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Para el 16 de septiembre está prevista la audiencia en la que se elegirá al organizador de la temporada taurina de Bogotá en 2017, la primera después de cinco años de ausencia de la lidia en la plaza de Santamaría. Eran previsibles los reparos de los animalistas a este proceso, pero los amigos de la fiesta, interesados en quedarse con el contrato, también han manifestado inquietudes.
La elección de la empresa contratista está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que cumple el mandato que la Corte Constitucional le dio al Distrito de garantizar el regreso de ese espectáculo a la plaza. En 2013, el entonces alcalde Gustavo Petro no le arrendó más el escenario a la Corporación Taurina de Bogotá, que desde 1999 había organizado la temporada.
La administración de Enrique Peñalosa, aunque contraria a las corridas, cumplirá la orden de la Corte. Por eso abrió una licitación para contratar una entidad que organice la temporada que va entre enero y febrero de 2017, y dos novilladas en agosto, como es tradicional en el Festival de Verano.
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La Corporación Taurina de Bogotá, que competirá por el contrato, ha insistido en que la exigencia de pagarle al Distrito el 13 % de lo recaudado por boletería debería disminuirse “lo máximo posible”. El IDRD proyecta que en la temporada el recaudo sea, al menos, de $6.778 millones, por lo que ese 13 % equivale a unos $881 millones.
La Corporación cree que esa cifra es alta por tres razones. La primera: el ganador no solo asumirá la vinculación de personal y gastos de oficina, sino la contratación de “figuras de la tauromaquia que residen en otros países, por cuyos honorarios también debe asumirse el riesgo cambiario”.
La segunda razón es la carga impositiva: “En tan solo impuestos y regalías para el IDRD, el contratista asumiría, al menos, el 33 % del valor bruto de la boletería”. En tercer lugar, pide tener en cuenta que el ganador gastará mucho dinero en promoción, después de cinco años sin faenas en la Santamaría.
Desde el lado opuesto, la animalista Natalia Parra, al comentar las condiciones del contrato, manifestó que el 13 % es muy poco si se tiene en cuenta que es “inferior a lo internacionalmente aceptado en plazas de esta categoría (como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que paga un canon cercano al 25 % de sus ingresos)”. Cobrar tan bajo, concluye, llevaría no solo a un detrimento patrimonial, sino a incumplir otro mandato de la Corte para desincentivar las actividades en las que se maltratan animales.
La Alcaldía no admitió las objeciones de ninguna parte. Los cálculos del IDRD sustentan la viabilidad del negocio como está planteado y, además, cumple con las normas que rigen la materia. Plantea, incluso, que a pesar de que las obras de reforzamiento que se adelantan en la Santamaría implicarán una disminución del aforo de 13.259 puestos a 10.000, se garantiza rentabilidad. La razón es que el promedio de asistencia habitual ha sido de 9.087 espectadores.
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Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina, le dijo a El Espectador que a pesar de todo, competirán para quedarse con el contrato, pero advirtió: “Aunque el 13 % no es una limitante para nosotros porque eso era lo que veníamos pagando, hay nuevas cargas impositiva que asumirán los usuarios”. Es decir, las boletas podrían ser más costosas de lo habitual.
Aún no se puede dar por hecho, de todas formas, que esa entidad gane la licitación. Los aspirantes a quedarse con el contrato se conocerán este viernes y las corporaciones taurinas de Manizales y Medellín también han mostrado interés, aunque no han hecho observaciones sobre el pago. Mucho o poco, el regreso de los toros a la Santamaría parece despejarse cada vez más.