El desarrollo urbanístico en zonas rurales y suburbanas de Bogotá y los municipios bajo su jurisdicción ha sido por años centro de debate en una región atravesada por recientes crisis climáticas que chocan con una visión de expansión. En medio de los debates, una decisión de la CAR establece nuevos límites.
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Así lo anunció la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, autoridad ambiental que aprobó un nuevo acuerdo que endurece las condiciones para el desarrollo urbanístico en zonas rurales y suburbanas de Bogotá y los municipios bajo su jurisdicción.
La medida establece nuevos límites de suburbanización y densidades máximas para construcciones en suelo rural suburbano, parámetros que deberán ser incorporados por alcaldías y el Distrito durante las revisiones de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), PBOT y EOT.
Según la CAR, el objetivo es contener el crecimiento descontrolado que ha incrementado la presión sobre fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos y áreas de producción agrícola, especialmente en municipios cercanos a la capital donde el desarrollo campestre se ha acelerado en los últimos años.
“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio”, aseguró Alfred Ignacio Ballesteros.
¿De dónde viene este acuerdo y qué establece?
A través de una metodología desarrollada junto al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, la entidad estableció la base del nuevo acuerdo, contemplando las variables medioambientales y de cada territorio impactado. Lo anterior fue un punto clave para determinar que este acuerdo, aunque establece parámetros generales, contempla restricciones que tendrán un carácter dinámico, lo que permitirá ajustarlas según las condiciones ambientales y los avances en restauración ecológica de cada municipio.
Entre los criterios técnicos utilizados se encuentran la vulnerabilidad hídrica, el riesgo asociado al cambio climático, la sobreutilización del suelo y la fragmentación ecológica. De acuerdo con la CAR, el 25,5 % del territorio evaluado presenta niveles altos o muy altos de vulnerabilidad hídrica y 28 municipios ya registran ocupaciones rurales que afectan su capacidad de carga ambiental.
Uno de los cambios más significativos es la reducción de densidades permitidas en proyectos campestres. “Se reduce de ocho a dos viviendas, haciendo más restrictivas las condiciones en los suelos suburbanos, porque no podemos seguir sobrepasando la capacidad de nuestros ecosistemas”, explicó Ballesteros.
Además, el acuerdo fija que al menos el 70 % de los proyectos suburbanos deberá destinarse a conservación y restauración de vegetación nativa, con el fin de proteger el recurso hídrico, el suelo y la biodiversidad regional.
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Por Redacción Bogotá
