Tribunal avala cambio de metro subterráneo por el elevado

Se hundió uno de los esfuerzos por retomar el metro subterráneo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una Acción Popular y rechazó la petición del accionante de seguir con el proyecto de la pasada administración, al considerar que el cambio del proyecto para construir un metro elevado no solo violaba el derecho de los ciudadanos, sino que afectaba las finanzas de la ciudad. Para los magistrados, la decisión de la actual administración está justificada.  

El caso se remonda a diciembre de 2015, en la transición de los gobiernos de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, cuando la Financiera de Desarrollo Nacional anunció la suspensión del proceso para contratar el estructurador del subterráneo, debido a que el proyecto iba a ser sometido a eventuales ajustes. Para ese momento se tenía claro que el electo alcalde Enrique Peñalosa tenía la idea de cambiar la obra por un metro elevado.  

Esto llevo a Fabio Prieto Méndez, vocero de la Veeduría Ciudadana de ‘VECIN@S DEL METRO’, a presentar la Acción Popular contra el Distrito y el Gobierno Nacional, en la que le pedía a los magistrados que ordenaran dar continuidad al proyecto inicial, ya que un cambio vulneraba los derechos e intereses colectivos a la participación ciudadana, el patrimonio público y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles.

Prieto señaló que la decisión trasgredía los intereses colectivos, ya que no se consultó a la ciudadanía respecto al cambio en el proyecto. También, que se afectaba el patrimonio público, pues con esto se perdería la multimillonaria inversión hecha en estudios para el subterráneo. Por último, vulneraba el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles, puesto que el metro elevado creaba condiciones de inseguridad.     

Luego de la revisión del caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra del accionante y avaló la decisión del Distrito. En cuanto a los intereses colectivos y de participación ciudadana, los magistrados aseguraron que el actual alcalde de Bogotá, en su camino electoral, se comprometió a revisar el diseño de la primera línea del metro en cuanto su construcción subterránea y buscar fórmulas alternativas que implicaran menores costos y menor tiempo para su construcción. La propuesta fue escogida por los ciudadanos dentro de las reglas propias de la democracia. 

En segundo lugar, el fallo aseguró que no se encuentra probada la vulneración o amenaza de los derechos colectivos a la Defensa del Patrimonio Público y a la Moralidad Administrativa porque, “los nuevos estudios pretenden adecuar la ejecución del proyecto a la capacidad económica de la nación (que debe financiar un 70% del total de la obra) y del Distrito (que financiará el 30% restante) para lograr una adecuada gestión de los recursos públicos y prevenir un detrimento patrimonial que pueda afectar al erario, en deterioro de otros proyectos de importancia social”.

(Lea:Asegurados $3,2 billones de la banca multilateral para el metro de Bogotá)

Finalmente, el Tribunal enfatizó que en el proyecto de la PLMB, "la administración Distrital ha dado aplicación al principio de planeación, con el objetivo de darle un manejo adecuado a los recursos e integrarlo con el actual sistema de transporte de la ciudad (Transmilenio y Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITP-)".

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Se hundió uno de los esfuerzos por retomar el metro subterráneo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una Acción Popular y rechazó la petición del accionante de seguir con el proyecto de la pasada administración, al considerar que el cambio del proyecto para construir un metro elevado no solo violaba el derecho de los ciudadanos, sino que afectaba las finanzas de la ciudad. Para los magistrados, la decisión de la actual administración está justificada.  

El caso se remonda a diciembre de 2015, en la transición de los gobiernos de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, cuando la Financiera de Desarrollo Nacional anunció la suspensión del proceso para contratar el estructurador del subterráneo, debido a que el proyecto iba a ser sometido a eventuales ajustes. Para ese momento se tenía claro que el electo alcalde Enrique Peñalosa tenía la idea de cambiar la obra por un metro elevado.  

Esto llevo a Fabio Prieto Méndez, vocero de la Veeduría Ciudadana de ‘VECIN@S DEL METRO’, a presentar la Acción Popular contra el Distrito y el Gobierno Nacional, en la que le pedía a los magistrados que ordenaran dar continuidad al proyecto inicial, ya que un cambio vulneraba los derechos e intereses colectivos a la participación ciudadana, el patrimonio público y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles.

Prieto señaló que la decisión trasgredía los intereses colectivos, ya que no se consultó a la ciudadanía respecto al cambio en el proyecto. También, que se afectaba el patrimonio público, pues con esto se perdería la multimillonaria inversión hecha en estudios para el subterráneo. Por último, vulneraba el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles, puesto que el metro elevado creaba condiciones de inseguridad.     

Luego de la revisión del caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra del accionante y avaló la decisión del Distrito. En cuanto a los intereses colectivos y de participación ciudadana, los magistrados aseguraron que el actual alcalde de Bogotá, en su camino electoral, se comprometió a revisar el diseño de la primera línea del metro en cuanto su construcción subterránea y buscar fórmulas alternativas que implicaran menores costos y menor tiempo para su construcción. La propuesta fue escogida por los ciudadanos dentro de las reglas propias de la democracia. 

En segundo lugar, el fallo aseguró que no se encuentra probada la vulneración o amenaza de los derechos colectivos a la Defensa del Patrimonio Público y a la Moralidad Administrativa porque, “los nuevos estudios pretenden adecuar la ejecución del proyecto a la capacidad económica de la nación (que debe financiar un 70% del total de la obra) y del Distrito (que financiará el 30% restante) para lograr una adecuada gestión de los recursos públicos y prevenir un detrimento patrimonial que pueda afectar al erario, en deterioro de otros proyectos de importancia social”.

(Lea:Asegurados $3,2 billones de la banca multilateral para el metro de Bogotá)

Finalmente, el Tribunal enfatizó que en el proyecto de la PLMB, "la administración Distrital ha dado aplicación al principio de planeación, con el objetivo de darle un manejo adecuado a los recursos e integrarlo con el actual sistema de transporte de la ciudad (Transmilenio y Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITP-)".

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