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Diecisiete días después de emitida la decisión de suspender el trámite del polémico proyecto de resolución, que desató una tormenta y un debate por el futuro ambiental de Sabana de Bogotá, el Tribunal de Cundinamarca resolvió un recurso de recusación emitido por el Ministerio de Ambiente, dejando en firme la suspensión y abriendo la puerta a un nuevo escenario de concertación.
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Así quedó publicado en el auto del tribunal que resolvió rechazar, “por extemporánea, la solicitud de recusación interpuesta en escrito de 14 de marzo de 2025″. Cabe recordar que, el Acueducto solicitó, el pasado 7 de marzo, imponer una medida cautelar contra los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá expedido por el Ministerio de Ambiente.
Posteriormente, la magistrada, Nelly Villamizar, ordenó la suspensión temporal del trámite, hasta tanto los documentos y pruebas técnicas sean revisadas por las entidades que “no tuvieron la posibilidad de controvertir y contradecirlos”, indicó durante la audiencia el pasado 9 de marzo.
¿Qué sigue?
Parte de la decisión del Tribunal, ordena que se adelanten nuevas mesas de concertación con los actores claves de los territorios que serán acogidos por los nuevos lineamientos. No obstante, el “silencio” del Ministerio de Ambiente ya causa preocupación.
Por lo menos, así lo percibe el gobernador de Cundinamarca, Jorge, Rey, quien arrancó la semana solicitándole al Ministerio de Ambiente, un pronunciamiento y fechas para las reuniones. “Han pasado al menos 18 días desde que el Ministerio de Ambiente y Territorio se comprometió a convocar mesas de escucha y participación efectiva para construir los lineamientos de ordenamiento de la Sabana de Bogotá...”, escribió en su cuenta de X.
Y sigue así: “.... y 17 días desde que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió una decisión ordenando convocar a mesas de participación con el mismo propósito. Sin embargo, a la fecha, ante la falta de un pronunciamiento expreso y claro por parte del Ministerio, el “plazo” para presentar observaciones al proyecto de resolución se extendería hasta el 28 de abril”, indicó el gobernador.
Finalmente, cuestionó la falta de voluntad de a cartera de ambiente de formular una ruta para llevar a cabo las conversaciones con la sociedad civil, los gremios, la academia e institucionalidad territorial, para así definir unos lineamientos concertados.
La resolución de MinAmbiente
Una directriz del Ministerio de Ambiente reactivó el choque entre el Distrito y la nación. Se trata de la reciente consulta pública por un proyecto de resolución que cambiaría el ordenamiento territorial de los municipios de la sabana de Bogotá. En ella se delimitan cinco zonas (recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales) y las declara áreas de especial importancia ambiental, cobijando con medidas de protección a casi 581.000 hectáreas (ha), lo que obligaría a acogerse a nuevas reglas ambientales a cualquier iniciativa urbanística, minera o agrícola.
En este pleito hay una verdad irrefutable: el flujo migratorio desde la capital hacia los municipios vecinos generó una creciente demanda de vivienda, obras de urbanismo y zonas de producción, que vienen ejerciendo presión en los ecosistemas de una zona originalmente rural. Y esto se respalda en cifras: según Bogotá Cómo Vamos, entre 2005 y 2018 la población de estos municipios pasó del 47 % al 63 % y, según el DANE, la tasa de crecimiento poblacional aumentó 117 %.
En lo ambiental, cerca del 70 % de los humedales han sufrido alguna modificación por la expansión, y la conectividad hídrica se ha visto fragmentada un 85 %. Para completar, de 2000 a 2018 se perdieron 36.000 ha con potencial agrícola (casi el 10 % de la zona más fértil de la sabana) y el acceso al agua también se ha visto afectado: gran parte de los municipios reportan demandas muy altas, sobrepasando la oferta hídrica. De ahí, que nueve de las diez cuencas de la sabana se encuentren en riesgo.
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Pero construir de manera desmedida en un territorio como la sabana, a través del relleno de humedales, también tiene sus consecuencias. 21.570 hectáreas están en zonas de alta amenaza por inundaciones y deslizamientos. De hecho, sucesos como el de hace unos años en Mosquera, en cercanías del humedal La Herrera, o las inundaciones en la autopista norte del año pasado, fungen como el ejemplo perfecto.
Aunque varios actores reconocen la importancia y el legado a la preservación de la resolución, una vez sea expedida, hay otros actores que han presentado sus reparos. Entre ellos, la Alcaldía de Bogotá y el gremio constructor, quienes aseguran que lo planteado en la resolución impactaría el desarrollo de nuevas unidades de vivienda y la realización de obras como la ampliación de la autopista norte, la Av. Boyacá; así como la PTAR Canoas.
Dichas críticas han sido desestimadas por expertos, quienes aseguran que la resolución no reemplazaría ni suprimiría lo estipulado en los POT Y PBOT de Bogotá y los 35 municipios, sino que daría nuevas directrices para la preservación de este ecosistema de interés nacional. No obstante, tanto el Distrito como los demás opositores, sostienen que existen puntos ambiguos en la norma que “les generan incertidumbre”.
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Por Redacción Bogotá
