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Las urbanizaciones en el suroccidente de Bosa se han ido asentado en terrenos inestables y en el paisaje sólo se ven casas construidas en ladrillo, lona o lata. En el sector El Remanso 1, saliendo por la carrera 84 C con calle 74 Sur, urbanizadores piratas construyen en las noches. En menos de dos años se han levantado 78 viviendas ilegales.
—Aló, disculpe, queremos averiguar por la casa en El Remanso...
—Es un lotecito de 10 con 65 de frente por 12 con 50 de fondo. Tiene bases y paredes ya. Está valiendo $16 millones.
—¿Usted tiene las escrituras?
—No, en este barrio todavía no están las escrituras. Nosotros vendemos barato porque las escrituras se demoran un par de años. Hasta ahora se ha hecho la solicitud.
—¿Con qué papeles lo vende?
—Tiene bases, ya está listo pa’ vivir ahí.
—¿Es de alguna constructora?
—Esto aquí no es constructora... digámoslo: es pirata. Pero el lote es de mi propiedad.
—¿Tiene otros lotes para vender?
—Sólo me queda ese, lo otro se vendió hace rato. Venga y hablamos y le hago una rebaja.
Esta conversación telefónica fue grabada el 25 de junio de 2013 por El Espectador. El número de contacto aparecía en una tienda del barrio El Remanso 1. Allí, una persona asegura ser poseedora de buena fe de un lote de 5.200 metros cuadrados. En ese lugar se han construido viviendas vendidas por un valor entre los $10 millones y los $20 millones.
Detrás de algunas de estas construcciones está Agustín Larrota, quien en 2011 explicó su situación ante el Consejo de Justicia de la Secretaría de Gobierno: “Yo estoy en el predio desde hace más de cuatro años que entré y ocupé el predio; estaba desocupado, nadie me intervino. Como poseedor de buena fe procedí a hacerle mejoras: arreglé las cercas, todos los huecos del parqueadero los rellené, los cuadré, di parqueaderos, no tuve oposición de ninguna clase, hasta que hace unos cuatro o cinco meses aparecieron los señores que dijeron que eran de Sotrandes”.
Detrás de este testimonio hay una historia que terminó con el despojo a la empresa de transporte Sotrandes de un predio que desde 2006 había utilizado como un centro de logística mediana de transporte (cambio de aceite, montallantas y patio de operación). Jairo Angarita, gerente general de Sotrandes, explica que “en 2010 la Secretaría de Movilidad nos dijo que necesitaba satisfacer una demanda de rutas hacia sectores en donde Metrovivienda había construido. Entonces, trasladamos rutas hacia El Recreo, y como el lote es grande una parte se le arrendó a la empresa Odiltra y otra al señor Filadelmo Sánchez, que la ocupaba como parqueadero. En enero de 2011 nos dijo que le dio un turno a un personaje para que cuidara el parqueadero y resulta que el señor amaneció ahí con una familia. Inmediatamente, el señor Sánchez nos entregó el lote”.
En un fallo proferido el 7 de septiembre de 2011 por el Consejo de Justicia se resume la versión de Larrota: “Narra la manera como ingresó al predio, lo que hizo de día, como en las horas del mediodía, cuando uno de sus hijos quiso hacer chichí e ingresaron al predio y la casita estaba desocupada y al día siguiente barrió y arregló las cercas”. Al considerarse poseedor de buena fe se sintió perturbado por la presencia de empleados de Sotrandes. Radicó una querella el 8 de marzo de 2011 pidiéndole a la Policía que le pusiera fin a la perturbación, “ordenando el abandono del predio de los vigilantes armados”.
En enero de ese mismo año Sotrandes interpuso una querella solicitando el desalojo de Agustín Larrota al ser considerado un ocupante de hecho. En su favor, la empresa de transportes presentó la escritura pública Nº 2011 del 17 mayo de 2006 (expedida en la Notaría 31) que demuestra la propiedad del terreno. El 23 de mayo de 2011 el inspector 7 A de la Policía tomó la decisión y, acumulando las dos querellas, ordenó el desalojo de Sotrandes. Sobre esta decisión, el Consejo de Justicia estableció que el inspector 7-A violó el debido proceso al acumular las querellas.
En el mismo fallo, el Consejo de Justicia aclara que Larrota “jamás pidió el desalojo de dicha sociedad, sino que cesaran los actos perturbatorios. Sin embargo, el funcionario de conocimiento va más allá y termina ordenando el retiro de los vehículos que la sociedad Sotrandes tenía en el predio”. Así, el Consejo ordenó revocar la decisión del inspector 7 A y devolver el proceso al estado anterior, cuando se interpusieron las querellas.
El 22 de agosto de 2011 la Alcaldía Local de Bosa puso en conocimiento de la Fiscalía el caso de Sotrandes y solicitó una investigación por el fraude de una resolución judicial administrativa de la Policía (la cual ordena la suspensión de la obra). El 2 de septiembre, la Fiscalía respondió que el caso había sido trasladado a la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.
La investigación no avanzó y la Alcaldía Local ordenó en noviembre de 2012 la suspensión y el sellamiento de las obras a la altura de la carrera 87 C con calle 74 Sur. La justificación del cierre fue “la no existencia para las obras de la respectiva licencia de urbanismo y construcción expedida por la Curaduría Urbana”. El 7 de junio de 2013, la Alcaldía Local le solicitó una respuesta a la Fiscalía, pues “no se ha recibido ni se conoce el avance de esta investigación”.
No obstante, el gerente de Sotrandes señala que la construcción de viviendas ilegales en el sector de El Remanso empezó en junio de 2011: “Denunciamos eso ante la Alcaldía Local pero no hicieron mayor cosa: poner unos sellos de sellamiento e irse. Le he escrito al alcalde mayor, a la Personería, a la Procuraduría”. Este año se reinició el proceso y 30 habitantes del sector se presentaron ante un nuevo inspector de la Policía afirmando que Agustín Larrota había desaparecido y que ellos son compradores de buena fe. “Los invasores ya dividieron por manzanas el predio. El expediente está de nuevo en el Consejo de Justicia. Lo que más nos preocupa es la caducidad, porque el caso entró en vigencia del antiguo Código Contencioso Administrativo: es decir, son tres años para la caducidad” dice Angarita.
Al problema de titulación de predios se suma la afectación ecológica del río Tunjuelo por las urbanizaciones ilegales. En 2012 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) prendió las alarmas: “La EEAB ha recibido denuncias de construcciones sobre la zona de ronda del río Tunjuelo a la altura del predio ubicado en la carrera 87 C Nº 74-70 Sur. Se establece que dicho predio se localiza en la estructura ecológica principal del río Tunjuelo. Solicitamos atentamente medidas de vigilancia y control urbanístico policivo”, dice una carta dirigida a la alcaldesa de Bosa, Diana Calderón, el 31 de agosto de 2012.
Aunque queda en el aire la pregunta sobre una posible reubicación de las familias, el caso ya tuvo eco en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). En junio de este año, esa entidad emitió el siguiente concepto: “El predio colinda con la zona de ronda del río Tunjuelito, la cual corresponde a espacio público. Adicionalmente se observó que sobre parte de este predio privado existe afectación por la zona de ronda hidráulica. Los cuerpos de agua, las rondas hidráulicas y las zonas de manejo y preservación ambiental hacen parte integrante del espacio público”. El ritmo de construcción en El Remanso es mucho más acelerado que el ritmo del proceso judicial: en las noches han construido 78 viviendas. En el día, todas han sido vendidas.
@santiagov72
Por Santiago Valenzuela
