Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió una tutela presentada por la Personería de Bogotá contra la Alcaldía y otras entidades distritales, decidiendo modificar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Tras examinar el caso en segunda instancia, la corporación amparó los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la seguridad y la vivienda digna de los miembros de los pueblos indígenas Embera que actualmente se encuentran albergados en la Unidad de Protección Inmediata – UPI La Rioja.
Lea más: La protesta emberá que visibiliza la larga espera por el retorno
En virtud de esta decisión, el Tribunal ordenó a diversas entidades del Distrito Capital —incluidas la Oficina de Consejería Distrital para la Paz, Víctimas y Reconciliación, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), y el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático— identificar en un plazo máximo de tres meses un inmueble idóneo que garantice condiciones dignas para la comunidad indígena y proceder a su evacuación urgente e inmediata desde el albergue La Rioja.
Asimismo, el Tribunal dispuso que dichas entidades deberán continuar garantizando la prestación de servicios públicos y apoyo psicosocial a los miembros de la comunidad mientras se concreta su retorno o reubicación, en cumplimiento de lo ya ordenado en el proceso de tutela con radicado No. 2023-00461, en curso ante el Juzgado 24 de Familia de Bogotá.
Finalmente, también ordenaron a la Alcaldía de Bogotá, integrar un Comité de Emergencia con participación de las entidades involucradas, la Personería de Bogotá, representantes de la comunidad Embera y la ONIC, para sesionar de manera permanente con el fin de diseñar e implementar acciones efectivas para garantizar una evacuación efectiva, inmediata, digna y respetuosa de los derechos culturales de la población afectada.
Las insalubres condiciones de la UPI La Rioja
Luis Eduardo Sintúa, llegó junto a su familia en 2020 a Bogotá proveniente del resguardo Alta Andaguedá, municipio de Bagadó, Chocó. Las amenazas y la disputa por el territorio entre actores armados, dijo, los obligaron a desplazarse. Iniciaron la ruta con la Unidad de Víctimas, llegaron a un pagadiario en San Bernardo donde vivieron un mes y luego, pasaron al albergue de la UPI La Rioja, desde donde salieron hacia el Parque Nacional.
“Allá las condiciones están mal. Está a punto de caerse. Los baños están acabados. Dormimos en el piso. Hay muchas ratas. Por esa razón venimos acá, para que nos busquen otro alojamiento digno, mientras nos retornan. Si no, seguiremos aquí resistiendo”, sentenció.
Le puede interesar: Bogotá le apunta a ir más despacio para salvar vidas en el asfalto
Según los últimos datos de la Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación, para 2024, en Bogotá, había aproximadamente 1.560 indígenas emberá, unas 640 familias. Con corte a septiembre, en el albergue La Rioja, permanecía 714 personas, de los cuales en su mayoría eran niños entre los 0-5 años (178) y mujeres (361). Del total, más de la mitad (542) manifestó su deseo de retornar, reubicarse (61) y reintegrarse localmente a la ciudad (111).
Lo denunciado por Luis Eduardo Sintúa, también ha sido expuesto por la Secretaría de Salud, quien hace dos años, a través de la Resolución 1207 de 2023, ordenó la “clausura de forma temporal y total” de este lugar, donde, desde 2022, han fallecido al menos 16 niños. La Personería de Bogotá, también encontró condiciones inseguras, insalubres y de hacinamiento, “que pone en peligro su integridad”. “No se han implementado acciones efectivas para mitigar los riesgos. Hay insuficiencia de baterías de baños y servicios sanitarios. La proliferación de roedores, en particular, afecta la salud de los menores. Así como riesgo de derrumbe de algunas estructuras”, detallaron.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
