Soacha, una sola cantera

La extracción de materiales de construcción en Soacha ha convertido parte del municipio en una mina a cielo abierto. La población, de 182 kilómetros cuadrados, tiene el 15% de su territorio legalmente dedicado a la minería, ya que para extraer estos minerales se requiere de una licencia del Ministerio de Minas . Gran parte de la extracción está en veredas como Fusungá, Alto del Cabra, Alto de la Cruz, Panamá, San Francisco, San Jorge, Romeral, El Vínculo y La Veredita.

Sin embargo, el porcentaje se queda corto y podría ser el doble, si se cuenta que en Soacha hay más canteras ilegales e informales que legales, como lo indica el concejal Andrés Jaramillo y lo ratifica la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Al hacer el inventario de las minas legales , según el Catastro Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) hay 52 títulos para explotar materiales de construcción, con ubicación exclusiva en Soacha, de las cuales 11 están vencidas y sólo 12 tienen plan de manejo ambiental. A éstas habría que sumar 14 licencias , que incluyen territorios de otros municipios como Sibaté, Bojacá, Mosquera y San Antonio del Tequendama.

Los títulos legales abarcan un 2.300 hectáreas del municipio. Sin embargo, el 70% están en manos de siete empresas o personas naturales. Por ejemplo, el título más grande lo tiene Minas de Canoas Ltda. (Mincal), con licencia para explotar 467 hectáreas hasta 2025. Le sigue la Ladrillera Santafé, con cuatro títulos que suman 364 ha; el conglomerado alrededor de Alfagrés S. A. (con Minera de Pantoja S. A. y Flor Gres S. A.), que tienen siete títulos (cuatro vencidos) para explotar 195 ha, y la Ladrillera Santander, con tres títulos (uno vencido), para explotar 127 ha, hasta el año 2037.

En cuanto a personas naturales, Manuel Jiménez Álvarez tiene el título más grande, para explotar 210 ha, hasta el año 2024; seguido por Elizabeth Quiñónez, con dos títulos para explotar 172 ha, y Carlos Arturo Toro, con tres licencias para explotar 120 ha.

Minas ilegales

Frente a las minas ilegales, ninguna autoridad tiene un dato concreto. Mientras el concejal Andrés Jaramillo afirma que en el municipio hay casi 130 zonas de explotación (incluyendo las legales), el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, dice que la cifra podría alcanzar los 200 puntos . Es decir, la ilegalidad oscilaría entre el 60 y el 75%.

“Si se analizan los datos, encontramos que de las minas que se explotan en el municipio, casi el 90% operan sin los requisitos de ley. Por eso, la situación de la explotación de materiales en Soacha es crítica. Tenemos una ilegalidad grande que ha sido difícil de controlar. Y para completar, el municipio no recibe impuestos ni regalías, lo que perjudica los ingresos y el desarrollo de la ciudad”, agregó.

Otros líos

Pero el problema de la minería ilegal no sólo es cuestión de impuestos o regalías. También existen otras situaciones alrededor de estas canteras. Por ejemplo, muchos obreros trabajan sin seguridad social ni cobertura de riesgos profesionales. Y aunque las estadísticas de la Gobernación señalan que las canteras generan 6.000 empleos directos, la realidad parece ser otra cuando se encuentran personas de la tercera edad trabajando en condiciones laborales irregulares.

De igual forma, se estima que de casi 2.000 volquetas que transportan el material de construcción, sólo 500 tendrían sus documentos en regla (revisión técnico-mecánica y Soat) y cumplen con los planes de manejo para transportar el material, que consiste en cubrirlo con lonas para reducir la polución. En cifras concretas, el 75% de los vehículos que trabajan en las minas no cumplen las normas mínimas.

Además, muchas minas están a escasos 200 metros de algunas zonas residenciales, como el barrio San Mateo, violando la norma que obliga a que estén mínimo a 400 metros. Este factor, combinado con la polución que generan las volquetas que transitan sin cubrir el material de construcción, ha generado problemas de salud entre la comunidad. Las zonas más afectadas son las comunas cuatro y seis, y el corregimiento número uno. Por la cercanía, según la Secretaría de Salud de Soacha y el Hospital Mario Gaitán, la principal causa de consulta de los habitantes de estas comunidades son las infecciones respiratorias agudas.

Falta de control

A pesar de las irregularidades que a diario se denuncian en el municipio, las operaciones de control son pocas. Es por esto que los habitantes critican el papel que están desempeñando tanto la CAR, por la demora en los procesos, como la propia administración. A la fecha, según datos de la propia Corporación Autónoma, en los últimos tres años se han impuesto sólo nueve medidas preventivas.

“Lamentablemente los procesos son demorados y la CAR no controla la minería en Soacha. De igual forma, la administración municipal tampoco está cumpliendo su deber. Ellos deberían ocuparse de los cierres preventivos y notificar a la CAR, pero no hacen nada, porque supuestamente no está dentro de sus competencias”, agrega el concejal Jaramillo.

Muy difícil

Y mientras el concejal señala a la CAR como la responsable por la falta de control, para Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la entidad, el problema es otro. Aunque reconoce las falencias que tiene su entidad y la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para ejercer un mayor control, señala que su verdadero lío es la falta de apoyo de las autoridades locales.

El funcionario indicó que la minería en Soacha es un problema complejo, ya que no es sólo la minería ilegal, sino la informal, que hoy está amparada por unos regímenes de legalización expedidos por las autoridades mineras nacionales. “Estamos diseñando una estrategia, que ya hemos implementado con la Policía de Carabineros y la Unidad de Fiscalías para el Medio Ambiente. Hemos hecho varios cierres de minas e imposición de medidas preventivas, pero el tema en Soacha se ha vuelto muy complicado, porque no hemos encontrado apoyo de las autoridades locales”.

El funcionario explicó que la CAR como autoridad ambiental impone una medida preventiva, mediante acto administrativo, y envía visitas de control, pero que la oficina que opera en Soacha sólo cuenta con cuatro funcionarios para controlar más de 200 actividades mineras.

“Desafortunadamente allí no respetan las medidas preventivas. Además, hay grupos y sujetos armados que han amenazado a nuestros funcionarios para impedir que hagan inspecciones en las minas. La única arma de nuestros funcionarios es un carné. Se les ha pedido colaboración a la Alcaldía y a la Policía de Soacha, pero no la hemos obtenido. Esto es un problema que sólo se soluciona si hay una voluntad real de los gobiernos nacional y local, y el apoyo de la Policía. Sin estos factores es imposible controlar la minería en ese municipio”, concluyó.

El Espectador intentó comunicarse con el alcalde de la localidad, pero no se pudo establecer contacto. Por ahora, los líos detrás de la minería ilegal en Soacha y su proliferación parecen ser un cuento de nunca acabar.

jamarin@elespectador.com

@alexmarin55

La extracción de materiales de construcción en Soacha ha convertido parte del municipio en una mina a cielo abierto. La población, de 182 kilómetros cuadrados, tiene el 15% de su territorio legalmente dedicado a la minería, ya que para extraer estos minerales se requiere de una licencia del Ministerio de Minas . Gran parte de la extracción está en veredas como Fusungá, Alto del Cabra, Alto de la Cruz, Panamá, San Francisco, San Jorge, Romeral, El Vínculo y La Veredita.

Sin embargo, el porcentaje se queda corto y podría ser el doble, si se cuenta que en Soacha hay más canteras ilegales e informales que legales, como lo indica el concejal Andrés Jaramillo y lo ratifica la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Al hacer el inventario de las minas legales , según el Catastro Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) hay 52 títulos para explotar materiales de construcción, con ubicación exclusiva en Soacha, de las cuales 11 están vencidas y sólo 12 tienen plan de manejo ambiental. A éstas habría que sumar 14 licencias , que incluyen territorios de otros municipios como Sibaté, Bojacá, Mosquera y San Antonio del Tequendama.

Los títulos legales abarcan un 2.300 hectáreas del municipio. Sin embargo, el 70% están en manos de siete empresas o personas naturales. Por ejemplo, el título más grande lo tiene Minas de Canoas Ltda. (Mincal), con licencia para explotar 467 hectáreas hasta 2025. Le sigue la Ladrillera Santafé, con cuatro títulos que suman 364 ha; el conglomerado alrededor de Alfagrés S. A. (con Minera de Pantoja S. A. y Flor Gres S. A.), que tienen siete títulos (cuatro vencidos) para explotar 195 ha, y la Ladrillera Santander, con tres títulos (uno vencido), para explotar 127 ha, hasta el año 2037.

En cuanto a personas naturales, Manuel Jiménez Álvarez tiene el título más grande, para explotar 210 ha, hasta el año 2024; seguido por Elizabeth Quiñónez, con dos títulos para explotar 172 ha, y Carlos Arturo Toro, con tres licencias para explotar 120 ha.

Minas ilegales

Frente a las minas ilegales, ninguna autoridad tiene un dato concreto. Mientras el concejal Andrés Jaramillo afirma que en el municipio hay casi 130 zonas de explotación (incluyendo las legales), el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, dice que la cifra podría alcanzar los 200 puntos . Es decir, la ilegalidad oscilaría entre el 60 y el 75%.

“Si se analizan los datos, encontramos que de las minas que se explotan en el municipio, casi el 90% operan sin los requisitos de ley. Por eso, la situación de la explotación de materiales en Soacha es crítica. Tenemos una ilegalidad grande que ha sido difícil de controlar. Y para completar, el municipio no recibe impuestos ni regalías, lo que perjudica los ingresos y el desarrollo de la ciudad”, agregó.

Otros líos

Pero el problema de la minería ilegal no sólo es cuestión de impuestos o regalías. También existen otras situaciones alrededor de estas canteras. Por ejemplo, muchos obreros trabajan sin seguridad social ni cobertura de riesgos profesionales. Y aunque las estadísticas de la Gobernación señalan que las canteras generan 6.000 empleos directos, la realidad parece ser otra cuando se encuentran personas de la tercera edad trabajando en condiciones laborales irregulares.

De igual forma, se estima que de casi 2.000 volquetas que transportan el material de construcción, sólo 500 tendrían sus documentos en regla (revisión técnico-mecánica y Soat) y cumplen con los planes de manejo para transportar el material, que consiste en cubrirlo con lonas para reducir la polución. En cifras concretas, el 75% de los vehículos que trabajan en las minas no cumplen las normas mínimas.

Además, muchas minas están a escasos 200 metros de algunas zonas residenciales, como el barrio San Mateo, violando la norma que obliga a que estén mínimo a 400 metros. Este factor, combinado con la polución que generan las volquetas que transitan sin cubrir el material de construcción, ha generado problemas de salud entre la comunidad. Las zonas más afectadas son las comunas cuatro y seis, y el corregimiento número uno. Por la cercanía, según la Secretaría de Salud de Soacha y el Hospital Mario Gaitán, la principal causa de consulta de los habitantes de estas comunidades son las infecciones respiratorias agudas.

Falta de control

A pesar de las irregularidades que a diario se denuncian en el municipio, las operaciones de control son pocas. Es por esto que los habitantes critican el papel que están desempeñando tanto la CAR, por la demora en los procesos, como la propia administración. A la fecha, según datos de la propia Corporación Autónoma, en los últimos tres años se han impuesto sólo nueve medidas preventivas.

“Lamentablemente los procesos son demorados y la CAR no controla la minería en Soacha. De igual forma, la administración municipal tampoco está cumpliendo su deber. Ellos deberían ocuparse de los cierres preventivos y notificar a la CAR, pero no hacen nada, porque supuestamente no está dentro de sus competencias”, agrega el concejal Jaramillo.

Muy difícil

Y mientras el concejal señala a la CAR como la responsable por la falta de control, para Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la entidad, el problema es otro. Aunque reconoce las falencias que tiene su entidad y la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para ejercer un mayor control, señala que su verdadero lío es la falta de apoyo de las autoridades locales.

El funcionario indicó que la minería en Soacha es un problema complejo, ya que no es sólo la minería ilegal, sino la informal, que hoy está amparada por unos regímenes de legalización expedidos por las autoridades mineras nacionales. “Estamos diseñando una estrategia, que ya hemos implementado con la Policía de Carabineros y la Unidad de Fiscalías para el Medio Ambiente. Hemos hecho varios cierres de minas e imposición de medidas preventivas, pero el tema en Soacha se ha vuelto muy complicado, porque no hemos encontrado apoyo de las autoridades locales”.

El funcionario explicó que la CAR como autoridad ambiental impone una medida preventiva, mediante acto administrativo, y envía visitas de control, pero que la oficina que opera en Soacha sólo cuenta con cuatro funcionarios para controlar más de 200 actividades mineras.

“Desafortunadamente allí no respetan las medidas preventivas. Además, hay grupos y sujetos armados que han amenazado a nuestros funcionarios para impedir que hagan inspecciones en las minas. La única arma de nuestros funcionarios es un carné. Se les ha pedido colaboración a la Alcaldía y a la Policía de Soacha, pero no la hemos obtenido. Esto es un problema que sólo se soluciona si hay una voluntad real de los gobiernos nacional y local, y el apoyo de la Policía. Sin estos factores es imposible controlar la minería en ese municipio”, concluyó.

El Espectador intentó comunicarse con el alcalde de la localidad, pero no se pudo establecer contacto. Por ahora, los líos detrás de la minería ilegal en Soacha y su proliferación parecen ser un cuento de nunca acabar.

jamarin@elespectador.com

@alexmarin55