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El debate de qué sucederá con la Vivienda de Interés Social (VIS) en Bogotá surgió a partir de la publicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto por la administración de Claudia López. En uno de los apartados del documento que es debatido en el Concejo de Bogotá, se establece que en la ciudad este tipo de viviendas no podrán tener un área inferior a los 36 metros cuadrados, y que por lo menos deben contar con dos habitaciones.
Para la mandataria, lo que se busca es hacer más digna la vivienda en la ciudad, al fomentar que los bogotanos cuenten con un espacio suficiente. En contraste, para gremios como el de Camacol la propuesta resulta nociva, pues aseguran que desconoce el comportamiento que está registrando la conformación de los hogares en la capital (dicen que para el año 2050 más de la mitad serán unipersonales o de dos personas), además de reducir las posibilidades de que una familia pueda adquirir vivienda en zonas centrales (en donde el valor del metro cuadrado es más alto).
Recientemente se dio a conocer una carta del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dirigida a la alcaldesa Claudia López, en la que básicamente secunda los reparos de Camacol al decir que: “si bien entendemos la preocupación del Distrito y compartimos el gran anhelo de garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos, consideramos que restringir la ubicación o las características de la vivienda VIS, incluyendo su área, involucra el riesgo de agravar la segregación socio espacial, pues implicaría que los hogares de bajos ingresos -susceptibles de recibir un subsidio de vivienda- no podrían adquirir una unidad habitacional de bajo costo en determinadas zonas de la ciudad, a pesar de que esta cumpla con el valor VIS estipulado por la normatividad y responda a las preferencias y capacidad particular del hogar”.
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Sobre esto, y en una rueda de prensa, la alcaldesa le recordó al ministro que el POT es de autonomía municipal, por lo que debería respetar las decisiones que tome la administración de Bogotá al respecto. No obstante, en la carta de Malagón se lee, en reiteradas ocasiones, que su observaciones son respetuosas y teniendo en cuenta la autonomía que tiene el Distrito.
En la contestación, López preguntó públicamente al ministro sobre cuántos metros cuadrados tiene el área de la casa en la que vive, y que si le gustaría habitar en una que disponga de una sola habitación. “Una familia de cuatro personas, que gana dos salarios mínimos ¿no tiene derecho a una vivienda de por lo menos 36 metros cuadrados?”, añadió.
Nadie riñe con la intencionalidad que tiene López, que es la de fomentar el acceso a una vivienda digna para los bogotanos, sin embargo, no deja de ser una realidad que el valor del metro cuadrado en la ciudad está por las nubes, y más en determinadas zonas.
Según la firma Properati, el valor promedio del metro cuadrado en apartamentos más alto en la ciudad lo tiene la localidad de Chapinero, con $7,8 millones. A esta la siguen Usaquén ($5,8 millones), y Santa Fe ($5,6 millones). Los precios más accesibles de la capital están en la localidad de Bosa (en el suroccidente), donde la media del metro cuadrado está en $2,7 millones, seguida de Antonio Nariño ($3,2 millones) y Rafael Uribe ($3,5 millones).
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Tomando el valor más alto de los promedios anteriores, una vivienda de 36 metros cuadrados (como la propone el POT) cuesta más de $280 millones, cifra que desborda el tope de los 150 salarios mínimos que tiene una VIS (que con el salario mínimo de 2021 son cerca de $136 millones). Así las cosas, en localidades como Chapinero las personas no podrían acceder a una vivienda VIS.
El anterior cálculo presupone de que en Bogotá podría generarse un efecto de gentrificación (en el que las condiciones se dan para que solo las personas adineradas puedan vivir en el centro de la ciudad). No obstante, habría que ver cómo el Distrito (que se enorgullece de adelantar iniciativas en pro de la equidad) resolvería tal escenario.
Este medio le preguntó a la alcaldesa si, de llegarse aprobar la normativa de los 36 metros cuadrados, se garantizarían los subsidios para que las familias de escasos recursos puedan acceder a viviendas del centro de la ciudad. La respuesta de la mandataria fue: “claro que van a alcanzar”.
Pero haciendo justicia, también hay que tener en cuenta que la visión que plantea el POT es que Bogotá se vuelva una ciudad de 30 minutos, es decir, que sin importar el lugar en donde vivan las personas, puedan acceder a servicios como educación, recreo, abastecimiento y salud (entre otros) en tan solo media hora. Esto se lograría, en gran parte, con la evolución de proyectos de movilidad como las líneas del metro y los cables.
López también recordó que, con base en las proyecciones del DANE, su POT garantizará áreas para la construcción de las 1,5 millones de viviendas que necesitará la capital en los próximos años.
El debate es cuanto menos interesante, por que lo cierto es que hoy parte de los subsidios (que son para los hogares de menos recursos) están siendo utilizados para financiar los apartaestudios de los “yupis” (como lo dijo alcaldesa al referirse a los jóvenes de estratos altos); pero en contraste, poner una condición a la construcción de vivienda en la capital podría traducirse en un futuro en el que solo los ricos podrán vivir en el centro de la ciudad.