Bogotá

6 Sep 2016 - 5:36 p. m.

Se prolonga agonía de motos eléctricas para la Policía de Bogotá

Aunque los vehículos fueron adquiridos en 2012, apenas 35 de los 100 funcionan, mientras que 64 permanecen varados y arrumados.

Redacción Bogotá

Pensadas como una alternativa ecológica y amigable con el medio ambiente, en 2012 la entonces administración de Gustavo Petro adquirió a través del Fondo de Vigilancia 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana, que costaron casi $4.300 millones. Pasados cuatro años y luego de cuestionamientos por sobrecostos, irregularidades en contratación y falta de mantenimiento, este martes se conoció que 64 de los vehículos permanecen varados y arrumados en un parqueadero sin uso alguno.

Según el concejal Julio César Acosta (Cambio Radical), 48 motos permanecen arrumadas en la estación de Policía de Kennedy, 16 más transitan de taller en taller a la espera de un repuesto desde hace varios meses e incluso, una fue declarada en pérdida total, luego de que se incineró a causa de un cortocircuito en el motor. Las 35 restantes que sí están en servicio, dice el cabildante, presentan distintas fallas por lo que eventualmente, podrían quedar fuera de servicio en las próximas semanas.

“Estas motocicletas fueron compradas contra viento y marea por el Fondo de Vigilancia, a pesar de que en su momento la Policía, la Contraloría Distrital y hasta la Veeduría, señalaron que no era conveniente. La falta de garantía de repuestos, los altos costos de los mismos, fallas estructurales en el chasis y el peso de las baterías (más de 80 Kilos), fueron parte de las razones expuestas para rechazar la compra. Sin embargo, se hizo y hoy tenemos una montaña de chatarra eléctrica que difícilmente se podrá recuperar”, reclamó Acosta.

Desde el momento mismo de la adquisición de las motocicletas, se advirtieron posibles irregularidades en la compra. Este negocio, según la investigación, supuestamente violó la ley de contratación, ya que, en vez de abrir licitación, se hizo a través de contratación directa. De acuerdo con la Contraloría, se provocó un posible detrimento patrimonial cercano a los $1.200 millones.

A lo anterior se suma que desde mediados de 2014, el Fondo ha intentado adjudicar un contrato de mantenimiento para los vehículos, pero el resultado ha sido la declaratoria desierta por falta de proponentes.

Por estos hechos, sumado al manejo de la contratación que se vivió en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, en marzo pasado fue capturado el exgerente de la entidad, César Augusto Manrique Soacha, a quien procesan por interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Ante el panorama de las motocicletas, la actual Administración Distrital avanza en un proceso de contratación, por $31 millones, para su mantenimiento preventivo y correctivo.

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