Siguen las batidas ilegales del Ejército

Mario Velásquez Torres, presidente de la Asociación de juntas de Acción Comunal de la localidad de Santa Fe desde el año 2012, teme por su seguridad. Por eso denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía una serie de hechos que las autoridades deberán investigar: hace dos semanas, trató de impedir que agentes del Ejército con supuesta ayuda de la Policía realizaran en el sector de los Laches una batida indiscriminada de jóvenes con fines de reclutamiento y, al parecer, recibió represalias contra su familia por el incidente. 

Las batidas militares fueron prohibidas por la Corte Constitucional, en su sentencia T-455 de 2014, que a finales de enero de 2015 cobró vida jurídica, pese a esto en Bogotá se siguen realizando de forma indiscriminada y en los barrios más pobres y marginales.

El 20 de febrero de 2015, a las 9:30 pm,  jóvenes de los barrios El Consuelo y los Laches fueron abordados por militares que les ordenaron montarse a un camión de placas VNC-151 de Tuluá. La comunidad informó del episodio a Mario Veláquez, presidente de junta de acción comunal de la localidad. Cuando Velásquez llegó al lugar, en el camión estaban retenidos tres jóvenes.

“Los agentes de policía del CAI Dorado estaban coadyuvando a los militares en el reclutamiento ilegal de jóvenes, al punto de tener retenido en el CAI a un joven de 18 años  llamado Sebastián Núñez Acosta y buscaban entregárselo a los militares para que lo subieran al camión”, sostiene la denuncia radicada en Procuraduría.  (Vea el video aquí)

“Me presenté como presidente de la Junta de Acción Comunal y le solicité a los militares que bajaran a los jóvenes del camión y que terminaran el operativo que era a todas luces ilegal. Los militares no tenían ninguna identificación en sus uniformes, además algunos de ellos tenían medio rostro cubierto”, cuenta Velázquez, quien impidió el paso del camión, se paró en frente y exigió la liberación de los jóvenes, invocando la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional.   

Fue cuando un militar, que no se habría identificado, señaló que ese procedimiento era legal. Aseguró que era abogado y que conocía muy bien las leyes y que esos jóvenes  posiblemente eran remisos y que ellos podían compeler jóvenes a distritos militares. Lo que no dijo el militar es que, si bien la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional declaró constitucional el término compeler, también señaló en esa sentencia que “la única comprensión de ‘compeler’ (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere) es que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción. Por lo tanto, no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos, con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y, si resulta apto, finalmente incorporarlo a filas”.

Por las diversas interpretaciones que seguían haciendo las autoridades de reclutamiento es que recientemente la Corte Constitucional subsanó y aclaró el asunto en su sentencia T-455 de 2014. En ella, en la parte resolutiva, ordenó “al Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional que en lo sucesivo se abstenga de adelantar, autorizar, ordenar o permitir redadas o batidas indiscriminadas, dirigidas a identificar a los ciudadanos que no han resuelto su situación militar y con el objeto de conducirlos a unidad militares u otros sitios de concentración, a fin que sea acuartelados para la prestación del servicio militar”.  

En el fallo también le ordena que dé a conocer esta sentencia “a todas las autoridades militares del país, con la advertencia de que su incumplimiento acarreará investigaciones y sanciones disciplinarias”.   

Más allá de las claridades jurídicas que parecen desconocer todavía los agentes de reclutamiento, esa noche el militar aseguró la legalidad del procedimiento. El uniformado que conducía el camión dio reversa e intentó sin éxito irse con los jóvenes. Ante la presión de la comunidad el conductor se bajó y le dijo a Velásquez: “présteme su carné de abogado, cuando están robando ahí si no se mete usted de sapo a decir venga yo soy el presidente, no sea sapo…”.  Así quedó consignado en la denuncia radicada.

También sostuvo que entregó su carné de la universidad a un militar, quien le tomó una foto y apuntó los datos en su celular. “Eso es muy grave y preocupante, pues no es el procedimiento permitido por la ley para identificar o consultar los antecedentes de un ciudadano”, dijo Velásquez.

Así como describió que los militares lo empujaron y golpearon en las piernas y la espalda, imágenes que quedaron en un video que grabó la comunidad,  que persiguió el camión hasta llegar al CAI Dorado. “En ese instante el militar que me empujó y golpeó se me acercó y me dijo: ‘cuídese hijueputa, cuídese’ lo que entiendo como una amenaza de muerte”, afirma el documento.

El presidente de la JAC insistió en que bajaran a los jóvenes de los camiones y les tomó fotos a una camioneta de la Policía que recogió a los militares que realizaban la batida. Esa noche, por la presión de la comunidad, se logró la liberación del joven de 18 años, aunque le retuvieron ilegalmente la cédula y lo amenazaron con que la recogiera en el batallón.

Una vez recuperada la cédula, las personas se retiraron del CAI. Velásquez llegó a su casa, llamó a la Personería de Bogotá para instaurar la queja y 15 minutos después recibió una llamada de su madre, quien le contaba alarmada que su hermano, Brayan Eduardo Castellanos, había sido detenido por un equipo de policías del Grupo de Operativos Especiales (GOES) en la cancha deportiva del barrio El Consuelo, mientras jugaba fútbol con sus amigos del colegio.

“Mi hermano fue golpeado y empujado contra la pared. Los agentes lo subieron a una patrulla de policía con el código 17-6335. Lo intimidaron con una pistola y lo insultaron. Fue esposado y subido a la camioneta del GOES y paseado durante dos horas y media por toda la localidad de Santa Fe. Nunca fue conducido a la Unidad Permanente de Justicia. Amenazaron con soltarlo en el barrio San Bernardo y luego en la “L” del sector conocido como el Bronx. Afortunadamente, por la reacción oportuna de la Personería de Bogotá, que se comunicó con superiores de la Policía, terminó a la 1:30 a.m. en el CAI Dorado. Donde un policía del Goes llegó para decirle intimidante que a él nunca lo golpearon y que se le respetaron sus derechos”.

Mario Velásquez Torres cree que no se trató de un incidente aislado. Por eso denunció ante las autoridades las batidas y las supuestas represalias que habrían tenido los uniformados en contra de su familia por impedir este procedimiento que la Corte Constitucional declaró ilegal. Su pelea por los derechos que tienen los jóvenes ante la definición de su situación militar no es nueva.  Ya había interpuesto una tutela como objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, que le concedió un juzgado sin que hasta la fecha le hayan expedido la libreta militar, como lo ordenó el tribunal.

Por esa razón, el Juzgado Séptimo Laboral de Bogotá aceptó esta semana tramitar un incidente de desacato de la sentencia contra el distrito militar del 20 de julio, que se ha negado a legalizar su situación. Su historia sigue siendo la de muchos otros que, pese a tener el respaldo jurisprudencial de la Corte Constitucional, siguen siendo vulnerados de diversas formas por los procedimientos de los agentes de reclutamiento, como ha denunciado la Defensoría del Pueblo, en sus más recientes informes.  El Espectador intentó comunicarse con las autoridades de reclutamiento pero no fue posible encontrar una respuesta al cierre de esta edición.

Mario Velásquez Torres, presidente de la Asociación de juntas de Acción Comunal de la localidad de Santa Fe desde el año 2012, teme por su seguridad. Por eso denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía una serie de hechos que las autoridades deberán investigar: hace dos semanas, trató de impedir que agentes del Ejército con supuesta ayuda de la Policía realizaran en el sector de los Laches una batida indiscriminada de jóvenes con fines de reclutamiento y, al parecer, recibió represalias contra su familia por el incidente. 

Las batidas militares fueron prohibidas por la Corte Constitucional, en su sentencia T-455 de 2014, que a finales de enero de 2015 cobró vida jurídica, pese a esto en Bogotá se siguen realizando de forma indiscriminada y en los barrios más pobres y marginales.

El 20 de febrero de 2015, a las 9:30 pm,  jóvenes de los barrios El Consuelo y los Laches fueron abordados por militares que les ordenaron montarse a un camión de placas VNC-151 de Tuluá. La comunidad informó del episodio a Mario Veláquez, presidente de junta de acción comunal de la localidad. Cuando Velásquez llegó al lugar, en el camión estaban retenidos tres jóvenes.

“Los agentes de policía del CAI Dorado estaban coadyuvando a los militares en el reclutamiento ilegal de jóvenes, al punto de tener retenido en el CAI a un joven de 18 años  llamado Sebastián Núñez Acosta y buscaban entregárselo a los militares para que lo subieran al camión”, sostiene la denuncia radicada en Procuraduría.  (Vea el video aquí)

“Me presenté como presidente de la Junta de Acción Comunal y le solicité a los militares que bajaran a los jóvenes del camión y que terminaran el operativo que era a todas luces ilegal. Los militares no tenían ninguna identificación en sus uniformes, además algunos de ellos tenían medio rostro cubierto”, cuenta Velázquez, quien impidió el paso del camión, se paró en frente y exigió la liberación de los jóvenes, invocando la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional.   

Fue cuando un militar, que no se habría identificado, señaló que ese procedimiento era legal. Aseguró que era abogado y que conocía muy bien las leyes y que esos jóvenes  posiblemente eran remisos y que ellos podían compeler jóvenes a distritos militares. Lo que no dijo el militar es que, si bien la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional declaró constitucional el término compeler, también señaló en esa sentencia que “la única comprensión de ‘compeler’ (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere) es que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción. Por lo tanto, no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos, con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y, si resulta apto, finalmente incorporarlo a filas”.

Por las diversas interpretaciones que seguían haciendo las autoridades de reclutamiento es que recientemente la Corte Constitucional subsanó y aclaró el asunto en su sentencia T-455 de 2014. En ella, en la parte resolutiva, ordenó “al Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional que en lo sucesivo se abstenga de adelantar, autorizar, ordenar o permitir redadas o batidas indiscriminadas, dirigidas a identificar a los ciudadanos que no han resuelto su situación militar y con el objeto de conducirlos a unidad militares u otros sitios de concentración, a fin que sea acuartelados para la prestación del servicio militar”.  

En el fallo también le ordena que dé a conocer esta sentencia “a todas las autoridades militares del país, con la advertencia de que su incumplimiento acarreará investigaciones y sanciones disciplinarias”.   

Más allá de las claridades jurídicas que parecen desconocer todavía los agentes de reclutamiento, esa noche el militar aseguró la legalidad del procedimiento. El uniformado que conducía el camión dio reversa e intentó sin éxito irse con los jóvenes. Ante la presión de la comunidad el conductor se bajó y le dijo a Velásquez: “présteme su carné de abogado, cuando están robando ahí si no se mete usted de sapo a decir venga yo soy el presidente, no sea sapo…”.  Así quedó consignado en la denuncia radicada.

También sostuvo que entregó su carné de la universidad a un militar, quien le tomó una foto y apuntó los datos en su celular. “Eso es muy grave y preocupante, pues no es el procedimiento permitido por la ley para identificar o consultar los antecedentes de un ciudadano”, dijo Velásquez.

Así como describió que los militares lo empujaron y golpearon en las piernas y la espalda, imágenes que quedaron en un video que grabó la comunidad,  que persiguió el camión hasta llegar al CAI Dorado. “En ese instante el militar que me empujó y golpeó se me acercó y me dijo: ‘cuídese hijueputa, cuídese’ lo que entiendo como una amenaza de muerte”, afirma el documento.

El presidente de la JAC insistió en que bajaran a los jóvenes de los camiones y les tomó fotos a una camioneta de la Policía que recogió a los militares que realizaban la batida. Esa noche, por la presión de la comunidad, se logró la liberación del joven de 18 años, aunque le retuvieron ilegalmente la cédula y lo amenazaron con que la recogiera en el batallón.

Una vez recuperada la cédula, las personas se retiraron del CAI. Velásquez llegó a su casa, llamó a la Personería de Bogotá para instaurar la queja y 15 minutos después recibió una llamada de su madre, quien le contaba alarmada que su hermano, Brayan Eduardo Castellanos, había sido detenido por un equipo de policías del Grupo de Operativos Especiales (GOES) en la cancha deportiva del barrio El Consuelo, mientras jugaba fútbol con sus amigos del colegio.

“Mi hermano fue golpeado y empujado contra la pared. Los agentes lo subieron a una patrulla de policía con el código 17-6335. Lo intimidaron con una pistola y lo insultaron. Fue esposado y subido a la camioneta del GOES y paseado durante dos horas y media por toda la localidad de Santa Fe. Nunca fue conducido a la Unidad Permanente de Justicia. Amenazaron con soltarlo en el barrio San Bernardo y luego en la “L” del sector conocido como el Bronx. Afortunadamente, por la reacción oportuna de la Personería de Bogotá, que se comunicó con superiores de la Policía, terminó a la 1:30 a.m. en el CAI Dorado. Donde un policía del Goes llegó para decirle intimidante que a él nunca lo golpearon y que se le respetaron sus derechos”.

Mario Velásquez Torres cree que no se trató de un incidente aislado. Por eso denunció ante las autoridades las batidas y las supuestas represalias que habrían tenido los uniformados en contra de su familia por impedir este procedimiento que la Corte Constitucional declaró ilegal. Su pelea por los derechos que tienen los jóvenes ante la definición de su situación militar no es nueva.  Ya había interpuesto una tutela como objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, que le concedió un juzgado sin que hasta la fecha le hayan expedido la libreta militar, como lo ordenó el tribunal.

Por esa razón, el Juzgado Séptimo Laboral de Bogotá aceptó esta semana tramitar un incidente de desacato de la sentencia contra el distrito militar del 20 de julio, que se ha negado a legalizar su situación. Su historia sigue siendo la de muchos otros que, pese a tener el respaldo jurisprudencial de la Corte Constitucional, siguen siendo vulnerados de diversas formas por los procedimientos de los agentes de reclutamiento, como ha denunciado la Defensoría del Pueblo, en sus más recientes informes.  El Espectador intentó comunicarse con las autoridades de reclutamiento pero no fue posible encontrar una respuesta al cierre de esta edición.