Ocho meses de lluvias continuas bastaron para dejar en evidencia una fragilidad que en Cundinamarca no es nueva, pero sí cada vez más costosa. Mientras ríos y quebradas siguen creciendo en temporadas que antes eran secas, el sistema de atención de emergencias opera con vacíos estructurales que no dependen del clima, sino de decisiones aplazadas. El invierno prolongado ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que retorna con cada temporada invernal o con sequías que se traducen en aparatosos incendios: ¿está el departamento realmente preparado para enfrentar los riesgos que ya conoce?
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En contexto: Mientras Cundinamarca arde, 46 municipios continúan sin convenio de bomberos
El balance del último año es el punto de partida para entender cómo se prepara el departamento ante una nueva contingencia. Durante 2025, las emergencias asociadas a inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa dejaron diez personas muertas, más de 21 lesionadas y cerca de 1.200 familias afectadas. A diferencia de otros años, las lluvias no cedieron en diciembre ni en el arranque de 2026. El calentamiento global desajustó la precisión de las predicciones climáticas, situación que se reflejó en el desorden y en el olvido de algunos planes locales de prevención. En los primeros días de este año ya se reportan dos nuevas víctimas fatales en el sector de Cambao, en San Juan de Río Seco, tras incidentes en el río Magdalena.
De acuerdo con la gobernación de Cundinamarca, los municipios en donde sucedieron las emergencias que cobraron víctimas mortales fueron:
- Silvania (Quebrada El Hato): 4 personas
- Gutiérrez (Río Blanco): 2 personas
- Viotá (Río Calandaima): 1 persona
- San Juan de Rioseco, inspección Cambao (Río Magdalena): 2 personas
- Fusagasugá (Río Chocho): 1 persona
Las lecciones que no aprendemos
Detrás de esas cifras hay patrones que se repiten. Según explica el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, la mayoría de las muertes se produjeron durante actividades recreativas en ríos y quebradas: baños, paseos de olla o permanencia en zonas que la comunidad asume como seguras pero que, sin embargo, basta un leve cambio en las condiciones climáticas para que la “seguridad” se transforme en amenaza. Municipios como Villeta, Sasaima, Biotá o Gutiérrez concentran buena parte de esos casos. En este último, una menor de 11 años continúa desaparecida desde 2025, tras ser arrastrada por una creciente súbita durante una salida familiar.
No todos los episodios ocurren por imprudencia individual. En Silvania, una familia que se desplazaba en vehículo por una vía rural fue sorprendida por el aumento repentino del caudal. Tres personas murieron. La búsqueda del último cuerpo tomó más de 40 días, un lapso que ilustra la complejidad técnica de operar en ríos con alta profundidad, remolinos, múltiples brazos y caudales inestables. “A veces encontrar un cuerpo no es solo cuestión de esfuerzo, sino de paciencia. Dependemos de muchas condiciones que no están bajo nuestro control. Las familias muchas veces se molestan con nosotros porque una búsqueda no da resultado, ahí confluyen mil factores pero siempre tratamos de cumplir nuestro deber a cabalidad”, señala Farfán, al tiempo que recuerda que los riesgos no son exclusivos para las víctimas.
Los socorristas también están expuestos. En 2025, un bombero murió durante labores de búsqueda en el municipio de Gutiérrez. ““Con profunda tristeza quiero informar que, tras intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez”, indicó en su momento el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Rozo desapareció en el río Blanco mientras apoyaba los trabajos de búsqueda de Shairin Tovar, menor de 11 años que desapareció en las aguas del mencionado río.
El hecho marcó un punto de quiebre dentro de la institución, no solo por la pérdida humana, sino por el contexto en el que ocurrió: el municipio no contaba con un cuerpo de bomberos operativo ni con un convenio vigente para la prestación del servicio. La atención se dio gracias al apoyo solidario de otros municipios, una práctica habitual en el departamento que, según Farfán, se ha normalizado sin evaluar sus consecuencias.
Ese caso resume uno de los principales vacíos de la gestión del riesgo en Cundinamarca. Al cierre de 2025, al menos 12 municipios no tenían cuerpo de bomberos ni convenios activos, pese a que la ley establece la obligación de garantizar el servicio público de bomberos de manera permanente. Otros municipios funcionan con contratos intermitentes, de tres o seis meses, que dejan lapsos sin cobertura efectiva. “La emergencia no entiende de contratos”, advierte Farfán, quien insiste en que la prestación del servicio debería garantizarse los 365 días del año.
Un viejo mal
La situación no es nueva ni desconocida por los entes de control, aunque, hay que decirlo, ha mejorado notoriamente. Este mismo medio señaló, en enero de 2024, en plena contingencia por los incendios forestales que azotaron a la región, que, para la época, eran 47 los municipios que no habían pactado un convenio o directamente no tenían prestación del servicio esencial de bomberos. Hoy, sin terminar el consolidado general, la delegación departamental señala que son 12 los municipios que se siguen pasando la norma por la faja, y de paso, poniendo en riesgo a sus residentes.
Según el capitán, la falta de convenios y de cuerpos operativos ha sido puesta en conocimiento de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, los procesos avanzan lentamente o no producen cambios visibles. Mientras tanto, los cuerpos de bomberos activos terminan asumiendo la atención de emergencias en varios municipios al mismo tiempo, una sobrecarga que reduce la capacidad de respuesta cuando se presentan eventos simultáneos.
“Por fortuna no hemos tenido emergencias simultáneas en municipios que apoyan en donde no hay cuerpos de bomberos. Pero es una posibilidad latente que se puede salir de las manos en cualquier momento. Necesitamos, además de gobernantes más comprometidos con sus municipios, más inversión”, destaca Farfán.
A estos vacíos administrativos se suma una brecha tecnológica cada vez más evidente. El crecimiento urbano e industrial del departamento no ha sido acompañado por una modernización proporcional de los equipos de emergencia. Municipios que hoy cuentan con edificios de seis, siete o más pisos siguen operando con máquinas básicas, diseñadas para atender incendios de uno o dos niveles.
El dato habla por sí mismo: en todo Cundinamarca existe una sola máquina escalera, ubicada en Madrid, y su capacidad resulta insuficiente frente a la expansión de conjuntos residenciales, o altos edificios en donde se desarrollan actividades comerciales en municipios como Chía, Cajicá, Cota, Funza, Mosquera o Soacha.
El problema se agrava en las zonas industriales. Cundinamarca se ha convertido en receptor de parques industriales y centros logísticos que antes estaban en Bogotá. Tocancipá, Tenjo, el corredor de la calle 80 y el occidente del departamento concentran empresas que manejan sustancias químicas y materiales peligrosos que, en caso de emergencia, deben tratarse con altos estándares y con un protocolo de primer nivel. Aun así, los equipos especializados para atender este tipo de incidentes son limitados y no cubren todo el territorio. Las principales vías del departamento, por donde transita buena parte de la carga que entra y sale de la capital, por ejemplo, representan un riesgo permanente que no siempre cuenta con respuesta técnica adecuada.
El panorama operativo incluye otras carencias básicas. Hay municipios que no tienen hidrantes funcionales, que carecen de sistemas de comunicación eficientes o que cuentan con personal insuficiente para turnos prolongados. En algunos casos, ni siquiera existe una máquina de bomberos propia. Así, la atención de emergencias depende entonces de la distancia, la disponibilidad y la buena voluntad de cuerpos vecinos.
Entre tanto, mientras el exceso de lluvias domina la agenda, los bomberos no dejan de mirar el riesgo contrario. Aunque las precipitaciones han reducido la incidencia de incendios forestales en este inicio de año, las causas estructurales siguen ahí: quemas “controladas” para limpieza de terrenos, fogatas en zonas rurales, campismo sin medidas de seguridad y fallas en redes eléctricas que atraviesan áreas boscosas. Farfán recuerda que en años recientes otro bombero perdió la vida al atender un incendio forestal provocado por una línea de media tensión caída, un riesgo doble que combina fuego y electricidad.
En ese contexto, la preparación para una eventual temporada seca no es una hipótesis lejana. La experiencia reciente muestra que el clima puede cambiar de forma abrupta y que los sistemas de atención deben adaptarse con rapidez. Sin embargo, esa preparación no depende solo de planes en el papel, sino de inversión sostenida, continuidad administrativa y decisiones políticas que asuman la gestión del riesgo como una prioridad y no como un gasto prescindible.
La radiografía que deja este invierno prolongado es clara: Cundinamarca enfrenta emergencias cada vez más complejas con capacidades que no crecen al mismo ritmo. Las advertencias a la ciudadanía se repiten porque las condiciones que las hacen necesarias persisten. Los vacíos en la operación de los bomberos, la brecha tecnológica y la falta de convenios municipales no son fallas coyunturales, sino estructurales. Si algo ha demostrado este ciclo de lluvias es que el riesgo ya no es excepcional, sino parte del paisaje cotidiano. Lo que sigue en discusión es si las instituciones aprenderán esa lección antes de que el próximo extremo climático —sea agua o sequía— vuelva a cobrar su precio.
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