¿Se le acaban las vacaciones a José Juan Rodríguez?

El próximo sábado el Concejo de Bogotá debería decidir sobre los últimos recursos que interpuso el concejal detenido José Juan Rodríguez para evitar la pérdida de su curul. Si la decisión se dilata por lo menos ocho días, hasta el nueve de noviembre, Rodríguez habrá conseguido una victoria burocrática. Entre tanto, una decisión de la Corte Constitucional despeja el bosque jurídico en el que se ha perdido la corporación por cinco meses.

José Juan Rodríguez, concejal por el partido Verde, fue cobijado con medida de aseguramiento el pasado 23 de mayo en el marco del proceso que adelanta la justicia sobre sus presuntos vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá. Ese mismo día, el político pidió una licencia por seis meses en el Concejo. Una licencia que no ha podido ser concedida o negada por la mesa directiva de la corporación gracias a un complicado entramado de argumentaciones jurídicas.

Inicialmente, la presidenta María Clara Name, quien es miembro del mismo partido del procesado, se declaró impedida para resolver la petición de Rodríguez. A su vez, la plenaria se declaró impedida para decidir sobre el caso de Name, consultó a la Procuraduría para resolver el impedimento y nombró un presidente provisional que, finalmente, le negó la licencia al concejal investigado por actos de corrupción.

Pero, para evitar perder la curul y que esta le fuera entregada a Lucía Bastidas, siguiente en la lista verde, José Juan Rodríguez interpuso un recurso de reposición. Ahora, aunque la mesa directiva debería responderle, no lo hará, pues argumenta que ya fungió como primera instancia y que su presidenta (Name) hace parte del mismo partido del concejal. La mesa, entonces, ha decidido declararse impedida en su conjunto. Ahora se espera que sea nombrado otro presidente ad hoc por la plenaria.

Eso debe ocurrir el próximo sábado. Pero la mesa directiva podría tomar otro camino a la luz de una decisión de la Corte Constitucional, conocida hoy, en la que declaró inexequible el artículo 24 de la Ley 1551 de 2012, que autorizaba a los concejales a pedir licencias. Con base en esa disposición, la mesa podría negarle el recurso a Rodríguez sin resolver el impedimento y sin la necesidad de nombrar un presidente provisional.

Ya hay quienes hacen cuentas sobre la elección de ese presidente. El Espectador consultó a un concejal del partido Verde que advierte que “hay un sector cercano a Rodríguez, que incluso lo quiso nombrar presidente de esta legislatura, que sabe que por ley y toda lógica perderá la curul, pero que quiere dilatar al máximo la decisión oficial. Si es destituido después del 9 de noviembre, cuando empieza a operar la ley de garantías, los empleados de su unidad de trabajo no podrán ser despedidos. Para eso quieren elegir a Darío Fernando Cepeda”.

Por su parte, Cepeda, de Cambio Radical, niega que tenga interés alguno en dilatar la decisión o ser presidente ad hoc, y dice que “con la decisión de la Corte, la misma presidenta podría definir el tema. Incluso, si es necesario elegir un presidente, yo votaría por la concejal Angélica Lozano, que ha estado muy interesada en que esto se resuelva rápidamente. Pero para mí el tema es intrascendente”.

“Es vergonzoso que, si no se toma una decisión antes del 9 de noviembre, Lucía Bastidas, quien debió ocupar esa curul desde mayo, no pueda contar con su propia Unidad de Análisis Normativo. Tendrá que trabajar con los empleados de Rodríguez hasta que se realice la segunda vuelta presidencial, que sería un junio”, dice Angélica Lozano, quien, además, dijo estar interesada en que, si es necesario, le sea concedida la presidencia para, basada en lo que dijo la Corte, decidir negativamente el recurso de Rodríguez.

Mientras tanto, Bastidas sigue a la expectativa de ser nombrada, en el Concejo permanecerán los empleados de Rodríguez, su jefe, esperando, que despegue su juicio por, presuntamente, haber hecho parte del carrusel de contratos; y las plenarias, ocupadas de un asunto que debió ser resuelto hace medio año.

El próximo sábado el Concejo de Bogotá debería decidir sobre los últimos recursos que interpuso el concejal detenido José Juan Rodríguez para evitar la pérdida de su curul. Si la decisión se dilata por lo menos ocho días, hasta el nueve de noviembre, Rodríguez habrá conseguido una victoria burocrática. Entre tanto, una decisión de la Corte Constitucional despeja el bosque jurídico en el que se ha perdido la corporación por cinco meses.

José Juan Rodríguez, concejal por el partido Verde, fue cobijado con medida de aseguramiento el pasado 23 de mayo en el marco del proceso que adelanta la justicia sobre sus presuntos vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá. Ese mismo día, el político pidió una licencia por seis meses en el Concejo. Una licencia que no ha podido ser concedida o negada por la mesa directiva de la corporación gracias a un complicado entramado de argumentaciones jurídicas.

Inicialmente, la presidenta María Clara Name, quien es miembro del mismo partido del procesado, se declaró impedida para resolver la petición de Rodríguez. A su vez, la plenaria se declaró impedida para decidir sobre el caso de Name, consultó a la Procuraduría para resolver el impedimento y nombró un presidente provisional que, finalmente, le negó la licencia al concejal investigado por actos de corrupción.

Pero, para evitar perder la curul y que esta le fuera entregada a Lucía Bastidas, siguiente en la lista verde, José Juan Rodríguez interpuso un recurso de reposición. Ahora, aunque la mesa directiva debería responderle, no lo hará, pues argumenta que ya fungió como primera instancia y que su presidenta (Name) hace parte del mismo partido del concejal. La mesa, entonces, ha decidido declararse impedida en su conjunto. Ahora se espera que sea nombrado otro presidente ad hoc por la plenaria.

Eso debe ocurrir el próximo sábado. Pero la mesa directiva podría tomar otro camino a la luz de una decisión de la Corte Constitucional, conocida hoy, en la que declaró inexequible el artículo 24 de la Ley 1551 de 2012, que autorizaba a los concejales a pedir licencias. Con base en esa disposición, la mesa podría negarle el recurso a Rodríguez sin resolver el impedimento y sin la necesidad de nombrar un presidente provisional.

Ya hay quienes hacen cuentas sobre la elección de ese presidente. El Espectador consultó a un concejal del partido Verde que advierte que “hay un sector cercano a Rodríguez, que incluso lo quiso nombrar presidente de esta legislatura, que sabe que por ley y toda lógica perderá la curul, pero que quiere dilatar al máximo la decisión oficial. Si es destituido después del 9 de noviembre, cuando empieza a operar la ley de garantías, los empleados de su unidad de trabajo no podrán ser despedidos. Para eso quieren elegir a Darío Fernando Cepeda”.

Por su parte, Cepeda, de Cambio Radical, niega que tenga interés alguno en dilatar la decisión o ser presidente ad hoc, y dice que “con la decisión de la Corte, la misma presidenta podría definir el tema. Incluso, si es necesario elegir un presidente, yo votaría por la concejal Angélica Lozano, que ha estado muy interesada en que esto se resuelva rápidamente. Pero para mí el tema es intrascendente”.

“Es vergonzoso que, si no se toma una decisión antes del 9 de noviembre, Lucía Bastidas, quien debió ocupar esa curul desde mayo, no pueda contar con su propia Unidad de Análisis Normativo. Tendrá que trabajar con los empleados de Rodríguez hasta que se realice la segunda vuelta presidencial, que sería un junio”, dice Angélica Lozano, quien, además, dijo estar interesada en que, si es necesario, le sea concedida la presidencia para, basada en lo que dijo la Corte, decidir negativamente el recurso de Rodríguez.

Mientras tanto, Bastidas sigue a la expectativa de ser nombrada, en el Concejo permanecerán los empleados de Rodríguez, su jefe, esperando, que despegue su juicio por, presuntamente, haber hecho parte del carrusel de contratos; y las plenarias, ocupadas de un asunto que debió ser resuelto hace medio año.