La seguridad de Bogotá está en riesgo por cuenta de presuntas irregularidades en una contratación efectuada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) con la sociedad Verytel S.A., en donde están en juego más de 5.700 millones de pesos.
Esta situación obligó al contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, a enviar una carta de advertencia fiscal al alcalde Gustavo Petro por el grave riesgo de pérdida de recursos públicos invertidos en el subsistema de video vigilancia para las 11 fronteras de la ciudad.
Según el ente de control, se detectaron graves irregularidades en la ejecución del contrato de suministro 620 de 2010, con el que se pretendía la puesta en funcionamiento de cinco sistemas de video vigilancia para mejorar la seguridad en las entradas y salidas de ciudad.
El contrato, suscrito el 15 de octubre de 2010, tenía por objeto el suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en marcha, garantía y mantenimiento del Sistema Integrado de Video Vigilancia para 57 patrullas de policía, 38 motos de policía, 20 domos, 192 colegios y 11 fronteras, con el objetivo de controlar en tiempo real la seguridad de la capital.
El subsistema de video vigilancia en fronteras de Bogotá consta de cámaras móviles que permiten observar las entradas y salidas de la ciudad, cámaras fijas, sistema de grabación digital y sistema de reconocimiento de placas para que puedan ser comparadas con la base de datos de vehículos hurtados.
El contrato debía terminar el 19 de octubre de 2012, pero dos días antes, es decir el 17 de octubre, fue objeto de suspensión, el cual se ha prorrogado consecutivamente con el agravante que a diciembre 10 de 2012 solo se han instalado cinco de las once fronteras estipuladas: Autopista Norte, Carrera Séptima, La Calera, Choachí y Antigua Villavicencio, esto es tan solo el 45,45% de los puntos contratados.
Según el seguimiento hecho por la Contraloría de Bogotá, ninguno de los cinco subsistemas de video vigilancia contratados funciona, pues el software aún se encuentra en pruebas de funcionamiento y por lo mismo, no presta servicio alguno, por tal razón, existe el riesgo que con el paso del tiempo los equipos adquiridos sean obsoletos e inservibles.
Las cinco fronteras que hasta ahora han sido instaladas, dice la Contraloría, presentan falencias como: errores de lecturas de placas; configuración de cada sistema; fallas en la captura de imágenes; no se garantiza la efectividad en la transmisión y análisis de la información a procesar en tiempo real; no se permite el backup de la información en sitio; fallas en la comunicación inalámbrica; la transmisión de datos es vulnerable a factores ambientales, climáticos y de seguridad.
Sobrecostos
El ente de control también detectó sobrecostos en la adquisición de cámaras, switches, postes, gabinetes, software, sistema puesta a tierra, sistema pararrayos y mantenimiento.“Los equipos requeridos para la instalación fueron importados y sus correspondientes declaraciones fueron alteradas por el contratista Verytel S.A., quien al parecer, suprimió algunos valores, por lo que se acudió a la DIAN con el propósito de conocer el costo real de aquellos, comprobando que el valor cobrado al FVS (72.978 millones de pesos) es superior en un 259% a aquel que verdaderamente debe cancelar en este caso el Distrito (27.877 millones), lo que arroja una diferencia en contra el mismo de $45.101 millones, de acuerdo con la información suministrada por la DIAN y según cotizaciones realizadas por la Contraloría”, dice la carta enviada al burgomaestre capitalino.
La contratación
El valor inicial del convenio era de 6.883 millones de pesos y su plazo de ejecución era de 36 meses. El contrato ha tenido modificaciones y adiciones en razón de las cuales su valor total actualmente asciende a $40.277 millones.El 12 de noviembre de 2009 el FVS y los fondos de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Mártires, Usaquén, Candelaria, Santafé, Teusaquillo, Puente Aranda, Usme, Antonio Nariño y Suba suscribieron el convenio interadministrativo 697 con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar un sistema de video vigilancia móvil e inalámbrico para el cubrimiento de distintas zonas del Distrito.
El ente de control ya le había advertido al alcalde Gustavo Petro, en julio del año pasado, sobre las irregularidades detectadas en la ejecución del subsistema de patrullas, pues al contrato 620 de 2010 se le hizo un otrosí el 26 de agosto de 2011, en el que se cambió la marca y referencia del sistema originalmente propuesto para el reconocimiento de placas de vehículos.
Twitter: @PaulaCastilloL