Universidades Central y Javeriana se defienden y reafirman su responsabilidad ambiental

Luego de que la Secretaría de Ambiente de Bogotá evidenciara violación a normas ambientales en dos obras que se adelantaban en las Universidades Central y Javeriana, ambas instituciones salieron en defensa de sus proyectos y reafirmaron su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.

En primer lugar, la Universidad Central, que adelanta trabajos de construcción en el campus de la sede del centro, orientados –según la institución– a beneficiar no solo a su comunidad educativa, sino a “recuperar, integrar a la ciudad y mejorar la imagen de esta zona de la capital”, negó que su proyecto afecte de forma alguna a los inmuebles cercanos, tal como lo advirtió la autoridad ambiental.

En su denuncia, la Secretaría aseguraba que sumado al vertimiento de grandes cantidades de lodo de construcción a la red de alcantarillado de la ciudad, los trabajos en la Universidad habrían provocado la inundación de un predio aledaño. (Lea: Universidades Central y Javeriana: responsables de contaminación en Bogotá)

“Las disposiciones de la Secretaría no implican el cierre de la obra, sino una suspensión preventiva (…) en cuanto al tema de los vertimientos, inicialmente se dispusieron los sistemas debidos para el lavado de los vehículos en los cárcamos, pero las lluvias que han ocurrido en días recientes en el centro han provocado un desbordamiento inesperado. La Universidad Central aclara que esta situación no ha afectado, ni afecta a los inmuebles vecinos, ya que las cajas de vertimientos se encuentran a más de 50 metros de distancia de los predios”, argumentó la institución a través de un comunicado de prensa.

La Universidad manifiesto su ‘entera disposición’ para dar cumplimiento a los requerimientos dados por la Secretaría Distrital de Ambiente, es decir ampliar la capacidad de los cárcamos existentes para evitar el paso de sedimentos y complementar el sistema de reutilización de aguas residuales para el lavado de llantas, “los cuales se finalizarán con la mayor brevedad posible”.

Por su parte, la Universidad Javeriana –acusada de ocupar el cauce del canal Mariscal Sucre y depositar materiales de construcción al mismo, así como por la supuesta la tala de árboles sin el permiso ambiental– sostuvo que sus obras corresponden a la ampliación de andenes sobre la Avenida Circunvalar para la conformación de la Almadea Perimetral, “solicitada por la Secretaría Distrital de Planeación, así como el movimiento de las canchas múltiples por efecto de dicha Alameda”.

“En este momento se prepara toda la información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente para subsanar el tema de la cercanía y uso temporal del cauce del canal Sucre y el manejo silvicultural (manejo de árboles) correspondiente (…) este informe se presentará en el transcurso de la semana con el objetivo de explicar el motivo de las acciones realizadas y las labores de mitigación”, explicó la institución.

Tal como lo advirtió la Secretaría en su determinación, de comprobarse la responsabilidad de ambas universidades en materia de contaminación ambiental, podrían pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Luego de que la Secretaría de Ambiente de Bogotá evidenciara violación a normas ambientales en dos obras que se adelantaban en las Universidades Central y Javeriana, ambas instituciones salieron en defensa de sus proyectos y reafirmaron su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.

En primer lugar, la Universidad Central, que adelanta trabajos de construcción en el campus de la sede del centro, orientados –según la institución– a beneficiar no solo a su comunidad educativa, sino a “recuperar, integrar a la ciudad y mejorar la imagen de esta zona de la capital”, negó que su proyecto afecte de forma alguna a los inmuebles cercanos, tal como lo advirtió la autoridad ambiental.

En su denuncia, la Secretaría aseguraba que sumado al vertimiento de grandes cantidades de lodo de construcción a la red de alcantarillado de la ciudad, los trabajos en la Universidad habrían provocado la inundación de un predio aledaño. (Lea: Universidades Central y Javeriana: responsables de contaminación en Bogotá)

“Las disposiciones de la Secretaría no implican el cierre de la obra, sino una suspensión preventiva (…) en cuanto al tema de los vertimientos, inicialmente se dispusieron los sistemas debidos para el lavado de los vehículos en los cárcamos, pero las lluvias que han ocurrido en días recientes en el centro han provocado un desbordamiento inesperado. La Universidad Central aclara que esta situación no ha afectado, ni afecta a los inmuebles vecinos, ya que las cajas de vertimientos se encuentran a más de 50 metros de distancia de los predios”, argumentó la institución a través de un comunicado de prensa.

La Universidad manifiesto su ‘entera disposición’ para dar cumplimiento a los requerimientos dados por la Secretaría Distrital de Ambiente, es decir ampliar la capacidad de los cárcamos existentes para evitar el paso de sedimentos y complementar el sistema de reutilización de aguas residuales para el lavado de llantas, “los cuales se finalizarán con la mayor brevedad posible”.

Por su parte, la Universidad Javeriana –acusada de ocupar el cauce del canal Mariscal Sucre y depositar materiales de construcción al mismo, así como por la supuesta la tala de árboles sin el permiso ambiental– sostuvo que sus obras corresponden a la ampliación de andenes sobre la Avenida Circunvalar para la conformación de la Almadea Perimetral, “solicitada por la Secretaría Distrital de Planeación, así como el movimiento de las canchas múltiples por efecto de dicha Alameda”.

“En este momento se prepara toda la información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente para subsanar el tema de la cercanía y uso temporal del cauce del canal Sucre y el manejo silvicultural (manejo de árboles) correspondiente (…) este informe se presentará en el transcurso de la semana con el objetivo de explicar el motivo de las acciones realizadas y las labores de mitigación”, explicó la institución.

Tal como lo advirtió la Secretaría en su determinación, de comprobarse la responsabilidad de ambas universidades en materia de contaminación ambiental, podrían pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes.