Los anuncios de una indagación preliminar por parte de la Personería Distrital y de sendas demandas ante la Procuraduría General y ante el contencioso administrativo para que se revise la conducta del secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, son algunas de las reacciones que provocó el miércoles la revelación de que el funcionario aparece ante el Consejo de Estado como apoderado en una demanda contra el Distrito.
La situación, revelada el miércoles por El Espectador, generó una agitación política en el Concejo de la ciudad, en momentos en los que se aprobaba el Plan de Desarrollo ante la presencia del secretario Asprilla. Allí, concejales como el liberal Jorge Durán y los de la U Orlando Parada y Clara Lucía Sandoval, advirtieron que pedirán al Ministerio Público la pérdida de investidura que el año pasado obtuvo como concejal el funcionario y las medidas disciplinarias pertinentes a su doble condición de abogado litigante y secretario de Gobierno.
También solicitaron que, mientras se define la presunta incompatibilidad del abogado Asprilla, el secretario se retire voluntariamente del cargo: “Lo que antes podía ser considerado un descuido se podría convertir en una actuación de mala fe”, dijo Parada.
El liberal Horacio José Serpa se declaró “realmente sorprendido con las revelaciones hechas, pues es claro que un funcionario público no puede, por mandato legal, ejercer servicios de representación. El secretario debería ser responsable y apartarse del cargo”.
Durante su intervención en la aprobación del Plan, Juan Carlos Flórez, de la ASI, se refirió al caso Asprilla y aseguró que el gobierno Petro “está mal asesorado jurídicamente”, pues nunca se fijó en la supuesta incompatibilidad del secretario para ocupar su cargo.
Mucho más flexible, la verde María Clara Name pidió tener en cuenta que “no basta simplemente con transgredir la norma, sino que es necesario que efectivamente se produzca un daño”, y el presidente de la corporación, Darío Fernando Cepeda, prefirió guardar silencio y dejar todo en manos de los organismos de control.
De hecho, frente a los pactos políticos logrados con la administración, con miras a la votación del Plan de Desarrollo, el presidente del Concejo fue contundente al no dejar a los concejales referirse a la polémica del secretario de Gobierno, de modo que no se dañe lo acordado.
Para Carlos Vicente de Roux, fiel escudero progresista de la administración, es evidente que la permanencia de Guillermo Asprilla como abogado en la demanda contra el Distrito es “un error involuntario”.
El alcalde Gustavo Petro reaccionó ayer a través de su cuenta en Twitter a la investigación publicada por este diario y, en respuesta a varios ciudadanos que le preguntaron al respecto, aseguró que “el conflicto de intereses no es un delito, ni nada oprobioso, cuando sucede el funcionario se declara impedido en el asunto”. En otro trino, Petro agregó que si defender el derecho ciudadano impide entrar al Estado “habría que derogar entonces la Constitución”.
El abogado y secretario Guillermo Asprilla, en representación de unas 100 familias, interpuso hace 15 años una demanda contra el Distrito luego de una explosión en el relleno Doña Juana que afectó a los barrios aledaños al lugar. El pleito sigue vivo, está para fallo en segunda instancia en el Consejo de Estado y, según certificado de esa corporación, Asprilla aún aparece como el apoderado.
Por Laura Ardila Arrieta
