Sin licencia para sancionar EPS

El pasado enero, pocos días después de su posesión como secretario de Salud, Guillermo Jaramillo llegó hasta la oficina del superintendente de Salud de la mano de un niño y acompañado por una mujer. El niño era Kenneth Moroni; la mujer, su madre. ¿Cuál era el motivo de la visita? Moroni, de apenas 10 años, sufre una insuficiencia renal y pese a que su madre está dispuesta a ser la donante y a que ya han interpuesto tutelas y múltiples derechos de petición, la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Salud Cóndor no les ha autorizado el trasplante. Por eso, Jaramillo decidió acompañarlos personalmente hasta donde el superintendente Conrado Gómez para pedirle su ayuda. Ese día salieron sonrientes. Gómez les aseguró que agilizaría el proceso. Sin embargo, pasaron los días y a esta hora el pequeño sigue esperando la señal para someterse a la cirugía.

Aunque quisiera, Jaramillo no puede hacer más al respecto. Tiene que esperar a que la Superintendencia tome alguna determinación en relación con el caso, pues esta es la única que puede ejercer algún tipo de control o sanción hacia las EPS.

El drama de Moroni es sólo uno de los motores que tienen a Jaramillo trabajando a toda marcha para lograr que la Secretaría de Salud consiga una acreditación de calidad que otorga el Icontec. ¿La razón? De recibir esta acreditación, la Superintendencia podría delegarle a la Secretaría algunas de sus funciones, tales como la inspección, vigilancia y control de las EPS y a todos los demás regímenes de salud, como lo señala la Ley 1438.

“Hoy lo único que podemos hacer es pasarle las quejas a la Superintendencia y esperar a que ésta investigue, pero estamos perdiendo nuestro tiempo. Una vez acreditados, podremos sancionar directamente una EPS si encontramos fallas por incumplimiento. Por ejemplo, en el caso del niño, hay tutela y desacato de esa tutela y en este momento, aunque hubo una promesa, no ha pasado nada”. Así empieza Jaramillo a explicar por qué la acreditación se le ha convertido en una de las tareas ineludibles y más ambiciosas de su gestión.

No sólo necesitará millonarios recursos, sino todo el empeño del equipo de trabajo de la Secretaría. Si lo logra, el Distrito sería el primer ente territorial acreditado en salud en el país.

Entre los requisitos necesarios está armar una planta de 1.004 empleados fijos que puedan seguir todo el proceso. Al mismo tiempo, conectar la Secretaría a través de las nuevas tecnologías de la información, organizar archivos, liberar procesos, estandarizar protocolos. Lo tercero, mejorar la infraestructura física de la entidad. En total tendrán que cumplir 112 ítems de calidad antes de pasar el examen del Icontec.

Aun con la acreditación en la mano, la última palabra la tendría la Superintendencia, que eventualmente podría decidir no delegar sus potestades, como lo explica William Javier Vega, director jurídico del ente de regulación.

Pero hay más aristas que hacen que el camino que se ha trazado Jaramillo sea bastante espinoso. Antes de entregarle sus facultades a la Secretaría de Salud, la Superintendencia quiere estar segura de que no habrá conflicto de intereses: “no queremos que el eventual secretario de Salud sea juez y parte al mismo tiempo”. Según Vega, no sería conveniente que la Secretaría de Salud, que actualmente es parte de la Junta Directiva de los hospitales, al mismo tiempo sea quien sancione a las EPS, porque éstas podrán verse presionadas en los procesos contractuales.

El proceso de acreditación, como él mismo lo reconoce, podría tardar mínimo tres años.

¿Y qué haría Jaramillo con las EPS que hoy le deben a la red de hospitales públicos alrededor de $250 mil millones, si hoy la Secretaría estuviera acreditada y respaldada por la Superintendencia? “Ya las hubiera sacado del régimen subsidiado del Distrito, desaparecerían Salud Cóndor, Humana Vivir, Solsalud, Ecopsos y Caprecom, porque están ilíquidas y no están prestando los servicios”.

Entretanto, por los pasillos de la Secretaría se empieza a respirar un gran desafío que el secretario promete cumplir de aquí a cuatro años.

El pasado enero, pocos días después de su posesión como secretario de Salud, Guillermo Jaramillo llegó hasta la oficina del superintendente de Salud de la mano de un niño y acompañado por una mujer. El niño era Kenneth Moroni; la mujer, su madre. ¿Cuál era el motivo de la visita? Moroni, de apenas 10 años, sufre una insuficiencia renal y pese a que su madre está dispuesta a ser la donante y a que ya han interpuesto tutelas y múltiples derechos de petición, la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Salud Cóndor no les ha autorizado el trasplante. Por eso, Jaramillo decidió acompañarlos personalmente hasta donde el superintendente Conrado Gómez para pedirle su ayuda. Ese día salieron sonrientes. Gómez les aseguró que agilizaría el proceso. Sin embargo, pasaron los días y a esta hora el pequeño sigue esperando la señal para someterse a la cirugía.

Aunque quisiera, Jaramillo no puede hacer más al respecto. Tiene que esperar a que la Superintendencia tome alguna determinación en relación con el caso, pues esta es la única que puede ejercer algún tipo de control o sanción hacia las EPS.

El drama de Moroni es sólo uno de los motores que tienen a Jaramillo trabajando a toda marcha para lograr que la Secretaría de Salud consiga una acreditación de calidad que otorga el Icontec. ¿La razón? De recibir esta acreditación, la Superintendencia podría delegarle a la Secretaría algunas de sus funciones, tales como la inspección, vigilancia y control de las EPS y a todos los demás regímenes de salud, como lo señala la Ley 1438.

“Hoy lo único que podemos hacer es pasarle las quejas a la Superintendencia y esperar a que ésta investigue, pero estamos perdiendo nuestro tiempo. Una vez acreditados, podremos sancionar directamente una EPS si encontramos fallas por incumplimiento. Por ejemplo, en el caso del niño, hay tutela y desacato de esa tutela y en este momento, aunque hubo una promesa, no ha pasado nada”. Así empieza Jaramillo a explicar por qué la acreditación se le ha convertido en una de las tareas ineludibles y más ambiciosas de su gestión.

No sólo necesitará millonarios recursos, sino todo el empeño del equipo de trabajo de la Secretaría. Si lo logra, el Distrito sería el primer ente territorial acreditado en salud en el país.

Entre los requisitos necesarios está armar una planta de 1.004 empleados fijos que puedan seguir todo el proceso. Al mismo tiempo, conectar la Secretaría a través de las nuevas tecnologías de la información, organizar archivos, liberar procesos, estandarizar protocolos. Lo tercero, mejorar la infraestructura física de la entidad. En total tendrán que cumplir 112 ítems de calidad antes de pasar el examen del Icontec.

Aun con la acreditación en la mano, la última palabra la tendría la Superintendencia, que eventualmente podría decidir no delegar sus potestades, como lo explica William Javier Vega, director jurídico del ente de regulación.

Pero hay más aristas que hacen que el camino que se ha trazado Jaramillo sea bastante espinoso. Antes de entregarle sus facultades a la Secretaría de Salud, la Superintendencia quiere estar segura de que no habrá conflicto de intereses: “no queremos que el eventual secretario de Salud sea juez y parte al mismo tiempo”. Según Vega, no sería conveniente que la Secretaría de Salud, que actualmente es parte de la Junta Directiva de los hospitales, al mismo tiempo sea quien sancione a las EPS, porque éstas podrán verse presionadas en los procesos contractuales.

El proceso de acreditación, como él mismo lo reconoce, podría tardar mínimo tres años.

¿Y qué haría Jaramillo con las EPS que hoy le deben a la red de hospitales públicos alrededor de $250 mil millones, si hoy la Secretaría estuviera acreditada y respaldada por la Superintendencia? “Ya las hubiera sacado del régimen subsidiado del Distrito, desaparecerían Salud Cóndor, Humana Vivir, Solsalud, Ecopsos y Caprecom, porque están ilíquidas y no están prestando los servicios”.

Entretanto, por los pasillos de la Secretaría se empieza a respirar un gran desafío que el secretario promete cumplir de aquí a cuatro años.