Transmilenio eléctrico valdría más de $3 billones

Los contratos de la Fase I de Transmilenio empiezan a caducar en 2016. / Archivo

Uno de los grandes retos para Transmilenio, además del crecimiento de su fracturada red troncal y mejorar el servicio (que tiene cansados a los bogotanos), serán los cambios de los contratos de las fases I y II. Los polémicos acuerdos que renegoció el alcalde Gustavo Petro se empiezan a vencer en 2016. Por eso, los operadores, que hoy tienen estos contratos, crearon la empresa Bogotá Eléktrika y este jueves le presentarán al Distrito la propuesta de Asociación Público Privada (APP) para construir un sistema de buses eléctricos en la capital. El negocio, que de ser aprobado lo manejarían por 30 años, tendría un costo aproximado de $3,5 billones, inicialmente.

La empresa la integran los siete operadores actuales de las fases I y II de Transmilenio; la Empresa de Energía de Bogotá, que tendría una participación del 30%, y por Codensa, que se encargaría de la infraestructura y el suministro de energía para el sistema con buses eléctricos que sueña el alcalde Gustavo Petro. Esta idea, de tener una flota de buses amigables con el medio ambiente, también fue uno de los puntos pactados en la renegociación de contratos de las fases I y II que se firmó en mayo del año pasado.

La propuesta incluye una flota de 1.200 buses biarticulados que rodarían. Sin embargo, se sabe que no todos serán completamente eléctricos, ya que por el tamaño de la batería le restaría capacidad a los automotores. Por esta razón, los empresarios contemplan diferentes vehículos con opciones para recargarlos sin necesidad de conducirlos a un patio taller.

Además de reemplazar los buses actuales por vehículos, los empresarios también proponen tres puntos: modificar el diseño de las actuales estaciones y portales, para mejorar la capacidad y el servicio a los usuarios; rediseñar los accesos, torniquetes y taquillas, para disminuir las colas, y reestructuración de las rutas actuales de Transmilenio. La idea es tener muchas menos de las 136 que funcionan actualmente, para que el sistema sea más sencillo, pues una de las críticas más comunes es la complejidad del mapa.

Para lanzar estas alternativas, los empresarios tienen estudios que costaron casi $10 mil millones y fueron hechos por una de las consultoras de transporte más reconocidas en el mundo, la inglesa Steer Davis and Gleave. Se sabe también que la totalidad de las inversiones iniciales por $3,5 billones (pero que podrían aumentar) las realizarán las empresas privadas.

Según los cálculos de Bogotá Eléktrika, los cambios en las estaciones actuales tardarían cuatro años, pero los buses podrían operar desde el primer año. El cambio implicaría una reducción entre un 35 y 90% en las emisiones contaminantes y la reducción del nivel de ruido entre 30 y 40 decibeles.

En octubre de 2013 la empresa presentó la prefactibilidad del proyecto de APP al Distrito y la aprobaron en marzo. Este jueves el grupo presentará el esquema completo para comenzar que el Distrito evalúe la factibilidad. La aprobación de este paso no está sólo en manos de la Alcaldía y Transmilenio, sino del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Hacienda, lo que tardaría por lo menos seis meses. Luego, como lo establece la Ley de APP, se necesitaría hasta un semestre adicional por si otros proponentes deciden presentar un proyecto que le compita al de Bogotá Eléktrika

Aunque Petro dijo a este diario que la licitación para la Fase I del sistema estaría lista en diciembre, los tiempos corren en su contra. De hecho, otro de los puntos acordados en la cuestionada renegociación de los contratos fue que Transmilenio debía posponer la apertura de la licitación en la Fase I mientras evalúa la propuesta de APP. La veedora distrital, Adriana Córdoba, en diálogo con este diario, dijo en ese momento que “no es claro por qué se busca una APP sobre un proyecto público que ya existe (infraestructura como estaciones y troncales). Las APP son caminos más costosos”.

Se sabe que el otro camino que le queda a Petro es entregar equitativamente la operación de la Fase I a los operadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), pues así lo contemplan los contratos. Pero esto implicaría nuevas inversiones para los empresarios de este esquema y no todos están en capacidad de hacerlo, pues ya hay dos firmas intervenidas por su crisis financiera y dos más pasan por un difícil momento económico.

Mientras la Contraloría, luego de la polémica por la forma en que se firmó la renegociación de los contratos, pide una pronta licitación, Petro está obsesionado con su idea de mover el transporte de la ciudad por medio de energía. Con ello reafirmaría su compromiso con el medio ambiente y de paso lograría que una entidad pública haga parte de este sector, aunque sea al lado de los grandes privados que él ha atacado y que han tenido la sartén por el mango en esta historia.