Sergio Urrego, citado a audiencia tras su muerte

El sistema judicial del país, el que los políticos y académicos han dicho que necesita una reforma, es en ocasiones absurdo e hiriente. Así lo cree Alba Reyes, la madre de Sergio Urrego, el joven de 16 años que se quitó la vida en agosto pasado tras ser víctima de una supuesta persecución y discriminación homofóbica por parte de las directivas de su colegio.

¿La razón? A la casa de Reyes llegó una citación para que se presente hoy con su hijo en un juzgado para adolescentes, donde se adelanta el proceso penal que se abrió en contra del menor por supuesto acoso sexual a un compañero de colegio, semanas antes de que decidiera quitarse la vida.

Hace menos de un mes Reyes recibió el telegrama de citación del Centro de Servicios Judiciales para la Adolescencia, dirigido también a su hijo muerto, en el que les exigen presentarse a las 9:00 a.m. con el “fin de realizar la imposición de sanción, solicitada por el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con función de conocimiento”.

Pese a la indignación que eso le produjo, Reyes decidió ir hoy al juzgado para recordarles a las autoridades lo que ya deberían saber: que su hijo no puede ser sancionado porque está muerto y que lo está, presuntamente, por la persecución judicial que se libró contra él cuando las directivas de su colegio, en especial la rectora Amanda Azucena Castillo, descubrieron que era gay.

Es decir, Reyes les recordará la conclusión a la que llegó la Fiscalía General luego de recolectar pruebas suficientes para inferir que Sergio Urrego fue denunciado falsamente de acoso sexual por la exrectora Castillo, quien también habría constreñido a los padres del novio de Sergio a presentar otra denuncia por el mismo delito contra el menor, a cambio de que éste pudiera graduarse de bachiller. Todo está documentado en los testimonios que los padres y el compañero de Sergio Urrego le dieron a la Fiscalía.

Este fue uno de los argumentos que presentó el ente acusador el pasado 15 de junio en la audiencia de control de garantías en la cual les imputó los delitos de discriminación y ocultamiento de pruebas a la exrectora Castillo, la psicóloga Ivonne Cheque y la veedora Rosa Lía Ramírez, del colegio Gimnasio Castillo Campestre. El delito de falsa denuncia sólo se los imputó a la psicóloga y la exrectora de la institución.

En esa oportunidad, la Fiscalía argumentó en audiencia que el desencandenante fue la foto de un beso entre Sergio y su compañero, que las directivas catalogaron de obscena. De ahí en adelante se les obligó a entrar a psicoorientación, se les restringió el acceso a clase y se les obligó a revelar a sus padres su orientación sexual.

La Fiscalía también entregó el testimonio de una de las profesoras de Sergio Urrego, quien dijo que la rectora le pidió que hiciera anotaciones negativas en la bitácora personal del joven, incluyendo la denuncia de acoso sexual, para manchar su desempeño y honra, después de su muerte. Por esta razón, la exrectora tiene un proceso penal abierto e irá a juicio. Mientras avanza el caso, el juzgado de primera instancia ordenó dictarle casa por cárcel.

Alba Reyes irá hoy al juzgado para decir con dolor, pero con dignidad, que su hijo no fue un acosador. Buscará limpiar su memoria, como lo ha hecho desde que emprendió esta lucha que llevó a los estrados, las calles y próximamente a una fundación que quiere abrir para la protección de niñas, niños y adolescentes que crecen en familias diversas.