Se llama ‘El escondite de José’ porque, cuenta la versión no oficial, hubo un tiempo en el que el mandamás de una banda de delincuentes solía pasar allí fines de semana de romance con algunos chicos. Existe desde hace poco más de tres años y tiene a las autoridades de Soacha en jaque por un vacío jurídico que, aparentemente, les impide intervenir en el caso. La historia evidencia una amenaza más de las muchas que se ciernen sobre el golpeado municipio, vecino a la capital: el comercio ilegal de tierras.
Con un agravante esta vez: los dueños de esa urbanización (también conocida como Villa Luz), son señalados de haberle pagado a población desarraigada para que se asentara en los predios y luego desterrarlos con el fin de empezar a vender los lotes. La identidad de esas cabezas es desconocida, aunque por las calles se habla de una banda llamada ‘Los Candelos’.
Todo se remonta a 2007, cuando un amplio terreno deshabitado de Soacha Compartir comenzó a ser ocupado por desplazados, quienes levantaron ahí ranchos a medio construir. Extraoficialmente se habla de aproximadamente 20 casuchas (100 personas). El trámite para el desalojo de la invasión se inició cuando la Policía visitó el sitio con el objetivo de contabilizar e identificar el número de habitantes. En una segunda verificación, ad portas del operativo de expulsión, los miembros de la Fuerza Pública se encontraron con una sorpresa: ahora eran 70, casi 400 personas, todas distintas a las que llegaron al comienzo.
Así las cosas, el proceso de desalojo debía iniciarse de nuevo. Sin embargo, la Alcaldía de Soacha tuvo entonces que sortear otro obstáculo que explica el secretario de Gobierno, Antonio José Ardila: “Hay jurisprudencia en el sentido de que, sin política de reubicación, los desplazados no pueden ser desalojados”.
El dilema permanece hasta hoy, aunque el funcionario reconoce también que “muchas administraciones se han hecho las de la vista gorda”. La Alcaldía ha elevado consultas ante el Ministerio del Interior para contar con argumentos para actuar.
El lugar yace inundado por el barro y ahora cuenta con más de 200 familias, que han comprado terrenos entre $5 y $10 millones. No hay luz, no hay gas, no hay acueducto y el agua llega durante pocas horas al día. Tampoco hay alumbrado público, menos pavimento. Se dice que a ‘El escondite de José’ no va ni la Policía.
La mayoría de las casas está en obra. En una pequeña pieza dentro de alguna de ellas vivía María González*, desplazada de La Guajira con siete hijos. Cuenta que llegó allá por sugerencia de un conocido de Soacha que le ayudó a costear el arriendo, pero luego, y sin explicaciones, le pidió que se fuera. “Después, recibí amenazas. Me tocó salir corriendo”, dice González.
El personero del municipio, Fernando Escobar, cree que buena parte de las causas de este problema están asociadas “a la falta de respuesta de las autoridades. La legislación no es muy contundente en caso de desalojos a desplazados”.
Por su parte, el comandante de la Policía de Soacha, el capitán José Efraín Moreno, explica que no sabe “qué pudo haber pasado” para que durante tantos años haya permanecido esta urbanización.
Un dato del Secretario de Gobierno ayuda a comprender: el expediente del proceso judicial que se sigue a ‘El escondite de José’ está perdido hace rato.
*Nombre cambiado por seguridad.
Por El Espectador
