Valorización, deuda para el Acueducto y POT, lo que viene para el Concejo de Bogotá

En su segundo año de mandato, el alcalde Enrique Peñalosa le seguirá pidiendo al Concejo autorizaciones para conseguir la plata con la cual financiar su robusto plan de obras. Por eso, más allá del esperado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que el Distrito pretende radicar en el segundo semestre, en 2017 su administración también planea poner a consideración del cabildo un nuevo cobro de valorización (para Transmilenio por la Séptima) y cupo de endeudamiento para el Acueducto por $3 billones.

En 2016, primer año de gobierno, el Concejo aprobó 28 proyectos de acuerdo, en su mayoría presentados por la Alcaldía. Se destacan, por ejemplo, la creación de las secretarías Jurídica y de Seguridad, así como de la Empresa Metro; la reforma a las redes de hospitales; las vigencias futuras para el metro (que terminaron en demanda contra los concejales por prevaricato) y para sostener los colegios en concesión; la venta de la ETB y del 20 % de las acciones del Distrito en la Empresa de Energía de Bogotá, y un cupo de endeudamiento por $5 billones enfocado en financiar infraestructura.

Eso, sin embargo, es insuficiente para las pretensiones del alcalde, que seguirá pidiendo más, soportado en el apoyo mayoritario del que goza en el Concejo. Allí habrá cambio de mando: esta semana termina la presidencia de Roberto Hinestrosa (Cambio Radical) y comenzará la de un liberal. Pero, más allá de eso, es previsible que Peñalosa comience a sentir ruido en sus propias filas. “Habrá que tener cautela a la hora de autorizarle más recursos porque ya le hemos aprobado muchos”, advierte el concejal liberal Germán García, de la coalición de gobierno. “Sobre todo hay que evaluar bien el sustento y en qué los invertirán”. La resistencia será mayor si se trata de impuestos.

Valorización

La razón de la Alcaldía para pedirle al Concejo permiso para un nuevo cobro de valorización es financiar la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima. La obra ya tiene asegurados $1,1 billones que el cabildo aprobó el año pasado dentro del cupo de endeudamiento, pero, según la directora del IDU, Yaneth Mantilla, la obra costará $1,8 billones. Es decir: la idea es que los habitantes de la zona de influencia costeen los $700.000 millones faltantes.

Peñalosa lo ve viable porque la troncal pasará cerca de “los sectores de mayores ingresos de la ciudad”. El concejal Antonio Sanguino (Alianza Verde) considera, no obstante, que será difícil explicarles a los ciudadanos que les pedirán plata de valorización “cuando la ciudad no ha ejecutado las obras que comenzaron a financiarse por esa vía desde 2005”.

En el peñalosismo también hay dudas, como la de Yefer Vega, concejal de Cambio Radical, partido que avaló la candidatura de Peñalosa: “Aprobamos una cantidad de proyectos que comprometían presupuesto para infraestructura. Una valorización en estos momentos no sería sensata para la ciudadanía hasta tanto la Alcaldía no empiece a mostrar obras”. Ahí está el dilema: la administración calcula que 2018 será el año clave de la ejecución.

Está por verse, además, cuándo será presentado el proyecto, algo que puede incidir en el debate, puesto que los diseños de la troncal, que hace un mes le adjudicaron a la firma Ingetec, deben estar listos en noviembre. Radicar la iniciativa cuando estén terminados es una forma de que la Alcaldía se blinde ante las críticas por la idea de meter Transmilenio por la Séptima, ya que no es claro cómo operará en una vía tan estrecha.

Deuda para el Acueducto

El gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Germán González, espera radicar en mayo un proyecto para que los concejales le permitan endeudar la empresa en $3 billones. La idea es apalancar el plan de obras de la compañía, aprobado el año pasado y que prevé inversiones por $5,8 billones en los próximos cinco años y llegará a $7 billones en una década. “En los últimos 10 años, la empresa no venía haciendo las inversiones que le correspondían”, le dijo González a El Espectador. “Con eso financiaremos nuevas redes, cumpliremos la meta de cobertura de 100 % en alcantarillado y acueducto para 2021, el mantenimiento del túnel de Chingaza, y algo que es costoso: cumplir las obras que ordena la sentencia del río Bogotá”. Entre ellas el interceptor Tunjuelo-Canoas, inconcluso luego de que el contratista (alianza entre el grupo Solarte y Odebrecht) dejara tirados los trabajos en 2012 con un 95 % de avance.

POT

Si en el Plan de Desarrollo de Peñalosa esbozó con brocha gorda su modelo de ciudad, el POT es el cuadro en el que podrá definir los detalles. Es un proyecto sensible porque, más allá de su alto nivel de tecnicismo, abarca asuntos que influyen en la vida cotidiana de la ciudad. Y esto va desde definir dónde puede la gente tener antejardines frente a su casa hasta especificar la zona del norte que quiere urbanizar tocando los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen (aunque el permiso para sustraer de la reserva la zona que pretende intervenir Peñalosa lo debe otorgar la Corporación Autónoma Regional, CAR).

La Secretaría de Planeación apenas adelanta el diagnóstico del POT. Después viene una discusión con grupos de trabajo en las localidades y la solicitud de conceptos de la CAR y del Consejo Territorial de Planeación (con representantes de la sociedad civil, desde industriales hasta líderes de minorías étnicas).

Hacer un nuevo POT es, en esencia, redefinir los usos del suelo en buena parte de Bogotá, y eso es clave para materializar la visión de ciudad de Peñalosa. “El cumplimiento del Plan de Desarrollo está sujeto, básicamente, al POT, sobre todo por las obras propuestas”, recuerda el concejal Vega.

Sanguino dice que será necesario incluir la discusión sobre el cambio climático, algo que parece obvio por las implicaciones del proyecto, pero que tiene también un trasfondo político que seguramente generará tensiones no sólo dentro del Concejo, sino en las calles. Lo ocurrido alrededor de la propuesta de intervenir la reserva es una muestra de ello, y en medio del proceso de la revocatoria será un reto mayor para el alcalde.

En su segundo año de mandato, el alcalde Enrique Peñalosa le seguirá pidiendo al Concejo autorizaciones para conseguir la plata con la cual financiar su robusto plan de obras. Por eso, más allá del esperado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que el Distrito pretende radicar en el segundo semestre, en 2017 su administración también planea poner a consideración del cabildo un nuevo cobro de valorización (para Transmilenio por la Séptima) y cupo de endeudamiento para el Acueducto por $3 billones.

En 2016, primer año de gobierno, el Concejo aprobó 28 proyectos de acuerdo, en su mayoría presentados por la Alcaldía. Se destacan, por ejemplo, la creación de las secretarías Jurídica y de Seguridad, así como de la Empresa Metro; la reforma a las redes de hospitales; las vigencias futuras para el metro (que terminaron en demanda contra los concejales por prevaricato) y para sostener los colegios en concesión; la venta de la ETB y del 20 % de las acciones del Distrito en la Empresa de Energía de Bogotá, y un cupo de endeudamiento por $5 billones enfocado en financiar infraestructura.

Eso, sin embargo, es insuficiente para las pretensiones del alcalde, que seguirá pidiendo más, soportado en el apoyo mayoritario del que goza en el Concejo. Allí habrá cambio de mando: esta semana termina la presidencia de Roberto Hinestrosa (Cambio Radical) y comenzará la de un liberal. Pero, más allá de eso, es previsible que Peñalosa comience a sentir ruido en sus propias filas. “Habrá que tener cautela a la hora de autorizarle más recursos porque ya le hemos aprobado muchos”, advierte el concejal liberal Germán García, de la coalición de gobierno. “Sobre todo hay que evaluar bien el sustento y en qué los invertirán”. La resistencia será mayor si se trata de impuestos.

Valorización

La razón de la Alcaldía para pedirle al Concejo permiso para un nuevo cobro de valorización es financiar la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima. La obra ya tiene asegurados $1,1 billones que el cabildo aprobó el año pasado dentro del cupo de endeudamiento, pero, según la directora del IDU, Yaneth Mantilla, la obra costará $1,8 billones. Es decir: la idea es que los habitantes de la zona de influencia costeen los $700.000 millones faltantes.

Peñalosa lo ve viable porque la troncal pasará cerca de “los sectores de mayores ingresos de la ciudad”. El concejal Antonio Sanguino (Alianza Verde) considera, no obstante, que será difícil explicarles a los ciudadanos que les pedirán plata de valorización “cuando la ciudad no ha ejecutado las obras que comenzaron a financiarse por esa vía desde 2005”.

En el peñalosismo también hay dudas, como la de Yefer Vega, concejal de Cambio Radical, partido que avaló la candidatura de Peñalosa: “Aprobamos una cantidad de proyectos que comprometían presupuesto para infraestructura. Una valorización en estos momentos no sería sensata para la ciudadanía hasta tanto la Alcaldía no empiece a mostrar obras”. Ahí está el dilema: la administración calcula que 2018 será el año clave de la ejecución.

Está por verse, además, cuándo será presentado el proyecto, algo que puede incidir en el debate, puesto que los diseños de la troncal, que hace un mes le adjudicaron a la firma Ingetec, deben estar listos en noviembre. Radicar la iniciativa cuando estén terminados es una forma de que la Alcaldía se blinde ante las críticas por la idea de meter Transmilenio por la Séptima, ya que no es claro cómo operará en una vía tan estrecha.

Deuda para el Acueducto

El gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Germán González, espera radicar en mayo un proyecto para que los concejales le permitan endeudar la empresa en $3 billones. La idea es apalancar el plan de obras de la compañía, aprobado el año pasado y que prevé inversiones por $5,8 billones en los próximos cinco años y llegará a $7 billones en una década. “En los últimos 10 años, la empresa no venía haciendo las inversiones que le correspondían”, le dijo González a El Espectador. “Con eso financiaremos nuevas redes, cumpliremos la meta de cobertura de 100 % en alcantarillado y acueducto para 2021, el mantenimiento del túnel de Chingaza, y algo que es costoso: cumplir las obras que ordena la sentencia del río Bogotá”. Entre ellas el interceptor Tunjuelo-Canoas, inconcluso luego de que el contratista (alianza entre el grupo Solarte y Odebrecht) dejara tirados los trabajos en 2012 con un 95 % de avance.

POT

Si en el Plan de Desarrollo de Peñalosa esbozó con brocha gorda su modelo de ciudad, el POT es el cuadro en el que podrá definir los detalles. Es un proyecto sensible porque, más allá de su alto nivel de tecnicismo, abarca asuntos que influyen en la vida cotidiana de la ciudad. Y esto va desde definir dónde puede la gente tener antejardines frente a su casa hasta especificar la zona del norte que quiere urbanizar tocando los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen (aunque el permiso para sustraer de la reserva la zona que pretende intervenir Peñalosa lo debe otorgar la Corporación Autónoma Regional, CAR).

La Secretaría de Planeación apenas adelanta el diagnóstico del POT. Después viene una discusión con grupos de trabajo en las localidades y la solicitud de conceptos de la CAR y del Consejo Territorial de Planeación (con representantes de la sociedad civil, desde industriales hasta líderes de minorías étnicas).

Hacer un nuevo POT es, en esencia, redefinir los usos del suelo en buena parte de Bogotá, y eso es clave para materializar la visión de ciudad de Peñalosa. “El cumplimiento del Plan de Desarrollo está sujeto, básicamente, al POT, sobre todo por las obras propuestas”, recuerda el concejal Vega.

Sanguino dice que será necesario incluir la discusión sobre el cambio climático, algo que parece obvio por las implicaciones del proyecto, pero que tiene también un trasfondo político que seguramente generará tensiones no sólo dentro del Concejo, sino en las calles. Lo ocurrido alrededor de la propuesta de intervenir la reserva es una muestra de ello, y en medio del proceso de la revocatoria será un reto mayor para el alcalde.