¿Se perdió la cultura tributaria?

Era 2002 y un nuevo cobro por concepto de valorización en Bogotá había sido anunciado por la entonces directora del IDU, María Isabel Patiño. Ese mismo año, 103.493 ciudadanos respondían positivamente a la invitación del alcalde Antanas Mockus de donar un 10% adicional sobre el impuesto predial, teniendo en cuenta que ellos mismos decidirían en qué sector se invertirían los dineros.

Entonces, $1.736 millones fueron recaudados por concepto de “pago voluntario” —cifra pequeña en términos de recaudo, pero de gran valor simbólico— y el coliseo El Campín tuvo que ser adecuado para que las miles de personas abarrotadas en las instalaciones del IDU que llegaban a pagar la valorización pudieran hacerlo. Parecía que Bogotá caminaba hacia la consolidación de una cultura tributaria, indicador importante sobre el grado de desarrollo de una ciudad y de un país.

Sin embargo, después de 2002, los aportes voluntarios comenzaron a bajar: en 2003 los donantes se redujeron a 45.028 y en 2004, a 34.707. En 2005 sólo contribuyeron 26.314 y en 2011 lo hicieron 8.765. Datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana (ECC), aplicada por Corpovisionarios en la capital en los últimos años, son también dicientes: en 2003, el 73% de los habitantes pagaba impuestos para que todos los habitantes de la ciudad tuvieran acceso a los servicios públicos. En 2011, el porcentaje de ciudadanos que lo hacía por esta razón bajó al 56%. En 2003, el 92% de los consultados confirmó pagar impuestos porque es un deber ciudadano, pero en 2011, el 84% seguía considerándolo así.

Ahora bien. Si es que asistimos a un aparente retroceso en nuestras actitudes frente a las normas tributarias, la actual crisis que ha desatado el cobro de la valorización ofrece algunas pistas. La valorización, en teoría, es un cobro ocasional que se le hace a la ciudadanía cuando una obra o conjunto de obras valorizarán su zona residencial, comercial o industrial; se cobra por beneficio local o general y tiende a diferirse en fases o cuotas para evitar maltratos al bolsillo de los ciudadanos. Aunque tres cobros por este concepto se han hecho en Bogotá, ninguno de ellos parece haber desatado un nivel de protesta ciudadana, alboroto mediático y pulso político como el del año en curso.

Una primera razón podría obedecer a errores de índole meramente técnica: a tan sólo 15 días de haber empezado a recibir los cobros, cerca de 800 quejas habían llegado al IDU por parte de ciudadanos que denunciaban sumas de hasta 30 millones de pesos, con montos que se habían multiplicado de manera inexplicable con relación al último pago. Si bien las equivocaciones en la manera como se formularon y asignaron los montos parecen indiscutibles, parte del aumento en el cobro también se explica por el hecho de que los estudios realizados sobre la marcha para determinar el costo real de las obras han arrojado un valor mucho mayor que el calculado inicialmente. Esto incrementa el costo total del paquete de obras y hace que las cuotas eventualmente se disparen en algunos sectores.

El problema aquí —aparte de los errores técnicos— no es que los estudios se incluyan en el cobro ni que los costos reales de las obras se vayan estableciendo en el camino, sino que no se le haya explicado a la gente desde el comienzo y con claridad las reglas de juego. Esto es nefasto para la fe pública toda vez que cuando los contribuyentes sienten que no les están jugando limpio, una de las formas en las que se expresa tal inconformidad es en la voluntad de pago.

Al cierre de esta columna, los medios anunciaban que la administración distrital y el Concejo buscarían soluciones definitivas al tema a comienzos de abril. Sería bueno que, indistintamente de los acuerdos que pacten, reconozcan la urgencia de una comunicación transparente hacia la ciudadanía, con altas dosis de pedagogía que nos permita entender cuáles son las obras que estamos pagando, cuáles son los criterios de asignación y durante cuánto tiempo deberemos hacerlo.

No obstante, existen otros factores que también pueden tener afectación en esta crisis —quizás de mayor alcance y profundidad— y cuyas soluciones implican un compromiso mucho mayor, tanto de las autoridades políticas como de los mismos ciudadanos. Por un lado tenemos la incidencia del contexto político: si bien es difícil cuantificar cómo un fenómeno de corrupción como el carrusel de la contratación —en el que la mayor parte del escándalo gira precisamente en torno a la construcción de obras— erosiona la confianza de los capitalinos en sus instituciones, a pocos nos queda duda de que repercute gravemente. Los concejales de la ciudad tienen un desafío enorme en los años venideros y es el de construir confianza frente una corporación que es percibida como extractiva en tanto pareciera favorecer más el interés particular que el general.

De otra parte, está la percepción que la ciudadanía tiene de la eficacia —o ineficacia— del gasto público en la administración actual, lo que también le plantea un gran reto al actual alcalde: volver a la técnica para que la ciudad recupere un ritmo de ejecución eficiente, apelar a mecanismos de transparencia para que los ciudadanos ejerzan veeduría constante sobre las inversiones e invitar con amabilidad a todos los estratos a la cooperación. La ciudad no puede olvidar que el crecimiento de las últimas dos décadas se debe en gran parte al reordenamiento fiscal, y que logros como el Sistema Transmilenio, los megacolegios, las bibliotecas y la rehabilitación de parques y avenidas fueron resultado de una tributación responsable de todos los sectores: todos ponen, todos ganan.

En 2002, ciudadanos que contribuyeron con el 10% voluntario vía impuesto predial fueron invitados a un grupo focal, con el objetivo de indagar las razones que los motivaron a cooperar. Las respuestas fueron, en su orden: solidaridad social, confianza en la administración, creación de bienes colectivos que benefician a todos y, último en importancia, la capacidad económica del momento. Muchos se sorprenderían al saber que algunas de las localidades que donaron una suma proporcionalmente mayor no fueron precisamente las de mayor capacidad. La construcción de una cultura tributaria no está limitada por el ingreso de los ciudadanos, pero sí por el compromiso de todos para aportar de acuerdo a nuestras capacidades y por una gestión eficiente de los recursos que permita recuperar la fe pública.

* Miembro de Corpovisionarios, centro de pensamiento sobre comportamiento y cultura.

Era 2002 y un nuevo cobro por concepto de valorización en Bogotá había sido anunciado por la entonces directora del IDU, María Isabel Patiño. Ese mismo año, 103.493 ciudadanos respondían positivamente a la invitación del alcalde Antanas Mockus de donar un 10% adicional sobre el impuesto predial, teniendo en cuenta que ellos mismos decidirían en qué sector se invertirían los dineros.

Entonces, $1.736 millones fueron recaudados por concepto de “pago voluntario” —cifra pequeña en términos de recaudo, pero de gran valor simbólico— y el coliseo El Campín tuvo que ser adecuado para que las miles de personas abarrotadas en las instalaciones del IDU que llegaban a pagar la valorización pudieran hacerlo. Parecía que Bogotá caminaba hacia la consolidación de una cultura tributaria, indicador importante sobre el grado de desarrollo de una ciudad y de un país.

Sin embargo, después de 2002, los aportes voluntarios comenzaron a bajar: en 2003 los donantes se redujeron a 45.028 y en 2004, a 34.707. En 2005 sólo contribuyeron 26.314 y en 2011 lo hicieron 8.765. Datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana (ECC), aplicada por Corpovisionarios en la capital en los últimos años, son también dicientes: en 2003, el 73% de los habitantes pagaba impuestos para que todos los habitantes de la ciudad tuvieran acceso a los servicios públicos. En 2011, el porcentaje de ciudadanos que lo hacía por esta razón bajó al 56%. En 2003, el 92% de los consultados confirmó pagar impuestos porque es un deber ciudadano, pero en 2011, el 84% seguía considerándolo así.

Ahora bien. Si es que asistimos a un aparente retroceso en nuestras actitudes frente a las normas tributarias, la actual crisis que ha desatado el cobro de la valorización ofrece algunas pistas. La valorización, en teoría, es un cobro ocasional que se le hace a la ciudadanía cuando una obra o conjunto de obras valorizarán su zona residencial, comercial o industrial; se cobra por beneficio local o general y tiende a diferirse en fases o cuotas para evitar maltratos al bolsillo de los ciudadanos. Aunque tres cobros por este concepto se han hecho en Bogotá, ninguno de ellos parece haber desatado un nivel de protesta ciudadana, alboroto mediático y pulso político como el del año en curso.

Una primera razón podría obedecer a errores de índole meramente técnica: a tan sólo 15 días de haber empezado a recibir los cobros, cerca de 800 quejas habían llegado al IDU por parte de ciudadanos que denunciaban sumas de hasta 30 millones de pesos, con montos que se habían multiplicado de manera inexplicable con relación al último pago. Si bien las equivocaciones en la manera como se formularon y asignaron los montos parecen indiscutibles, parte del aumento en el cobro también se explica por el hecho de que los estudios realizados sobre la marcha para determinar el costo real de las obras han arrojado un valor mucho mayor que el calculado inicialmente. Esto incrementa el costo total del paquete de obras y hace que las cuotas eventualmente se disparen en algunos sectores.

El problema aquí —aparte de los errores técnicos— no es que los estudios se incluyan en el cobro ni que los costos reales de las obras se vayan estableciendo en el camino, sino que no se le haya explicado a la gente desde el comienzo y con claridad las reglas de juego. Esto es nefasto para la fe pública toda vez que cuando los contribuyentes sienten que no les están jugando limpio, una de las formas en las que se expresa tal inconformidad es en la voluntad de pago.

Al cierre de esta columna, los medios anunciaban que la administración distrital y el Concejo buscarían soluciones definitivas al tema a comienzos de abril. Sería bueno que, indistintamente de los acuerdos que pacten, reconozcan la urgencia de una comunicación transparente hacia la ciudadanía, con altas dosis de pedagogía que nos permita entender cuáles son las obras que estamos pagando, cuáles son los criterios de asignación y durante cuánto tiempo deberemos hacerlo.

No obstante, existen otros factores que también pueden tener afectación en esta crisis —quizás de mayor alcance y profundidad— y cuyas soluciones implican un compromiso mucho mayor, tanto de las autoridades políticas como de los mismos ciudadanos. Por un lado tenemos la incidencia del contexto político: si bien es difícil cuantificar cómo un fenómeno de corrupción como el carrusel de la contratación —en el que la mayor parte del escándalo gira precisamente en torno a la construcción de obras— erosiona la confianza de los capitalinos en sus instituciones, a pocos nos queda duda de que repercute gravemente. Los concejales de la ciudad tienen un desafío enorme en los años venideros y es el de construir confianza frente una corporación que es percibida como extractiva en tanto pareciera favorecer más el interés particular que el general.

De otra parte, está la percepción que la ciudadanía tiene de la eficacia —o ineficacia— del gasto público en la administración actual, lo que también le plantea un gran reto al actual alcalde: volver a la técnica para que la ciudad recupere un ritmo de ejecución eficiente, apelar a mecanismos de transparencia para que los ciudadanos ejerzan veeduría constante sobre las inversiones e invitar con amabilidad a todos los estratos a la cooperación. La ciudad no puede olvidar que el crecimiento de las últimas dos décadas se debe en gran parte al reordenamiento fiscal, y que logros como el Sistema Transmilenio, los megacolegios, las bibliotecas y la rehabilitación de parques y avenidas fueron resultado de una tributación responsable de todos los sectores: todos ponen, todos ganan.

En 2002, ciudadanos que contribuyeron con el 10% voluntario vía impuesto predial fueron invitados a un grupo focal, con el objetivo de indagar las razones que los motivaron a cooperar. Las respuestas fueron, en su orden: solidaridad social, confianza en la administración, creación de bienes colectivos que benefician a todos y, último en importancia, la capacidad económica del momento. Muchos se sorprenderían al saber que algunas de las localidades que donaron una suma proporcionalmente mayor no fueron precisamente las de mayor capacidad. La construcción de una cultura tributaria no está limitada por el ingreso de los ciudadanos, pero sí por el compromiso de todos para aportar de acuerdo a nuestras capacidades y por una gestión eficiente de los recursos que permita recuperar la fe pública.

* Miembro de Corpovisionarios, centro de pensamiento sobre comportamiento y cultura.