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La carrera se corrió, pero el problema sigue abierto. A casi un mes de la Snoopy Fun Run en Bogotá, las denuncias por fallas logísticas, kits incompletos y desorganización no han tenido una solución de fondo para decenas de participantes. Mientras tanto, el organizador no solo descarta devoluciones, sino que cuestiona jurídicamente las reclamaciones colectivas y advierte posibles acciones legales… en medio de planes para replicar el evento en otras ciudades.
Lo que ocurrió el 15 de marzo dejó más preguntas que respuestas.
“Nosotros corrimos, pero todo fue un tema de logística”, cuenta Paola López, una de las asistentes que pagó COP $160.000 en preventa. Como ella, decenas de participantes aseguran que los problemas comenzaron incluso antes del día del evento: tras pagar, solo recibieron un correo de confirmación, sin información clara sobre rutas, horarios o entrega de kits.
“Si uno no tenía redes, no tenía cómo enterarse”, dice.
Ese vacío terminó trasladándose al terreno. Filas de dos y hasta tres cuadras, esperas de cuatro o cinco horas y una entrega caótica de kits marcaron la jornada. Según relata Bryan Stiven Beltrán, en medio del desorden varias personas tomaron camisetas y números sin control.
“Las tenían en tulas y la gente se las llevaba casi por bultos”, afirma.
Según asistentes, en ese proceso se habrían perdido cerca de 1.500 kits, algunos revendidos después en redes sociales. Las inconsistencias también se reflejaron en el contenido: camisetas sin tallas, elementos distintos a los anunciados y kits incompletos.
A esto se suma lo que muchos califican como una solución tardía: la promesa de entregar elementos faltantes semanas después del evento.
La organización ratificó que sí habrá reposición de camisetas y medallas. Sin embargo, el proceso no será inmediato ni automático.
Según lo indicado, la entrega comenzará 20 días hábiles después del 15 de marzo de 2026 y deberá ser gestionada de forma individual por cada participante a través de los canales oficiales del evento.
“¿Para qué recibir el kit después, si la idea era usarlo el día de la carrera?”, cuestiona Guadalupe Hernández, una de las afectadas, en declaraciones a El Espectador.
Fundaciones, dinero y dudas
Otro de los puntos de inconformidad está en el componente social del evento.
Según asistentes, inicialmente se habló de una donación del 10 % del recaudo para fundaciones, pero posteriormente se aclaró que sería el 5 % del total neto, dividido entre varias organizaciones. Algunas, incluso, habrían tenido que asumir costos para participar, lo que dejó pérdidas en lugar de beneficios.
Frente a las críticas, el organizador Iraik Mier reconoció fallas en la logística y aseguró que la operación fue insuficiente para atender la demanda.
En conversación con este medio, explicó que la entrega de kits se vio afectada por errores de organización y falta de personal, lo que derivó en desorden y en la sustracción de elementos por parte de algunos asistentes.
Según indicó la organización, cuenta con registros de lo ocurrido y evalúa interponer denuncias por estos hechos. En esa misma línea, insiste en que el derecho de petición colectivo carece de validez jurídica, advierte posibles conductas de mala fe en algunos reclamos y asegura que adelanta un cruce entre el listado de reclamantes y registros audiovisuales del evento para identificar inconsistencias, que —según señala— podrían ser presentadas ante las autoridades competentes.
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En un documento enviado a Guadalupe Hernánde tras reclamar, la organización Inversiones Natural-Mente S.A.S. negó el reembolso colectivo, argumentando que el reglamento del evento —aceptado por los participantes— establece que el dinero no es devolvible y que el servicio se prestó “satisfactoriamente”.
Además, cuestionó la validez del reclamo al considerar que no cumple requisitos legales de representación y que las reclamaciones deben ser individuales.
Pero la respuesta no se quedó ahí.
En una segunda comunicación del 8 de abril, la empresa advirtió que las denuncias públicas podrían derivar en consecuencias legales. Incluso señaló que, si el “ruido en redes” afecta la realización de futuras carreras, los reclamantes podrían ser responsables por perjuicios económicos.
“Acá me dice que si la carrera se le cae en Medellín o Cali, que entonces es mi culpa”, resume Hernández.
Un modelo que deja vacíos
Más allá del caso puntual, la carrera volvió a poner sobre la mesa un problema mayor.
En Bogotá, estos eventos son organizados por privados. Aunque deben cumplir requisitos ante el Distrito —como permisos, pólizas y planes de manejo—, la ejecución depende completamente del operador.Es decir: las autoridades revisan el papel, pero no controlan lo que pasa en la experiencia real.
Para algunos participantes, el problema no es el formato, sino los vacíos en el control de calidad y en la responsabilidad frente a lo prometido.
“Correr es algo muy sano y muy democrático, pero cuando esto se vuelve masivo, empiezan a pasar estas cosas”, dice uno de los asistentes.
Impacto en la ciudad
El evento también tuvo efectos más allá de los corredores.
Para su realización, se autorizaron cierres en corredores clave como la carrera Séptima, entre Las Aguas y el Parque Nacional, lo que generó afectaciones en la movilidad. “¿Cómo se les ocurre programar una carrera cuando hay pruebas del Icfes?”, escribió una usuaria.
Aunque las autoridades hicieron monitoreo, las quejas evidenciaron que estos eventos pueden tener impactos que van más allá de quienes participan.
Pese a las denuncias y a la falta de soluciones de fondo para los afectados, el organizador ha confirmado su intención de replicar la carrera en ciudades como Medellín y Cali.
La promesa es corregir errores.La realidad, por ahora, es otra: en Bogotá, muchos siguen esperando respuestas.
Lo que dejó la Snoopy Run no fue solo inconformidad. Fue una señal de alerta sobre un modelo que crece rápido, pero no siempre responde cuando falla. Porque en este caso, la carrera sí se hizo. Pero, para muchos, lo prometido no llegó.
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