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En los últimos días, las autoridades ambientales y la Policía Nacional han redoblado los operativos contra la tala ilegal en distintos puntos de Cundinamarca y en el sur de Bogotá. Sin embargo, las acciones —aunque frecuentes— dejan ver un problema que parece no disminuir: la extracción irregular de madera y el daño creciente a las fuentes hídricas y ecosistemas rurales.
En la vereda Coquira, del municipio de Susa, técnicos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y uniformados de la Policía incautaron 300 bloques de madera de pino y eucalipto, equivalentes a 13,86 metros cúbicos. Según el reporte, los árboles habían sido talados dentro de la ronda de una fuente hídrica, y en el lugar se encontraron evidencias de hornos artesanales usados para producir carbón vegetal.
De manera simultánea, en Pacho, tres personas fueron sorprendidas talando árboles de especies exóticas —pino, ciprés y eucalipto— en la vereda Guayabal de Patasía. Allí se incautaron 212 bloques de madera, dos motosierras y un ciprés recientemente cortado. En total, las diligencias dejaron 27,25 metros cúbicos de madera decomisada y varios procesos sancionatorios en curso.
Las autoridades recalcaron la importancia de tramitar los permisos de aprovechamiento forestal antes de realizar cualquier intervención sobre la vegetación. “Solo así se garantiza la protección del medio ambiente”, señaló Julio César Sierra León, director regional de la CAR Ubaté. Su homólogo en la regional Rionegro, Alejandro Fiquitiva Casallas, advirtió que la tala sin autorización, especialmente en rondas hídricas, “representa una grave afectación para los ecosistemas y la disponibilidad del recurso hídrico”.
A la par, en Bogotá, la Policía capturó a cuatro personas en Ciudad Bolívar por talar eucaliptos sin permiso. Con esas detenciones, ya son 71 las registradas en la capital durante 2025 por delitos ambientales como deforestación, contaminación y daño a los recursos naturales.
Aunque los decomisos y capturas son cada vez más frecuentes, el fenómeno persiste en zonas rurales y periféricas en donde, además de la falta de control, la precariedad económica y la débil presencia institucional y de educación ambiental configuran una problemática que debe atenderse desde varios frentes.
Las rondas hídricas —espacios claves para la regulación del agua— siguen siendo los territorios más vulnerables. Y aunque los operativos de la CAR y la Policía muestran voluntad de control, la tala y el comercio informal de madera demuestran que la política ambiental aún está más centrada en reaccionar que en prevenir.
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Por Redacción Bogotá
