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El 31 de julio se dio por terminado los contratos entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con los prestadores de salud de los maestros, para adelantar una nueva contratación.
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“El primero de agosto se continúan prestando, sin interrupción, los servicios de salud al magisterio colombiano en todo el territorio nacional; los prestadores, en número superior a los actuales, están respondiendo positivamente a las condiciones y modalidad tarifaria para la relación contractual propuestas por la Fiduprevisora/FOMAG”, señaló la entidad.
Ante esta coyuntura, este viernes la Secretaría de Educación emitió un comunicado alertando que los docentes han perdido el acceso a servicios especializados en salud mental y diagnósticos de alta complejidad con la que anteriormente contaban.
“La intermitencia en los pagos a los prestadores de salud, que implica la suspensión de servicios, y la terminación de contratos con instituciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Clínica de Occidente, demuestran la falta de compromiso del FOMAG con la salud de los educadores”.
Y agregaron. “Esta situación se agrava con la incertidumbre sobre la continuidad del contrato con la Fundación Proservanda, entidad que presta servicios de salud y seguridad en el trabajo, en lo relacionado con las valoraciones médico-laborales y calificación de pérdida de capacidad laboral”, detalló la entidad distrital.
De esta manera, hicieron un llamado al Fomag para que asegure “la atención oportuna y constante de los docentes y sus beneficiarios”, así como al Gobierno Nacional para que “garantice el cumplimiento efectivo de las promesas de mejoramiento que hasta ahora no se han materializado”, concluyeron.
Cabe recordar que antes, la atención del Magisterio en el país estaba a cargo de 10 operadores regionales. No obstante, con el cambio desde el 1 de mayo de 2024 todo quedó en manos de Fiduprevisora, entidad que pasó de manejar las finanzas del sistema a asumir toda la prestación del servicio. Fue precisamente esta situación, según los críticos del modelo, la raíz del colapso, debido a la nula experiencia del operador en la administración de este tipo de servicios.
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“Hace seis meses recibo respuestas esquivas al reclamar las ampolletas y tabletas que necesito. Me cambian el sitio y, cuando llego allá, me dicen que debo ir a otro lado. Por eso he tenido que sacar de mi bolsillo, pedir prestado y acudir a solidaridad de mis colegas para financiar mis medicinas, pero esto es insostenible”, denunció Flor Helena Martínez, docente del Magisterio hace 10 años y paciente con diabetes tipo 2, a El Espectador.
Desde la Contraloría General también encontraron varios hallazgos en relación con la implementación y ejecución del nuevo modelo de salud. Entre estos se encuentra que podría haber un “alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos”. Muestra de esto es un contrato en el que se evidenciaron “múltiples falencias en la determinación de la población a atender y del valor”.
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