Vecinos de La Macarena temen que su barrio se convierta en zona rosa

El barrio La Macarena, ubicado en pleno centro de Bogotá, es reconocido por su atmósfera bohemia, que en parte le otorgan sus galerías de arte y librerías, pero también por ser uno de los principales sectores gastronómicos de la ciudad. Este último, según algunos de sus residentes, es el factor que buscaría potenciar el Distrito para convertirlo en una nueva zona rosa.

Así lo expuso Alberto Maldonado, a través de un texto que publicó el periodista Alberto Donadío en su blog, en El Espectador. Allí asegura que el contrato 145 de 2019, cuyo objeto es reconstruir unas vías en el sector, tiene inconsistencias. Una de las más llamativas es que en el diagnóstico disponible en el SECOP II, dice que tres de las calles a intervenir están en buen estado y dos en estado regular.

“A pesar de que solo se requiere mantenimiento, van a destruir por completo los pavimentos que aún tienen vida útil”, dijo. El espacio en cuestión está en la carrera 4A, entre las calles 26d y 29. Mediante derechos de petición, la comunidad ha pedido claridad a la Alcaldía Local de Santa Fe sobre los detalles de esta obra que, como lo dice Maldonado, no se están disponibles en el SECOP II, entre ellos un análisis del estado del alcantarillado, de los andenes o del impacto de la obra para personas en condición de discapacidad.

La comunidad también ha pedido suspender la ejecución del contrato, por varias razones. La primera es conocer mejor la necesidad o necesidades de la intervención, y que, de llegar a ser necesario, se puedan hacer ajustes. Lo segundo es que los restaurantes del sector apenas se están reactivando (por lo que se verían afectados sus ingresos), así como el impacto en las familias que permanecen trabajando y estudiando en casa.

Ante tales requerimientos, explica Maldonado, “ocurrió algo muy extraño”, pues en las primeras reuniones que tuvo la alcaldía con la JAL se no mencionó nada sobre problemas con el alcantarillado para la justificación de la obra. Más adelante empezaron a hacer énfasis en unas reparaciones que necesita esa red, “al punto de decir que las vías están a punto de colapsar”, detalla, al agregar que aún no se muestran estudios que justifiquen tales intervenciones.

El Espectador conoció un documento elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el que le dicen a Maldonado que el pasado 02 de octubre hicieron presencia en el sector para verificar la red principal de alcantarillado, la cual, “se encuentra en normales condiciones de funcionamiento hidráulico”.

Maldonado cree que están tratando de justificar a posteriori la obra, lo que indicaría un manejo inadecuado del contrato. También asegura que los vecinos tienen evidencias que indican que la anterior administración local, a cargo de Gustavo Niño, quería que por medio de este contrato La Macarena se convirtiera en una nueva zona rosa de Bogotá.

Bajo la anterior premisa, el problema no sería mejorar las vías, sino transformar el uso residencial y de restaurantes de bajo impacto que tiene la zona. “Parece que se trata de una iniciativa cuyo propósito es una intervención integral, que puede afectar las condiciones de vida de los residentes, incluyendo su expulsión como ocurrió en la zona rosa”, concluye Maldonado.

En entrevista con El Espectador, el actual alcalde de la localidad, Dairo Alirio Giraldo, aseguró desconocer que las intenciones del Distrito sean cambiar el enfoque residencial de La Macarena. A pesar de que el contrato no se firmó en su administración, él muestra un amplio conocimiento de este proyecto, pues explica que en 2017 se hicieron estudios y diseños sobre unas vías en la localidad de Santa Fe, que dieron paso en 2019 el proceso licitatorio que dio origen al contrato 145 de 2019.

La licitación se adjudicó en julio del año pasado, con un acta de inicio del 23 de octubre. Este proceso también requirió un contrato de interventoría, adjudicado el primero de octubre.

Más adelante el contratos de obra tuvo que suspenderse, pues se necesitaba un permiso de silvicultura para talar unos árboles en el sector, trámite que adelantaron el 4 de marzo con la Secretaría de Ambiente. La autorización la emitieron el 10 de septiembre, a través de resolución que quedó en firme el 25 del mismo mes.

“Don Alberto Maldonado dice que el contrato lleva suspendido 14 meses y no es cierto, fueron casi 10 meses”, asegura Giraldo, quien agrega que el permiso silvicultural se demoró por efectos de la pandemia. El mandatario también dijo que le han contestado aproximadamente 13 derechos de petición a la comunidad, así como una tutela impuesta por 17 personas del sector, a través de un apoderado.

“Nos hemos reunido en diferentes ocasiones con la comunidad. También hay evidencia de reuniones de la anterior administración. Hemos tratado de dar el total cubrimiento a las dudas de la gente para actuar directamente con ellos y lograr la legitimidad de esta importante obra”, asegura el alcalde, quien agrega que ha adelantado una encuesta con los vecinos para saber si consideran prudente que la obra se inicie en enero por efectos de la pandemia y la recuperación económica.

Ante otra de las presuntas irregularidades del contrato, la cual es expuesta por Maldonado como un supuesto sobrecosto, ya que la intervención de un kilómetro de vía debería costar cerca de $1.266 millones y no los casi $3.000 millones que figuran en el contrato, Giraldo responde que no hay que olvidar que el contrato tiene dos componentes, el primero es la actualización de unos estudios y diseños y el segundo tiene que ver con la ejecución de la obra. “Adicionalmente hay que tener en cuenta que se dice que es un contrato a monto agotable, es decir, pueden ser más tramos viales o menos tramos viales, porque no sabemos los imprevistos en la ejecución”,

Por lo pronto no se tiene certeza de cuándo comenzarán los trabajos en el sector, pero siguen siendo muchos los interrogantes que tiene la comunidad sobre la intervención vial que experimentará su barrio. Este medio conoció una alerta preventiva que envió la Veeduría Distrital al alcalde local, en la que le pide publicar toda la información sobre la ejecución del contrato, así como explicar las razones por las cuales se considera necesario reconstruir un corredor vial que “se encuentra en buen estado”.

El barrio La Macarena, ubicado en pleno centro de Bogotá, es reconocido por su atmósfera bohemia, que en parte le otorgan sus galerías de arte y librerías, pero también por ser uno de los principales sectores gastronómicos de la ciudad. Este último, según algunos de sus residentes, es el factor que buscaría potenciar el Distrito para convertirlo en una nueva zona rosa.

Así lo expuso Alberto Maldonado, a través de un texto que publicó el periodista Alberto Donadío en su blog, en El Espectador. Allí asegura que el contrato 145 de 2019, cuyo objeto es reconstruir unas vías en el sector, tiene inconsistencias. Una de las más llamativas es que en el diagnóstico disponible en el SECOP II, dice que tres de las calles a intervenir están en buen estado y dos en estado regular.

“A pesar de que solo se requiere mantenimiento, van a destruir por completo los pavimentos que aún tienen vida útil”, dijo. El espacio en cuestión está en la carrera 4A, entre las calles 26d y 29. Mediante derechos de petición, la comunidad ha pedido claridad a la Alcaldía Local de Santa Fe sobre los detalles de esta obra que, como lo dice Maldonado, no se están disponibles en el SECOP II, entre ellos un análisis del estado del alcantarillado, de los andenes o del impacto de la obra para personas en condición de discapacidad.

La comunidad también ha pedido suspender la ejecución del contrato, por varias razones. La primera es conocer mejor la necesidad o necesidades de la intervención, y que, de llegar a ser necesario, se puedan hacer ajustes. Lo segundo es que los restaurantes del sector apenas se están reactivando (por lo que se verían afectados sus ingresos), así como el impacto en las familias que permanecen trabajando y estudiando en casa.

Ante tales requerimientos, explica Maldonado, “ocurrió algo muy extraño”, pues en las primeras reuniones que tuvo la alcaldía con la JAL se no mencionó nada sobre problemas con el alcantarillado para la justificación de la obra. Más adelante empezaron a hacer énfasis en unas reparaciones que necesita esa red, “al punto de decir que las vías están a punto de colapsar”, detalla, al agregar que aún no se muestran estudios que justifiquen tales intervenciones.

El Espectador conoció un documento elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el que le dicen a Maldonado que el pasado 02 de octubre hicieron presencia en el sector para verificar la red principal de alcantarillado, la cual, “se encuentra en normales condiciones de funcionamiento hidráulico”.

Maldonado cree que están tratando de justificar a posteriori la obra, lo que indicaría un manejo inadecuado del contrato. También asegura que los vecinos tienen evidencias que indican que la anterior administración local, a cargo de Gustavo Niño, quería que por medio de este contrato La Macarena se convirtiera en una nueva zona rosa de Bogotá.

Bajo la anterior premisa, el problema no sería mejorar las vías, sino transformar el uso residencial y de restaurantes de bajo impacto que tiene la zona. “Parece que se trata de una iniciativa cuyo propósito es una intervención integral, que puede afectar las condiciones de vida de los residentes, incluyendo su expulsión como ocurrió en la zona rosa”, concluye Maldonado.

En entrevista con El Espectador, el actual alcalde de la localidad, Dairo Alirio Giraldo, aseguró desconocer que las intenciones del Distrito sean cambiar el enfoque residencial de La Macarena. A pesar de que el contrato no se firmó en su administración, él muestra un amplio conocimiento de este proyecto, pues explica que en 2017 se hicieron estudios y diseños sobre unas vías en la localidad de Santa Fe, que dieron paso en 2019 el proceso licitatorio que dio origen al contrato 145 de 2019.

La licitación se adjudicó en julio del año pasado, con un acta de inicio del 23 de octubre. Este proceso también requirió un contrato de interventoría, adjudicado el primero de octubre.

Más adelante el contratos de obra tuvo que suspenderse, pues se necesitaba un permiso de silvicultura para talar unos árboles en el sector, trámite que adelantaron el 4 de marzo con la Secretaría de Ambiente. La autorización la emitieron el 10 de septiembre, a través de resolución que quedó en firme el 25 del mismo mes.

“Don Alberto Maldonado dice que el contrato lleva suspendido 14 meses y no es cierto, fueron casi 10 meses”, asegura Giraldo, quien agrega que el permiso silvicultural se demoró por efectos de la pandemia. El mandatario también dijo que le han contestado aproximadamente 13 derechos de petición a la comunidad, así como una tutela impuesta por 17 personas del sector, a través de un apoderado.

“Nos hemos reunido en diferentes ocasiones con la comunidad. También hay evidencia de reuniones de la anterior administración. Hemos tratado de dar el total cubrimiento a las dudas de la gente para actuar directamente con ellos y lograr la legitimidad de esta importante obra”, asegura el alcalde, quien agrega que ha adelantado una encuesta con los vecinos para saber si consideran prudente que la obra se inicie en enero por efectos de la pandemia y la recuperación económica.

Ante otra de las presuntas irregularidades del contrato, la cual es expuesta por Maldonado como un supuesto sobrecosto, ya que la intervención de un kilómetro de vía debería costar cerca de $1.266 millones y no los casi $3.000 millones que figuran en el contrato, Giraldo responde que no hay que olvidar que el contrato tiene dos componentes, el primero es la actualización de unos estudios y diseños y el segundo tiene que ver con la ejecución de la obra. “Adicionalmente hay que tener en cuenta que se dice que es un contrato a monto agotable, es decir, pueden ser más tramos viales o menos tramos viales, porque no sabemos los imprevistos en la ejecución”,

Por lo pronto no se tiene certeza de cuándo comenzarán los trabajos en el sector, pero siguen siendo muchos los interrogantes que tiene la comunidad sobre la intervención vial que experimentará su barrio. Este medio conoció una alerta preventiva que envió la Veeduría Distrital al alcalde local, en la que le pide publicar toda la información sobre la ejecución del contrato, así como explicar las razones por las cuales se considera necesario reconstruir un corredor vial que “se encuentra en buen estado”.