló que se les abrirán las puertas para que sean parte del sistema (vinculándose a otros operadores). Sin embargo, en este punto, hasta el momento, tampoco hay propuestas concretas. Según la gerente de TM, apenas están evaluando las alternativas.

El proceso

Desde que comenzó la implementación del SITP, empezaron los problemas con los dos operadores. La Superintendencia de Puertos y Trasporte las intervino al hallar irregularidades en su operación. El panorama incluía fallas de gobernabilidad, la carencia de un plan de negocios definido para garantizar su balance financiero, así como inconsistencias en pagos, incumplimiento en los acuerdos pactados con Transmilenio y cuentas por cobrar en mora de hasta un año.

En mayo del año pasado, la misma Superintendencia ayudó a estructurar planes de salvamento tanto para Coobús como para Egobús. El primer paso era conseguir financiación, capitalizar las empresas, incluso con aportes de los propietarios, y así contratar a conductores y comprar buses para operar las rutas asignadas.

Cuando este plan fue aprobado, hace casi un año, Coobús sólo había habilitado 102 buses de los 759 que le correspondían. Por su parte, Egobús había puesto a rodar 93 de los 2.120 que tenía bajo su responsabilidad. Entre tanto, los otros siete operadores llevaban más del 50 % de la implementación y en algunos sectores iban en el 100 %.Actualmente, ni Egobús ni Coobús tienen buses prestando el servicio.

Con los meses no se vieron los frutos de los planes de salvamento. La administración de Gustavo Petro amplió los plazos para que las empresas cumplieran con sus responsabilidades, pero los resultados no llegaron.

Ahora, con la decisión de declarar el incumplimiento de Coobús y Egobús, el Distrito tendrá que definir el futuro de los propietarios, a dónde van a parar y cómo se les van a pagar las deudas que tienen con ellos los operadores, cuyo monto aún se desconoce. Además, sigue sin existir una fecha definida para la operación total del SITP. Con esta decisión se acabaron los salvavidas, así como el plan de democratizar el transporte público con la participación de los pequeños propietarios.

Ninguno de los salvavidas que le lanzó la administración de Gustavo Petro, que incluyeron prórrogas y hasta un plan de salvamento, sirvieron para evitar el naufragio de Coobús y Egobus, empresas conformadas por pequeños propietarios del transporte público, que debían prestar el servicio zonal del SITP en los sectores de Fontibón, Perdomo y Suba Centro.

Después de casi tres años de procesos jurídicos, Transmilenio (ente gestor del sistema) declaró los incumplimientos de esos contratos porque los operadores no demostraron “su viabilidad financiera y técnica”.

En plata blanca, ninguna fue capaz de poner a circular los buses azules que se necesitaban para operar las rutas que les fueron asignadas. Así, prácticamente mueren las empresas que representaban la idea de la “democratización” del sistema, al integrar a los pequeños propietarios. Egobús reunía a 1.800 dueños, y Coobús, a 1.500, muchos de ellos apenas tenían un bus.

Para Mario Álvarez, exgerente de Coobús, la decisión causa nerviosismo y sorpresa porque en las empresas esperaban que se continuara con el plan de salvamento concertado en 2015. “Pueden venir demandas masivas contra el Distrito, porque la gente entró de buena fe al negocio, ganó la licitación y el Distrito no estuvo para apoyarlos a tiempo cuando hubo problemas”, señala.

Aunque esta es una decisión de primera instancia y los operadores presentaron recursos de reposición, la determinación parece no tener vuelta de hoja. Entonces, en el aire quedan un par de inquietudes esenciales, una de ellas la falta de claridad frente a quién va a asumir la operación de las rutas que les habían asignado a estas empresas, que representan el 30 % del SITP -1,5 millones de viajes diarios-. Entre las posibilidades está que las repartan entre los otros operadores del sistema o que se abra una nueva licitación.

Pero en Transmilenio apenas evalúan el paso a seguir. Desde la gerencia explican que la declaratoria de incumplimiento es la primera medida en el camino hacia la implementación total del SITP, que está próximo a cumplir 4 años y todavía anda a media máquina. En la administración pasada se fijaron varias fechas para que su implementación quedara al 100 %, pero ninguna se cumplió. Los últimos anuncios de la alcaldía de Petro apuntaban que el proceso iba en el 80 %. Sin embargo, tras encontrar un gran enredo administrativo en el sistema, el Distrito no se atreve a confirmar este dato.

Ayer, Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, anunció que a partir de enero empezaría la recta final de la implementación del SITP, aunque no dio una fecha precisa en la que el sistema estará al 100 %. Es decir, se mantendrá la incertidumbre de cuánto más tardará este proceso y, de paso, la presencia de los buses provisionales, que tantas quejas han suscitado por sus condiciones técnicas y por su servicio.

También es incierto el destino de los pequeños propietarios de buses que formaban parte de Coobús y Egobús, a quienes, en muchos casos, las empresas les adeudan dinero. El Distrito señaló que se les abrirán las puertas para que sean parte del sistema (vinculándose a otros operadores). Sin embargo, en este punto, hasta el momento, tampoco hay propuestas concretas. Según la gerente de TM, apenas están evaluando las alternativas.

El proceso

Desde que comenzó la implementación del SITP, empezaron los problemas con los dos operadores. La Superintendencia de Puertos y Trasporte las intervino al hallar irregularidades en su operación. El panorama incluía fallas de gobernabilidad, la carencia de un plan de negocios definido para garantizar su balance financiero, así como inconsistencias en pagos, incumplimiento en los acuerdos pactados con Transmilenio y cuentas por cobrar en mora de hasta un año.

En mayo del año pasado, la misma Superintendencia ayudó a estructurar planes de salvamento tanto para Coobús como para Egobús. El primer paso era conseguir financiación, capitalizar las empresas, incluso con aportes de los propietarios, y así contratar a conductores y comprar buses para operar las rutas asignadas.

Cuando este plan fue aprobado, hace casi un año, Coobús sólo había habilitado 102 buses de los 759 que le correspondían. Por su parte, Egobús había puesto a rodar 93 de los 2.120 que tenía bajo su responsabilidad. Entre tanto, los otros siete operadores llevaban más del 50 % de la implementación y en algunos sectores iban en el 100 %.Actualmente, ni Egobús ni Coobús tienen buses prestando el servicio.

Con los meses no se vieron los frutos de los planes de salvamento. La administración de Gustavo Petro amplió los plazos para que las empresas cumplieran con sus responsabilidades, pero los resultados no llegaron.

Ahora, con la decisión de declarar el incumplimiento de Coobús y Egobús, el Distrito tendrá que definir el futuro de los propietarios, a dónde van a parar y cómo se les van a pagar las deudas que tienen con ellos los operadores, cuyo monto aún se desconoce. Además, sigue sin existir una fecha definida para la operación total del SITP. Con esta decisión se acabaron los salvavidas, así como el plan de democratizar el transporte público con la participación de los pequeños propietarios.