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11 Sep 2020 - 12:29 a. m.

Separan por tres meses a policías implicados en muerte de Javier Ordóñez

Un video, que muestra las últimas horas de vida del abogado, evidencia cómo ambos uniformados lo neutralizaron y le propinaron nueve descargas eléctricas con una pistola Taser.
Los dos uniformados involucrados en los hechos fueron suspendidos de la actividad operativa. El general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional, aseguró que hubo un exceso de autoridad. /AFP
Los dos uniformados involucrados en los hechos fueron suspendidos de la actividad operativa. El general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional, aseguró que hubo un exceso de autoridad. /AFP

Por cuenta del video que evidencia la agresión contra el ciudadano Javier Ordoñez en Bogotá, quien fue reducido por dos uniformados de la Policía en medio de un procedimiento en el que usaron armas Taser, este jueves se confirmó que ambos agentes serán separados provisionalmente de la institución.

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Según las autoridades, ambos agentes, cuyo actuar policial quedó registrado en video, serán separados de la Policía durante tres meses. En las imágenes se escuchan los desgarradores gritos de Ordóñez, pidiéndoles a dos policías que por favor cesaran la agresión. A la par se escuchan, por lo menos, 10 descargas de las Taser, pistolas eléctricas que usan los agentes para controlar situaciones de agitación o peligro.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles en el barrio Villa Luz de Engativá (occidente de Bogotá) y derivaron en una ola de indignación y protesta que escaló hasta hechos de vandalismo y violencia, con un saldo de siete muertos, 175 heridos y 147 policías heridos.

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Previamente, los dos uniformados involucrados en los hechos fueron suspendidos de la actividad operativa. El general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional, aseguró que hubo un exceso de autoridad, razón por la cual “se investigarán tanto disciplinaria como penalmente y vamos a dar en el menor tiempo posible toda la claridad. Si hay funcionarios que tienen que responder de manera individual, tendrán que hacerlo”.

Por su parte, el coronel Alejandro Castro, jefe del área de Derechos Humanos de la Inspección de la Policía, informó que corrió traslado a la Justicia Penal Militar y el Juzgado 143 de Instrucción ya abocó conocimiento".

Por último, la Procuraduría abrió una indagación para establecer si hubo falta disciplinaria e individualizar la participación de los uniformados y esclarecer los hechos que se habrían dado desde su traslado al CAI hasta su muerte en la clínica, por lo que ordenó la práctica de pruebas a los policías que participaron en los hechos que hoy son motivo de indignación entre muchos y que dejaron sin padre a dos menores, de 11 y 14 años.

Ordóñez Bermúdez, un padre de familia de 44 años, estaba a punto de graduarse como abogado. La recopilación de los hechos con allegados y testigos indica que el abogado y otros amigos habían estado bebiendo alcohol en el apartamento de la víctima. El licor se les acabó. Salieron a comprar más.

De regreso a la vivienda ocurrió el encuentro con los agentes. Según la versión de los familiares, los policías le dijeron que le iban a poner un comparendo y él les dijo que lo pagaba sin problema, respuesta que habría desatado la reacción de los agentes, que no se detuvieron siquiera por los gritos de los vecinos que decían que la escena estaba quedando grabada.

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Tan fuertes son las imágenes que, para muchos, el hecho se compara con las recientes agresiones de policías contra afroamericanos en Estados Unidos. Además, el episodio se suma a la lista de denuncias por excesos policiales en la cuarentena, con recordados casos como el del hombre que fue capturado frente a sus hijas por no llevar tapabocas, los vendedores informales retirados de las vías públicas, las denuncias de mujeres trans e incluso, el caso de un periodista de este diario que casi retuvieron de forma agresiva por no llevar su cédula. En todos se denunciaron procedimientos que se consideraron excesivos.

Así las cosas, Javier Ordóñez es el nuevo rostro del abuso policial en Bogotá, cuando no ha pasado un año de la muerte de Dilan Cruz, en medio de una jornada de protesta el año pasado. Sin embargo, no es algo exclusivo de Bogotá.

La ONG Temblores tiene registro de 169 denuncias en todo el país, entre el 25 de febrero y el 3 de septiembre. La organización, que sigue de cerca las denuncias sobre excesos policiales, afirma que estos se han profundizado en la emergencia sanitaria. “La Policía es el Estado en las calles y la entidad encargada de garantizar los derechos fundamentales. La violencia policial se profundizó, porque hay menos gente en el espacio público y eso implica menos control y hay más limitaciones a la circulación. Eso le entregó a la Policía el poder de la ‘multa por cualquier conducta’”, manifestó Alejandro Lanz, portavoz de la ONG.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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