Teléfonos fijos a $3 millones: investigan compra para las subredes de salud
La Contraloría Distrital investigará a la Secretaría de Salud, luego de la denuncia hecha por la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, quien en agosto pasado expuso los posibles sobrecostos. Por su parte, la entidad expone que también han adelantado investigaciones por su cuenta y que no se desembolsó el dinero.
Laura C. Peralta Giraldo
La Contraloría iniciará una auditoría especial y una investigación contra la Secretaría Distrital de Salud, para determinar si hubo o no un hecho de corrupción en un contrato celebrado con la sociedad comisionista Comfinagro, miembro de la Bolsa Mercantil, para la compra de 510 teléfonos de oficina, para las subredes de salud.
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El cuestionable negocio llegó al despacho de la Contraloría, luego de que la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, denunciara en agosto pasado los posibles sobrecostos, por más de $18.000 millones, en un contrato firmado por la Secretaría, para dotar de estos equipos de oficina, a las cuatro subredes de salud de la capital (Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente). Cada equipos estaba cotizado en $3.479.323.
“Me puse en la tarea y fui y compré el mismo teléfono, de la misma referencia, a $196.350. Mientras en los hospitales no hay acetaminofén o jeringas, vemos un sobrecosto de 1.672 %. Propongo moción de censura al señor Secretario de Salud como responsable”, expresó la cabildante, durante un debate de control, que se hizo al secretario de Salud, Alejandro Gómez.
El contrato de Comisión No. 3123046 /2021, se firmó el 21 de diciembre de 2021 y tenía el fin de dotar a las subredes con equipos tecnológicos, entre esos, los teléfonos que empezaron a ser repartidos en junio del presente año. Cabe destacar que en la firma del contrato no estipula el nombre del secretario Gómez, pues en su momento lo estaba reemplazando un secretario encargado.
“El secretario de Salud se lava las manos y dice que él no firmó ese contrato y, si bien es cierto, lo firmó una persona que estaba encargada, que él designó. Además, él mismo, en junio, firmó la resolución de la entrega de los teléfonos a las subredes y pone el valor de cada uno de ellos”, le dijo a El Espectador la cabildante Vargas.
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Y agregó: “¿Cómo es posible que se les haya pasado una diferencia de tal valor?, él es el director ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud y hace parte de la junta directiva, por lo que no es creíble que no haya revisado los estudios previos. Los usuarios de la salud se están quejando de la pésima prestación de servicio en los hospitales. Las subredes están en una situación financiera difícil y estamos ante una presunta corrupción en los contratos”.
Qué dice el secretario de Salud
El funcionario Alejandro Gómez, en uno de los debates de control realizados en el Concejo de Bogotá, expuso que también era injerencia de la Secretaría Distrital de Salud investigar los sobrecostos evidenciados. De hecho, indicó que no se efectuaron los pagos y que las personas encargadas de estructurar los estudios previos, ya no pertenecen a la entidad.
“Estamos absolutamente de acuerdo con el profundo malestar y rechazo que tiene que presentarse en todas las personas y todos los estamentos, ante una sospecha de malgasto de los recursos de la salud. Si bien estamos ante una situación supremamente grave, también es cierto que no hemos girado ni un solo peso”, mencionó Gómez el pasado 14 de septiembre.
Y añadió que él como Secretario no tenía las competencias técnicas para evidenciar las presuntas irregularidades en el contrato: “Ese no lo firmé yo, sino una persona que me estaba reemplazando, pero apenas fuimos advertidos tomamos las medidas necesarias. Instauramos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de modo que también estamos en el mismo propósito”.
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Sobre esto, la concejal Vargas sostiene que, aunque se hizo la denuncia, esta se instauró un día después de conocerse en la plenaria del Concejo el caso. Por su parte, la Secretaría indica que las investigaciones por su cuenta las iniciaron en julio, es decir, antes del primer debate de control a Gómez.
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La Contraloría iniciará una auditoría especial y una investigación contra la Secretaría Distrital de Salud, para determinar si hubo o no un hecho de corrupción en un contrato celebrado con la sociedad comisionista Comfinagro, miembro de la Bolsa Mercantil, para la compra de 510 teléfonos de oficina, para las subredes de salud.
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El cuestionable negocio llegó al despacho de la Contraloría, luego de que la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, denunciara en agosto pasado los posibles sobrecostos, por más de $18.000 millones, en un contrato firmado por la Secretaría, para dotar de estos equipos de oficina, a las cuatro subredes de salud de la capital (Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente). Cada equipos estaba cotizado en $3.479.323.
“Me puse en la tarea y fui y compré el mismo teléfono, de la misma referencia, a $196.350. Mientras en los hospitales no hay acetaminofén o jeringas, vemos un sobrecosto de 1.672 %. Propongo moción de censura al señor Secretario de Salud como responsable”, expresó la cabildante, durante un debate de control, que se hizo al secretario de Salud, Alejandro Gómez.
El contrato de Comisión No. 3123046 /2021, se firmó el 21 de diciembre de 2021 y tenía el fin de dotar a las subredes con equipos tecnológicos, entre esos, los teléfonos que empezaron a ser repartidos en junio del presente año. Cabe destacar que en la firma del contrato no estipula el nombre del secretario Gómez, pues en su momento lo estaba reemplazando un secretario encargado.
“El secretario de Salud se lava las manos y dice que él no firmó ese contrato y, si bien es cierto, lo firmó una persona que estaba encargada, que él designó. Además, él mismo, en junio, firmó la resolución de la entrega de los teléfonos a las subredes y pone el valor de cada uno de ellos”, le dijo a El Espectador la cabildante Vargas.
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Qué dice el secretario de Salud
El funcionario Alejandro Gómez, en uno de los debates de control realizados en el Concejo de Bogotá, expuso que también era injerencia de la Secretaría Distrital de Salud investigar los sobrecostos evidenciados. De hecho, indicó que no se efectuaron los pagos y que las personas encargadas de estructurar los estudios previos, ya no pertenecen a la entidad.
“Estamos absolutamente de acuerdo con el profundo malestar y rechazo que tiene que presentarse en todas las personas y todos los estamentos, ante una sospecha de malgasto de los recursos de la salud. Si bien estamos ante una situación supremamente grave, también es cierto que no hemos girado ni un solo peso”, mencionó Gómez el pasado 14 de septiembre.
Y añadió que él como Secretario no tenía las competencias técnicas para evidenciar las presuntas irregularidades en el contrato: “Ese no lo firmé yo, sino una persona que me estaba reemplazando, pero apenas fuimos advertidos tomamos las medidas necesarias. Instauramos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de modo que también estamos en el mismo propósito”.
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Sobre esto, la concejal Vargas sostiene que, aunque se hizo la denuncia, esta se instauró un día después de conocerse en la plenaria del Concejo el caso. Por su parte, la Secretaría indica que las investigaciones por su cuenta las iniciaron en julio, es decir, antes del primer debate de control a Gómez.
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