Soacha abriga a las víctimas

En los últimos 30 años el municipio de Soacha ha estado sumido en una crisis violenta que ha aguzado la situación de sus habitantes y, de paso, la de su vecino más cercano, el distrito capital. Según el censo del Dane de 2005, en el municipio viven 505.992 habitantes, de los cuales el 79% viene de otras regiones del país. En 2008, el país centró su atención en Soacha. Fue allí donde las Fuerzas Militares desaparecieron a 17 jóvenes que luego fueron presentados como “muertos en combate” en Ocaña, Norte de Santander.

Tanto la Nación como la Gobernación de Cundinamarca son conscientes de que Soacha es uno de los municipios más afectados por el conflicto armado en el país. En la actualidad el gobierno nacional tiene registradas 38.805 víctimas en ese municipio. Por eso, desde 2012, la Nación, la Gobernación departamental y la Alcaldía de Soacha planearon la construcción del primer centro regional para la atención integral a las víctimas en el país. Hoy, el proyecto ya está adjudicado a la Inmobiliaria de Cundinamarca.

En un terreno de 27 mil metros cuadrados ubicado en el sector de San Mateo será construido el primer centro regional para las víctimas. “Es un lugar estratégico porque San Mateo es colindante con Altos de Cazuca; es de fácil acceso para Ciudad Bolívar”, dice Juan Carlos Nemocón, alcalde Soacha. En la actualidad, la Unidad de Atención y Orientación (UAO) del municipio atienden alrededor de 300 desplazados cada día.

En nueve meses, según la Gobernación de Cundinamarca, estará listo el primer centro regional para la atención a las víctimas: “La idea es hacerlo rápido pero muy bien. Ya tenemos los estudios previos, el terreno y el presupuesto. Soacha es un municipio receptor de víctimas y merece un centro de estas características. Con la articulación de todas las entidades vinculadas podemos garantizar que la política pública llegue al territorio. Por ejemplo, acompañaremos, recogeremos, y llevamos al centro de atención a las víctimas de otros municipios”, explica Edna Rocío Pulido, asesora de la Oficina de Atención Integral a víctimas del conflicto armado; la cual hace parte de la gobernación departamental.

De acuerdo con la información de la esta dependencia, el centro funcionará a través de solicitudes y está en capacidad para atender 400 o 500 personas cada día. “La atención es integral, pero depende de las solicitudes de las víctimas. Habrá espacios para que solucionen sus problemas de identificación con la Registraduría, así mismo los trámites del servicio militar, y las gestiones jurídicas y de salud. En el Plan de Desarrollo del departamento tenemos 57 metas específicas para las víctimas de Cundinamarca y un presupuesto de $27 mil millones ”, dice Pulido.

El proyecto de centro regional tiene tres fuentes de financiamiento: la gobernación de Cundinamarca se comprometió con $578.658.342 ($248.000.000 para estudios previos, $6.900.000 en licencia de construcción y $323.758.342 administrados por el Instituto de Infraestructura y Concesiones), la Alcaldía de Soacha aportó el terreno (valorado en $1.598.806.000) y la Unidad para la Atención a las Víctimas del gobierno nacional, que aportó $1.900.000.000 para la construcción y dotación del centro. El costo de todo el centro es de $4.077.464.342.

Este centro deberá recibir a las 520 mil víctimas que, aproximadamente, habitan en el departamento. Excluyendo a Bogotá, las víctimas que residen en los municipios (ver infografía) son 114,117. De éstas, Soacha es el que más víctimas tiene: 38.805. Lejos de esta cifra están otros municipios que son de los más afectados por el conflicto armado. A Soacha le sigue Fusagasugá, que tiene 7952 víctimas registradas. El municipio de Viotá registró 7028, y tiene 10.000 habitantes. En el municipio de La Palma, existen 6683 víctimas. Luego están Facatativá y Agua de Dios, que rondan la cifra de las 5.500 víctimas.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, tanto Viotá como la Palma tendrán sus propios centros regionales de atención. “Ya estamos en el proceso de formulación, en un mes estaremos hablando con la Nación y entregaremos todas las fichas técnicas y todos los documentos porque ya tenemos los lotes y estamos por terminar la propuesta”, dice Maria Elisa Pinto, jefe de la Oficina de Atencuión Integral a víctimas del armado.

De acuerdo con un estadísticas de la Red Nacional de Información, a corte de febrero de 2013, Soacha tenía registrados los siguientes casos de violencia: 37 actos terroristas, 8 delitos contra la libertad y la integridad sexual, 86 desapariciones forzadas, 38065 desplazamientos, 400 homicidios y/o masacres, tres víctimas de minas antipersona, 16 secuestros, dos casos de tortura y 121 de abandono o despojo forzado de tierra.

Para Juan Carlos Nemocón, alcalde Soacha, esto se debe a la “indiferencia que durante muchos años ha tenido el Estado con Soacha. Hoy podemos tener certeza de que este centro será una realidad. En el edificio encontrarán las instituciones que necesitan: Bienestar Familiar, Defensoría, Personería, Sena. Sin embargo, necesitamos urgentemente un batallón militar para mejorar la seguridad de los habitantes del municipio. Aún no se puede hablar de Soacha como un municipio pos conflicto: primero es necesario garantizar los derechos a las personas. Y uno de esos derechos es la seguridad.”

En concordancia con la perspectiva de Nemocón está la de Jorge Armando Otálora , actual defensor del pueblo del país. De acuerdo con un informe emitido por el organismo en junio de este año, “el riesgo de violaciones de derechos humanos en Soacha no solo persiste para las comunidades asentadas en Altos de Cazucá y Altos de la Florida sino que incluso se ha extendido a las zonas de Compartir, La Despensa y San Mateo, por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales”.

Agrega el informe que “el escenario de riesgo de violaciones a los derechos humanos en contra de los habitantes de Soacha está determinado por las amenazas generadas por la presencia y actuación de grupos armados post desmovilización de las AUC (Águilas Negras- Bloque Capital y Rastrojos- Comandos Urbanos), así como de integrantes de posibles milicias de las FARC”.

Adicionalmente, la Gobernación de Cundinamarca adelanta otro plan que está relacionado con la reparación de las víctimas: la restitución y legalización de tierras: “ Tenemos otros municipios que se están convirtiendo en receptores de desplazamiento, como Soacha. Por eso estamos adelantando la legalización de predios, ya hemos atendido a 393 que necesitan legalizar su tierra. Hay muchas víctimas que dejaron sus tierras y quedó el terreno sin escrituras. Por eso estamos adelantando el proceso de restitución, para el cual ya tenemos 600 solicitudes”, dice Pulido .

El centro regional de atención a víctimas tiene un reto en términos estéticos: “la arquitectura propuesta ha querido constituir evidencia de las complejas contradicciones y limitaciones que rodean hoy este proceso, convencidos siempre que la atención a las víctimas resulta ser una pieza clave e n una afirmación deseable de futuro”, dice Sergio Trujillo, arquitecto que ya tiene listos los primeros planos para el proyecto.

Andrés Suárez, asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica (que recientemente entregó el informe sobre el conflicto armado en Colombia) señala la importancia de que Soacha haya sido escogido como el primer municipio que tendrá un centro regional de atención a víctimas: “Es fundamental en términos de reconocimiento, más que todo por la conurbación de Soacha con Bogotá. El conflicto armado en el país se ha invisibilizado en las ciudades. En Soacha queda demostrado que la dinámica del conflicto está aquí, cerca. Bogotá es el foco de recepción del conflicto armado y es un salto cualitativo reconocer los efectos del conflicto en Soacha”.

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@santiagov72