Surgen más pistas del desfalco en la Universidad Distrital

De la cuenta donde se desviaron los recursos no hay ningún registro desde 2015. / El Espectador

Foto: Archivo El E

Se conocen nuevos detalles del manejo irregular del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (Idexud), el cual está en la mira de las autoridades desde el año pasado, cuando se descubrió el desvío de $12.000 millones por cuenta de su exdirector Wilman Muñoz, hoy condenado por peculado y falsedad en documento privado. Tras la reciente inspección hecha por la Contraloría de Bogotá a los contratos que firmó dicha oficina con otras entidades públicas se descubrieron 58 posibles irregularidades, con alcance administrativo, penal y fiscal.

En la lista de reproches se precisa cómo entre 2012 y 2019 hubo un posible detrimento por $7.930 millones (del total de recursos perdidos); los vacíos que al parecer facilitaron el mal manejo en el Idexud (como la falta de reglamentación, concentración de poder e inexistencia de segregación de funciones), y que por el desfalco deberían responder más personas, entre ellas funcionarios y contratistas que hoy siguen en la universidad.

En el informe, que evalúa la situación administrativa y financiera del Instituto, se ratifica parte de la artimaña que se aplicó para desviar los recursos: aprovecharon la existencia de una cuenta de ahorros en el Banco de Occidente (230-888-406), para consignar el 60 % de los ingresos del Idexud, en vez de entregarlos directamente a la tesorería de la Universidad Distrital como correspondía, por ser beneficios a favor de la Institución.

La particularidad de esta cuenta consistía en que, si bien era la caja menor de la entidad, el dominio exclusivo lo tenía el entonces director del Idexud. Como la universidad no tenía su manejo contable, Muñoz aprovechó para sacar una tarjeta de crédito, que usó para gastos personales como hospedajes, prendas de marca, relojería y cuentas de Netflix y Apple.

Pese a que esta cuenta está cerrada, en medio de la indagación, el ente de control encontró que dos tarjetas de crédito asociadas a ella a nombre de Muñoz estuvieron activas hasta marzo de este año. Además, que el exdirector solicitó entre 2011 y 2019 otros 26 productos, como cuentas corrientes, de ahorro y otras cuatro tarjetas de crédito, de las que se desconocía su existencia.

Al respecto, la universidad señaló a este medio que “las cuentas de las que sacaba provecho personal Wilman Muñoz quedaron inactivas desde febrero de 2019 y canceladas desde marzo de este año”. Si bien una respuesta similar obtuvo la Contraloría, los investigadores creen que aún hay puntos por aclarar, como el desvío de $4.104 millones, que entraron a los bancos entre 2016 y 2019, y nunca llegaron a la tesorería general de la universidad, así como la responsabilidad de varios funcionarios que, según documentos, al parecer conocieron el manejo de la cuenta, pero poco hicieron por evitarlo.

Por ejemplo, está el contador de la universidad, quien para la época era el jefe de la División de Recursos Financieros y quien fue el que abrió la cuestionada cuenta; también los funcionarios que realizaron giros específicos, entre los que están tres contratistas que siguen en la institución, así como exrectores y personal vinculado al seguimiento y control del Idexud.

En la auditoría se incluyó un presunto hallazgo fiscal por $2.318 millones del gasto general de contratos administrativos, sobre los que no existen facturas, cuentas de cobro o documentos que demuestren la adquisición de un bien o servicio que justifique su uso entre 2016 y 2017. A pesar de esto, los certificados de registro presupuestal fueron emitidos por el entonces tesorero y el director del Idexud.

Asimismo, se consideró un presunto daño patrimonial la contratación excesiva e innecesaria, y la destinación diferente de los saldos no ejecutados en un convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá, que buscaba ampliar la cobertura de la educación técnica, tecnológica y profesional para generar nuevos cupos a bachilleres de colegios públicos, pero que su ejecución fue ineficaz.

Finalmente, el informe critica la decisión del actual director del Instituto de abrir un CDT por $1.800 millones, en agosto del año pasado, con recursos que debían ser entregados a la tesorería general de la universidad. Pese a que la institución explicó que eso era posible hacerlo y usar los rendimientos financieros que resultaran de la administración de esos dineros, la Contraloría señala que eso solo lo podía hacer con los dineros que le corresponden al Instituto (40 %), pero no con los que le correspondían a la universidad. Critica, además, que en diciembre de 2019 solo le transfirieron a la Distrital $1.392 millones, pese a que el saldo era de $2.744. Aunque el Idexud justifica la situación señalando que se proyecta un valor en diferentes momentos del año, para el ente de control el CDT se abrió sin la aprobación del Comité de Inversiones y sin un estudio de excedentes de liquidez, por lo que debe evaluarse.

Ante esto, el ente de control asegura que sumado al ilimitado poder del director de la extensión de la Distrital, hubo falta de seguimiento, omisión al reglamento e ineficiencia en el control interno, que vino tanto de la alta dirección de la universidad como de los funcionarios que permitieron la continuidad de la cuenta que en un principio era la caja menor. “Por lo tanto, las denuncias presentadas ante los entes de control no los exonera de posibles responsabilidades por estos hechos”, dice la auditoría.

Si bien todas estas advertencias no los hace responsables de posibles hechos de corrupción, sí son llamados para saber qué pasó, que permitirán hacer correctivos, como lo pide el ente de control al resaltar que se deben “tomar las acciones efectivas de control que eviten futuras pérdidas y/o malos manejos de estos recursos.” En respuesta, la universidad asegura que esta semana entregará el primer informe de la auditoría que se está haciendo al Instituto, con lo que se espera cerrar el acto más grande de corrupción que se ha identificado en la universidad. “Será clave para que el Consejo Superior Universitario (CSU) comience las grandes reformas del Idexud y la modificación del acuerdo que dio tal autonomía a su director”.