Sumapaz: contratan, pero no ejecutan

Aunque la vocación agrícola y rural de Sumapaz la diferencia de otras localidades de Bogotá, comparte varios de sus problemas, en particular la administración de recursos y la ejecución de proyectos. Así lo muestra la última rendición de cuentas de su alcaldía local: pese a que en 2017 su presupuesto fue de $48.316 millones, apenas comprometió el 56 % ($27.103 millones) y sólo desembolsó $4.182 millones. El documento evidencia que de lo contratado en el último año sólo se han recibido el 4,9 % de las obras, bienes y servicios. De lo anterior se concluye que, aunque a la administración local le va bien en contratación, se raja en ejecución.

Para discutir este asunto, el Concejo hará un debate de control político para analizar la situación y llamar la atención de la administración distrital. Según el concejal Rolando González (Cambio Radical), se trata de un enorme rezago que no es digno con una localidad “con tantas carencias y limitaciones”. Agrega que, de las 25 metas plasmadas en 2017 en el plan de desarrollo de la localidad, el 17 % presentó avances por debajo del 30 %.

“No hubo avances en parques intervenidos, dotaciones para la seguridad, ayudas técnicas para discapacitados ni entrega de material pedagógico para instituciones y jardines infantiles. Sin embargo, sí compraron 32 televisores de 50 pulgadas y 19 cabinas de potencia a cada una de las sedes de los colegios”, dijo González.

La concejal Xinia Navarro (Polo Democrático) expone una de las causas: dice que los proyectos los debe aprobar la Dirección Ejecutiva Local, “cuyos funcionarios laboran desde la Secretaría de Gobierno, con desconocimiento de la cotidianidad del campo y de sus necesidades”. Para la cabildante debe aplicarse un enfoque diferenciador para pensar la localidad desde lo rural y no desde lo urbano. “Las decisiones se toman sin concertación con la comunidad y cuando ellos sugieren proyectos vitales, los someten a innumerables trabas”.

Por su parte, el concejal José David Castellanos (Cambio Radical) comparte la tesis de Navarro y resalta las brechas sociales entre el campo y la ciudad, así como las dificultades para crear sinergias. En su opinión, la localidad está desintegrada de Bogotá y hacen falta instrumentos para conocer sus necesidades, lo que se traduce en líos a la hora de formular políticas públicas y programas. “Si queremos superar el rezago social, debemos generar dinámicas que dignifiquen la vida de sus habitantes para hacerlos sentir integrados a Bogotá”.

Explicaciones

La alcaldesa de Sumapaz, Francy Liliana Murcia, admitió las dificultades, pero aclaró que en parte obedecen a las demoras para obtener conceptos y permisos de las entidades distritales. Sin embargo, destacó que la mayor parte de los proyectos de 2016 y 2017 están liquidados, terminados o en ejecución. “La vigencia 2017 tuvo una dificultad a raíz de una resolución del nivel distrital, que exigía a las alcaldías locales pedir un concepto técnico para poder contratar”.

Este requisito, que generó traumatismos en la ejecución de recursos públicos en las localidades, lo justificó el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, quien de paso pidió tener en cuenta las particularidades de Sumapaz, entre ellas que la mitad de su territorio es parque natural y cualquier plan demanda aprobación de otros entes.

“Desde el nivel central hemos dado lineamientos para garantizar procesos transparentes y eficientes, entre estos la prohibición de los convenios de asociación, el uso obligatorio de los pliegos tipo y el acompañamiento técnico sectorial que hacen las entidades del nivel central a las localidades (…). Asimismo, conviene señalar que, dadas las particularidades de los planes de malla vial y espacio público, éstos requieren mayor tiempo para su ejecución”, manifestó Uribe.

El secretario, en línea con lo dicho por la alcaldesa, precisó que, en lo referente a ejecución, hay que considerar que 2017 fue el primer año de vigencia de los planes de desarrollo local, y por ello “es comprensible que se acaben de ejecutar los proyectos que venían en curso y empezar los nuevos”.

No obstante, reconoció que hay problemas estructurales en ejecución presupuestal, giros de recursos y depuración de obligaciones por pagar. “Estos temas son profundos y los resultados de las reformas que hemos emprendido se verán reflejados en el mediano y largo plazo”, concluyó.

Aunque la vocación agrícola y rural de Sumapaz la diferencia de otras localidades de Bogotá, comparte varios de sus problemas, en particular la administración de recursos y la ejecución de proyectos. Así lo muestra la última rendición de cuentas de su alcaldía local: pese a que en 2017 su presupuesto fue de $48.316 millones, apenas comprometió el 56 % ($27.103 millones) y sólo desembolsó $4.182 millones. El documento evidencia que de lo contratado en el último año sólo se han recibido el 4,9 % de las obras, bienes y servicios. De lo anterior se concluye que, aunque a la administración local le va bien en contratación, se raja en ejecución.

Para discutir este asunto, el Concejo hará un debate de control político para analizar la situación y llamar la atención de la administración distrital. Según el concejal Rolando González (Cambio Radical), se trata de un enorme rezago que no es digno con una localidad “con tantas carencias y limitaciones”. Agrega que, de las 25 metas plasmadas en 2017 en el plan de desarrollo de la localidad, el 17 % presentó avances por debajo del 30 %.

“No hubo avances en parques intervenidos, dotaciones para la seguridad, ayudas técnicas para discapacitados ni entrega de material pedagógico para instituciones y jardines infantiles. Sin embargo, sí compraron 32 televisores de 50 pulgadas y 19 cabinas de potencia a cada una de las sedes de los colegios”, dijo González.

La concejal Xinia Navarro (Polo Democrático) expone una de las causas: dice que los proyectos los debe aprobar la Dirección Ejecutiva Local, “cuyos funcionarios laboran desde la Secretaría de Gobierno, con desconocimiento de la cotidianidad del campo y de sus necesidades”. Para la cabildante debe aplicarse un enfoque diferenciador para pensar la localidad desde lo rural y no desde lo urbano. “Las decisiones se toman sin concertación con la comunidad y cuando ellos sugieren proyectos vitales, los someten a innumerables trabas”.

Por su parte, el concejal José David Castellanos (Cambio Radical) comparte la tesis de Navarro y resalta las brechas sociales entre el campo y la ciudad, así como las dificultades para crear sinergias. En su opinión, la localidad está desintegrada de Bogotá y hacen falta instrumentos para conocer sus necesidades, lo que se traduce en líos a la hora de formular políticas públicas y programas. “Si queremos superar el rezago social, debemos generar dinámicas que dignifiquen la vida de sus habitantes para hacerlos sentir integrados a Bogotá”.

Explicaciones

La alcaldesa de Sumapaz, Francy Liliana Murcia, admitió las dificultades, pero aclaró que en parte obedecen a las demoras para obtener conceptos y permisos de las entidades distritales. Sin embargo, destacó que la mayor parte de los proyectos de 2016 y 2017 están liquidados, terminados o en ejecución. “La vigencia 2017 tuvo una dificultad a raíz de una resolución del nivel distrital, que exigía a las alcaldías locales pedir un concepto técnico para poder contratar”.

Este requisito, que generó traumatismos en la ejecución de recursos públicos en las localidades, lo justificó el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, quien de paso pidió tener en cuenta las particularidades de Sumapaz, entre ellas que la mitad de su territorio es parque natural y cualquier plan demanda aprobación de otros entes.

“Desde el nivel central hemos dado lineamientos para garantizar procesos transparentes y eficientes, entre estos la prohibición de los convenios de asociación, el uso obligatorio de los pliegos tipo y el acompañamiento técnico sectorial que hacen las entidades del nivel central a las localidades (…). Asimismo, conviene señalar que, dadas las particularidades de los planes de malla vial y espacio público, éstos requieren mayor tiempo para su ejecución”, manifestó Uribe.

El secretario, en línea con lo dicho por la alcaldesa, precisó que, en lo referente a ejecución, hay que considerar que 2017 fue el primer año de vigencia de los planes de desarrollo local, y por ello “es comprensible que se acaben de ejecutar los proyectos que venían en curso y empezar los nuevos”.

No obstante, reconoció que hay problemas estructurales en ejecución presupuestal, giros de recursos y depuración de obligaciones por pagar. “Estos temas son profundos y los resultados de las reformas que hemos emprendido se verán reflejados en el mediano y largo plazo”, concluyó.