Todos le fallaron a Claudia Giovanna Rodríguez

Los feminicidios en Colombia tienen un común denominador: todos se hubieran podido prevenir, todos son producto de una cadena de errores y casi todos (95 %) quedan en la impunidad por negligencia de las autoridades o por la muerte del agresor. El caso de Claudia Giovanna Rodríguez, quien fue asesinada por su expareja el pasado lunes, corrobora esta hipótesis. (Lea: Feminicidio, un flagelo que no para)

Su asesinato fue el resultado de las decisiones erradas de un Estado inoperante que, a pesar de recibir cada mes decenas de casos de violencia de género, no ha podido crear un mecanismo que le salve la vida a estas mujeres. Interponer una denuncia en Colombia es complejo y agotante, pero cuando se trata de una situación de maltrato en contra de la mujer, se convierte en un viacrucis de agresiones y discriminación.

A Claudia el Estado y la sociedad le fallaron en todas las instancias. Los funcionarios de la comisaría de familia, cuando le recomendaron interponer una medida cautelar contra un hombre que la amenazaba con acabar con su vida. La Policía, cuando le ofreció una seguridad esporádica. Las entidades distritales, al no brindarle un mayor respaldo después de huir de su victimario desde Medellín. La Fiscalía, al no solicitar la medida de aseguramiento de su agresor. Los medios de comunicación, porque exponen sólo el problema de la violencia de género cuando hay un muerto. Y hoy le sigue fallando la sociedad, cuando justifica su crimen y argumenta que “ella sabía que su expareja era un asesino” o que “el hombre padecía de una enfermedad mental”. (Lea: A Claudia nunca le prestaron atención, ni antes ni después del crimen: familia)

Cada feminicidio trae una nueva reflexión. El caso de Yuliana Samboní, la niña asesinada por Rafael Uribe Noguera, prendió las alarmas sobre el abuso de menores, por ejemplo. En la historia de Claudia Giovanna sobresale la importancia de revisar minuciosamente la cadena de la violencia de género, desde el momento en que una víctima realiza una denuncia hasta que el Estado le garantiza que puede rehacer su vida.

Veálo con lupa. Todo comienza cuando la víctima aguanta más de una agresión y no denuncia. Espera un tiempo que considera prudente, pero que a veces puede ser vital. Luego, cuando decide actuar ante el problema, se enfrenta a autoridades y mecanismos que están permeados por machismos sutiles, aunque efectivos.

“El primer acceso a la justicia es la comisaría de familia. Sabemos que en estos lugares se les dice a las víctimas que piensen primero en la familia o en la vida del padre de sus hijos y no se adoptan las medidas adecuadas. Cuando solicitan protección, sólo expiden un papel para que el agresor no se pueda acercar a la víctima. Pero eso es insuficiente”, dice Lilibeth Cortés, abogada e integrante de la organización Sisma Mujeres.

Los hostigamientos continúan y las mujeres como Claudia Giovanna tienen que esperar episodios violentos para que la Policía haga una ronda por la casa con el fin de ahuyentar por algunos días al victimario. Después, el proceso llega hasta los jueces y los fiscales, pero muchos de ellos no le dan la importancia que amerita y ni siquiera deciden hacer una valoración de riesgo.

Isabel Cristina Jaramillo, profesora de la Universidad de los Andes y candidata a magistrada de la Corte Constitucional, explica que cuando las mujeres acuden a la justicia se desata la ira del agresor y por eso hay que protegerlas muy rápido. Sin embargo, eso no pasa, porque “las autoridades subestiman el riesgo y aún nos falta entender mejor la complejidad y la magnitud del feminicidio en Colombia”. Creen que eso no va a trascender, que nadie va a morir por un problema de pareja. Sin embargo, mueren. Y no una, sino decenas.

Lo preocupante, señala Jaramillo, es que esta parte del proceso es crucial porque la mujer decide si continúa o no con la denuncia. Si lo hace, las autoridades deberían brindar un acompañamiento integral que incluya componentes económicos y psicológicos, pues no es suficiente con que su agresor esté en la cárcel. “¿Cómo protegerlas? Hay que buscar alternativas, como un programa como los de protección de testigos, en el que ellas puedan tener otra identidad, ubicarse en albergues o cambiarse de ciudad”. También hay fallas en este punto.

Cortés está de acuerdo y, aunque reconoce que la mujer sigue siendo el actor que carga con el problema, pues es quien debe cambiar su vida, cree que lo más importante es preservar su integridad. Aunque no descarta la posibilidad de limitar la vida de los agresores, en el marco de una medida de aseguramiento.

El caso de Claudia Giovanna tiene una peculiaridad que vale la pena resaltar. Su victimario ya había sido procesado por homicidio. Para la integrante de Sisma Mujeres, el Estado le incumplió a ella, y a todas las mujeres, porque el agresor fue condenado y liberado sin haber validado su resocialización. Y vuelve a fallarle cuando su víctima denuncia y no recibe ninguna ayuda: “Era un reincidente. Lo mínimo que debieron hacer las autoridades fue pedir una medida de aseguramiento”.

Como consecuencia de esa ineficiencia, su expareja legitimó su poder, dice Cortés, y al final decidió asesinarla. El resto de la historia ya es sabida. Nadie pagará por el crimen de Claudia Giovanna. Su victimario murió después del operativo de la Policía. Pero hay otros centenares de casos que siguen su curso y que, para las expertas, preocupa que puedan quedar en la impunidad. En el 95 % de los casos de feminicidios no hay personas procesadas.

Cristina Vélez, secretaria de la Mujer de Bogotá, manifiesta que ninguna medida funcionará si el mensaje es impunidad. Se pueden inventar centenares de campañas, dirigidas a hombres y mujeres, pero no surtirán efectos si los verdugos siguen pensando que saldrán bien librados, que la justicia en Colombia es tan vulnerable como sus víctimas.

No es momento de lanzarse la pelota. Este episodio, según la secretaria, dejó un mensaje claro: falta articulación entre las entidades y efectividad en sus medidas. Aunque resalta que los homicidios de mujeres disminuyeron en 2016, reconoce que la cifra es alta y que falta más contundencia estatal para surtir efecto. Se necesita desde capacitar a las autoridades para que entiendan la dimensión del feminicidio, buenos programas de protección, hasta sentencias ejemplares.

Enfermedades mentales, un escudo

Que Julio Alberto Reyes, el asesino de Claudia Giovanna, padeciera una enfermedad mental no justifica el asesinato. En muchas ocasiones, indica Cortés, esta es sólo una excusa de los delincuentes para librarse del problema judicial. “Puede que esté enfermo, pero eso no explica en su totalidad por qué agrede a su expareja y no a otras personas, como hombres, por ejemplo”. 

Cortés asegura que esos agresores son hijos de la sociedad que violenta y discrimina a las mujeres: “La idea que tienen estas personas de que la vida de la mujer vale menos no es propia, sino subyacente a la sociedad. Llamarlos enfermos no sólo es una forma de exculparlos, sino de la sociedad de quitarse la responsabilidad de ser machista”.

En el caso de la justicia, Jaramillo señala que muchas veces para los jueces es más fácil pensar que esto es una patología y que se trata de un caso extraño y aislado. “Por eso, usualmente, se traslada el problema al sistema de salud”.

Ahí nace un nuevo inconveniente, pues todos saben que hay grandes deficiencias en el sistema de salud para el tratamiento de las enfermedades mentales. Jaramillo destaca la importancia de mirar esta parte de la ecuación, pues aún hay un vacío sobre cómo tratar a estas personas para evitar tragedias como la de Claudia.

La tarea sigue pendiente. Como dice Jaramillo, “el Estado, que somos todos, debimos haber hecho más. Y eso es lo que no se nos puede olvidar jamás”.

Los feminicidios en Colombia tienen un común denominador: todos se hubieran podido prevenir, todos son producto de una cadena de errores y casi todos (95 %) quedan en la impunidad por negligencia de las autoridades o por la muerte del agresor. El caso de Claudia Giovanna Rodríguez, quien fue asesinada por su expareja el pasado lunes, corrobora esta hipótesis. (Lea: Feminicidio, un flagelo que no para)

Su asesinato fue el resultado de las decisiones erradas de un Estado inoperante que, a pesar de recibir cada mes decenas de casos de violencia de género, no ha podido crear un mecanismo que le salve la vida a estas mujeres. Interponer una denuncia en Colombia es complejo y agotante, pero cuando se trata de una situación de maltrato en contra de la mujer, se convierte en un viacrucis de agresiones y discriminación.

A Claudia el Estado y la sociedad le fallaron en todas las instancias. Los funcionarios de la comisaría de familia, cuando le recomendaron interponer una medida cautelar contra un hombre que la amenazaba con acabar con su vida. La Policía, cuando le ofreció una seguridad esporádica. Las entidades distritales, al no brindarle un mayor respaldo después de huir de su victimario desde Medellín. La Fiscalía, al no solicitar la medida de aseguramiento de su agresor. Los medios de comunicación, porque exponen sólo el problema de la violencia de género cuando hay un muerto. Y hoy le sigue fallando la sociedad, cuando justifica su crimen y argumenta que “ella sabía que su expareja era un asesino” o que “el hombre padecía de una enfermedad mental”. (Lea: A Claudia nunca le prestaron atención, ni antes ni después del crimen: familia)

Cada feminicidio trae una nueva reflexión. El caso de Yuliana Samboní, la niña asesinada por Rafael Uribe Noguera, prendió las alarmas sobre el abuso de menores, por ejemplo. En la historia de Claudia Giovanna sobresale la importancia de revisar minuciosamente la cadena de la violencia de género, desde el momento en que una víctima realiza una denuncia hasta que el Estado le garantiza que puede rehacer su vida.

Veálo con lupa. Todo comienza cuando la víctima aguanta más de una agresión y no denuncia. Espera un tiempo que considera prudente, pero que a veces puede ser vital. Luego, cuando decide actuar ante el problema, se enfrenta a autoridades y mecanismos que están permeados por machismos sutiles, aunque efectivos.

“El primer acceso a la justicia es la comisaría de familia. Sabemos que en estos lugares se les dice a las víctimas que piensen primero en la familia o en la vida del padre de sus hijos y no se adoptan las medidas adecuadas. Cuando solicitan protección, sólo expiden un papel para que el agresor no se pueda acercar a la víctima. Pero eso es insuficiente”, dice Lilibeth Cortés, abogada e integrante de la organización Sisma Mujeres.

Los hostigamientos continúan y las mujeres como Claudia Giovanna tienen que esperar episodios violentos para que la Policía haga una ronda por la casa con el fin de ahuyentar por algunos días al victimario. Después, el proceso llega hasta los jueces y los fiscales, pero muchos de ellos no le dan la importancia que amerita y ni siquiera deciden hacer una valoración de riesgo.

Isabel Cristina Jaramillo, profesora de la Universidad de los Andes y candidata a magistrada de la Corte Constitucional, explica que cuando las mujeres acuden a la justicia se desata la ira del agresor y por eso hay que protegerlas muy rápido. Sin embargo, eso no pasa, porque “las autoridades subestiman el riesgo y aún nos falta entender mejor la complejidad y la magnitud del feminicidio en Colombia”. Creen que eso no va a trascender, que nadie va a morir por un problema de pareja. Sin embargo, mueren. Y no una, sino decenas.

Lo preocupante, señala Jaramillo, es que esta parte del proceso es crucial porque la mujer decide si continúa o no con la denuncia. Si lo hace, las autoridades deberían brindar un acompañamiento integral que incluya componentes económicos y psicológicos, pues no es suficiente con que su agresor esté en la cárcel. “¿Cómo protegerlas? Hay que buscar alternativas, como un programa como los de protección de testigos, en el que ellas puedan tener otra identidad, ubicarse en albergues o cambiarse de ciudad”. También hay fallas en este punto.

Cortés está de acuerdo y, aunque reconoce que la mujer sigue siendo el actor que carga con el problema, pues es quien debe cambiar su vida, cree que lo más importante es preservar su integridad. Aunque no descarta la posibilidad de limitar la vida de los agresores, en el marco de una medida de aseguramiento.

El caso de Claudia Giovanna tiene una peculiaridad que vale la pena resaltar. Su victimario ya había sido procesado por homicidio. Para la integrante de Sisma Mujeres, el Estado le incumplió a ella, y a todas las mujeres, porque el agresor fue condenado y liberado sin haber validado su resocialización. Y vuelve a fallarle cuando su víctima denuncia y no recibe ninguna ayuda: “Era un reincidente. Lo mínimo que debieron hacer las autoridades fue pedir una medida de aseguramiento”.

Como consecuencia de esa ineficiencia, su expareja legitimó su poder, dice Cortés, y al final decidió asesinarla. El resto de la historia ya es sabida. Nadie pagará por el crimen de Claudia Giovanna. Su victimario murió después del operativo de la Policía. Pero hay otros centenares de casos que siguen su curso y que, para las expertas, preocupa que puedan quedar en la impunidad. En el 95 % de los casos de feminicidios no hay personas procesadas.

Cristina Vélez, secretaria de la Mujer de Bogotá, manifiesta que ninguna medida funcionará si el mensaje es impunidad. Se pueden inventar centenares de campañas, dirigidas a hombres y mujeres, pero no surtirán efectos si los verdugos siguen pensando que saldrán bien librados, que la justicia en Colombia es tan vulnerable como sus víctimas.

No es momento de lanzarse la pelota. Este episodio, según la secretaria, dejó un mensaje claro: falta articulación entre las entidades y efectividad en sus medidas. Aunque resalta que los homicidios de mujeres disminuyeron en 2016, reconoce que la cifra es alta y que falta más contundencia estatal para surtir efecto. Se necesita desde capacitar a las autoridades para que entiendan la dimensión del feminicidio, buenos programas de protección, hasta sentencias ejemplares.

Enfermedades mentales, un escudo

Que Julio Alberto Reyes, el asesino de Claudia Giovanna, padeciera una enfermedad mental no justifica el asesinato. En muchas ocasiones, indica Cortés, esta es sólo una excusa de los delincuentes para librarse del problema judicial. “Puede que esté enfermo, pero eso no explica en su totalidad por qué agrede a su expareja y no a otras personas, como hombres, por ejemplo”. 

Cortés asegura que esos agresores son hijos de la sociedad que violenta y discrimina a las mujeres: “La idea que tienen estas personas de que la vida de la mujer vale menos no es propia, sino subyacente a la sociedad. Llamarlos enfermos no sólo es una forma de exculparlos, sino de la sociedad de quitarse la responsabilidad de ser machista”.

En el caso de la justicia, Jaramillo señala que muchas veces para los jueces es más fácil pensar que esto es una patología y que se trata de un caso extraño y aislado. “Por eso, usualmente, se traslada el problema al sistema de salud”.

Ahí nace un nuevo inconveniente, pues todos saben que hay grandes deficiencias en el sistema de salud para el tratamiento de las enfermedades mentales. Jaramillo destaca la importancia de mirar esta parte de la ecuación, pues aún hay un vacío sobre cómo tratar a estas personas para evitar tragedias como la de Claudia.

La tarea sigue pendiente. Como dice Jaramillo, “el Estado, que somos todos, debimos haber hecho más. Y eso es lo que no se nos puede olvidar jamás”.