Tras acuerdo, indígenas embera salieron del parque Tercer Milenio en Bogotá

Los indígenas Embera Katío y Chamí, que por más de tres meses vivieron en cambuches que armaron a las afueras del parque Tercer Milenio, llegaron a un acuerdo con el Distrito del que resultaron cinco compromisos, entre los que se destaca el pago de arriendos por un periodo de cuatro meses.

El acuerdo, hecho entre la Alta Consejería para las Víctimas, la subdirección de asuntos étnicos e Integración Social con 15 de los líderes Embera indica que el Distrito se compromete a pagar los arriendos de las familias caracterizadas por dos meses así como a realizar dos entregas (una en noviembre y otra en diciembre) de mercados a las familias identificadas en el lugar.

Así mismo, Integración Social dará bonos de emergencia social por cuatro meses a las familias, una vez éstas encuentren arriendo,momento en el cual también se iniciará el proceso de retorno, reubicación y de estabilización socioeconómica de los indígenas para determinar si se extienden las medidas.

Ante esto, el Distrito tiene previsto para el próximo 30 de enero realizar una evaluación del avance de los procesos para determinar los nuevos pasos a seguir.

“El pasado 23 de octubre se logró avanzar en la concreción de algunos acuerdos que permitirán levantar progresiva y transitoriamente la toma de este lugar. Estas medidas implican que durante cuatro meses, mientras avanza el plan de retorno, con el liderazgo de la Unidad Nacional de Atención y Reparación de Víctimas y demás entidades del sistema, puedan tener un lugar de arriendo, así como la entrega de canastas alimentarias y bonos de Bogotá Solidaria en Casa”, dijo Vladimir Rodríguez, director de la Alta Consejería para las Víctimas.

Finalmente señaló que en este proceso será fundamental que el Gobierno Nacional lidere las gestiones para que se garantice el retorno de las comunidades indígenas, así como la seguridad dentro de sus territorios ancestrales.

Los indígenas fueron ubicados en las localidades que ellos escogieron y en viviendas que la Alta Consejería les ubicó. “Los contratos fueron firmados entre los arrendadores y las familias Embera que se encontraban en el Parque Tercer Milenio. Los recursos están siendo cancelados directamente a los arrendadores por un operador contratado por la Alta Consejería”, informó la entidad distrital.

En el parque Tercer Milenio se encontraban, desde el pasado 18 de julio, embera-katíos, que vienen del Pacífico, y embera-chamís, que han migrado de Risaralda, la mayoría como víctimas del conflicto. Específicamente estas dos comunidades llegaron a Bogotá en enero, tras amenazas a sus líderes, presuntamente por el Eln y paramilitares, así como por las presiones en sus territorios por cuenta de la minería ilegal.

Aunque en agosto se acordó el traslado de los Embera al hospital transitorio de Corferias, al llegar les impidieron el ingreso, ya que allí solo se atienden pacientes infectados con COVID-19. Días después el Distrito interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de los líderes de la comunidad (Ancizar Chehce y Leonivar Campo) por abuso y explotación de menores por medio de la mendicidad.

Los indígenas Embera Katío y Chamí, que por más de tres meses vivieron en cambuches que armaron a las afueras del parque Tercer Milenio, llegaron a un acuerdo con el Distrito del que resultaron cinco compromisos, entre los que se destaca el pago de arriendos por un periodo de cuatro meses.

El acuerdo, hecho entre la Alta Consejería para las Víctimas, la subdirección de asuntos étnicos e Integración Social con 15 de los líderes Embera indica que el Distrito se compromete a pagar los arriendos de las familias caracterizadas por dos meses así como a realizar dos entregas (una en noviembre y otra en diciembre) de mercados a las familias identificadas en el lugar.

Así mismo, Integración Social dará bonos de emergencia social por cuatro meses a las familias, una vez éstas encuentren arriendo,momento en el cual también se iniciará el proceso de retorno, reubicación y de estabilización socioeconómica de los indígenas para determinar si se extienden las medidas.

Ante esto, el Distrito tiene previsto para el próximo 30 de enero realizar una evaluación del avance de los procesos para determinar los nuevos pasos a seguir.

“El pasado 23 de octubre se logró avanzar en la concreción de algunos acuerdos que permitirán levantar progresiva y transitoriamente la toma de este lugar. Estas medidas implican que durante cuatro meses, mientras avanza el plan de retorno, con el liderazgo de la Unidad Nacional de Atención y Reparación de Víctimas y demás entidades del sistema, puedan tener un lugar de arriendo, así como la entrega de canastas alimentarias y bonos de Bogotá Solidaria en Casa”, dijo Vladimir Rodríguez, director de la Alta Consejería para las Víctimas.

Finalmente señaló que en este proceso será fundamental que el Gobierno Nacional lidere las gestiones para que se garantice el retorno de las comunidades indígenas, así como la seguridad dentro de sus territorios ancestrales.

Los indígenas fueron ubicados en las localidades que ellos escogieron y en viviendas que la Alta Consejería les ubicó. “Los contratos fueron firmados entre los arrendadores y las familias Embera que se encontraban en el Parque Tercer Milenio. Los recursos están siendo cancelados directamente a los arrendadores por un operador contratado por la Alta Consejería”, informó la entidad distrital.

En el parque Tercer Milenio se encontraban, desde el pasado 18 de julio, embera-katíos, que vienen del Pacífico, y embera-chamís, que han migrado de Risaralda, la mayoría como víctimas del conflicto. Específicamente estas dos comunidades llegaron a Bogotá en enero, tras amenazas a sus líderes, presuntamente por el Eln y paramilitares, así como por las presiones en sus territorios por cuenta de la minería ilegal.

Aunque en agosto se acordó el traslado de los Embera al hospital transitorio de Corferias, al llegar les impidieron el ingreso, ya que allí solo se atienden pacientes infectados con COVID-19. Días después el Distrito interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de los líderes de la comunidad (Ancizar Chehce y Leonivar Campo) por abuso y explotación de menores por medio de la mendicidad.