Seguridad alimentaria, sin política de abastecimiento

Durante el fin de semana, tras la captura de El Papero (un comercializador de papa con presuntos nexos con narcotraficantes) y el posterior debate entre autoridades distritales y cundinamarquesas sobre la infiltración de la mafia en la central de abastos, el Ministerio de Agricultura decidió poner a la venta sus acciones de Corabastos (20,47%). Una decisión que reduce significativamente el papel del Estado en la regulación de precios y las decisiones de un ente que está dominado por privados y que controla la distribución de cerca del 60% de los alimentos que consumen los bogotanos.

Para Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático, el entuerto “de la seguridad alimentaria es nacional. Si bien el principal problema que tenemos es que estamos importando una tercera parte de los alimentos que producimos (10 toneladas por cada 30), porcentaje que va a crecer con todos los TLC que se están firmando, la distribución es otra variable que está quedando a merced del mercado. No sólo es Corabastos; también los hipermercados hacen lo que quieren con los precios de los alimentos”.

Antes de que se generara la polémica por la infiltración mafiosa, ya había una discusión entre el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y el ministerio sobre el papel del Estado en la central de abastos. La idea de Bogotá era que los tres entes públicos, que sumaban en total el 47,9% del paquete accionario de Corabastos, se unieran para controlar con más facultades las economías paralelas e ilegales y la criminalidad, además de garantizar la seguridad alimentaria de la capital. Pero no fue posible. “Sin el gobernador de Cundinamarca no es posible hacer mayoría pública. La propuesta hecha por Bogotá de unir al sector estatal fracasó hace un año por ese hecho”, dijo el alcalde Gustavo Petro.

No se pudo tomar control de Corabastos. Sin embargo, para garantizar la seguridad alimentaria, la administración del alcalde Gustavo Petro ha trazado un plan maestro que “habla de centros logísticos. Nosotros creemos en revivir plazas de mercado y asociaciones de tenderos, además de tiendas públicas, para regular precios de alimentos. Es necesario que haya una regulación de la distribución”, dice Petro, quien además afirma que de parte del Minagricultura “debe haber una política y no simplemente una huida (de Corabastos). Sin política de abastecimiento, no habrá reforma agraria y por tanto, paz”.

Los accionistas están en ascuas pues, seguramente, el paquete accionario del ministerio quedará en manos de pocos, que serán privados y llegarán con mucho peso a la asamblea de Corabastos. Esa preocupación crece pues, según los mismos accionistas, es probable que se les achaque el cambio en los precios que vendrá con la profundización de los TLC y se termine interviniendo a Corabastos, cortando así la rentabilidad que tienen sobre la distribución de alimentos.

Durante el fin de semana, tras la captura de El Papero (un comercializador de papa con presuntos nexos con narcotraficantes) y el posterior debate entre autoridades distritales y cundinamarquesas sobre la infiltración de la mafia en la central de abastos, el Ministerio de Agricultura decidió poner a la venta sus acciones de Corabastos (20,47%). Una decisión que reduce significativamente el papel del Estado en la regulación de precios y las decisiones de un ente que está dominado por privados y que controla la distribución de cerca del 60% de los alimentos que consumen los bogotanos.

Para Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático, el entuerto “de la seguridad alimentaria es nacional. Si bien el principal problema que tenemos es que estamos importando una tercera parte de los alimentos que producimos (10 toneladas por cada 30), porcentaje que va a crecer con todos los TLC que se están firmando, la distribución es otra variable que está quedando a merced del mercado. No sólo es Corabastos; también los hipermercados hacen lo que quieren con los precios de los alimentos”.

Antes de que se generara la polémica por la infiltración mafiosa, ya había una discusión entre el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y el ministerio sobre el papel del Estado en la central de abastos. La idea de Bogotá era que los tres entes públicos, que sumaban en total el 47,9% del paquete accionario de Corabastos, se unieran para controlar con más facultades las economías paralelas e ilegales y la criminalidad, además de garantizar la seguridad alimentaria de la capital. Pero no fue posible. “Sin el gobernador de Cundinamarca no es posible hacer mayoría pública. La propuesta hecha por Bogotá de unir al sector estatal fracasó hace un año por ese hecho”, dijo el alcalde Gustavo Petro.

No se pudo tomar control de Corabastos. Sin embargo, para garantizar la seguridad alimentaria, la administración del alcalde Gustavo Petro ha trazado un plan maestro que “habla de centros logísticos. Nosotros creemos en revivir plazas de mercado y asociaciones de tenderos, además de tiendas públicas, para regular precios de alimentos. Es necesario que haya una regulación de la distribución”, dice Petro, quien además afirma que de parte del Minagricultura “debe haber una política y no simplemente una huida (de Corabastos). Sin política de abastecimiento, no habrá reforma agraria y por tanto, paz”.

Los accionistas están en ascuas pues, seguramente, el paquete accionario del ministerio quedará en manos de pocos, que serán privados y llegarán con mucho peso a la asamblea de Corabastos. Esa preocupación crece pues, según los mismos accionistas, es probable que se les achaque el cambio en los precios que vendrá con la profundización de los TLC y se termine interviniendo a Corabastos, cortando así la rentabilidad que tienen sobre la distribución de alimentos.