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Habitantes del barrio Potosí, en Ciudad Bolívar, realizaron este 24 de agosto un plantón para exigir al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) que suspenda las demoliciones previstas en el sector hasta acordar una ruta para las familias afectadas por el Cable Aéreo Potosí. La comunidad reclama una mesa de trabajo sobre titulación, avalúos, compra de viviendas y posibles afectaciones durante las obras.
Carteles instalados en las fachadas resumen las principales inconformidades. “El barrio no se vende, el barrio se defiende”, “Exigimos titulación gratuita de los predios faltantes” y “No demuelan nuestros hogares hasta que el proyecto del Cable Aéreo Potosí esté completamente terminado” son algunos de los mensajes visibles durante la manifestación.
Tatiana Bojacá Hernández, lideresa social de Potosí, aseguró que el contratista del IDU tenía previsto comenzar este lunes la demolición de algunos inmuebles adquiridos para el proyecto. Los residentes temen que las intervenciones aisladas afecten la estabilidad de las casas contiguas y generen problemas de contaminación, salud y seguridad.
“El día de hoy el contratista del IDU va a iniciar procesos de demolición de algunos predios del sector. Esto genera afectaciones a la comunidad, afectaciones estructurales, en términos de salud, pero también de seguridad”, afirmó Bojacá.
La denuncia corresponde a la versión de la comunidad. Hasta el momento, el IDU no ha divulgado públicamente un balance específico sobre las demoliciones anunciadas para el 24 de agosto, los inmuebles incluidos ni las medidas previstas para proteger las construcciones vecinas.
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La comunidad exige titulación gratuita
Uno de los principales puntos de la protesta es la situación de las familias que ocupan viviendas sin contar con un título formal de propiedad. De acuerdo con Bojacá, esta condición dificulta la negociación de los predios y deja a algunos residentes sin certeza sobre la compensación que recibirán o la solución habitacional a la que podrían acceder.
“Solicitamos que el IDU se acerque o que tengamos una mesa de trabajo donde se les garantice a los afectados un proceso de titulación gratuito para las personas que no tienen título, pero también una oferta adecuada por sus viviendas”, señaló la lideresa.
La petición de titulación gratuita proviene de la comunidad. Los documentos públicos consultados no muestran hasta ahora un compromiso general del Distrito para asumir sin costo la formalización de todos los predios sin título involucrados en el trazado.
Los vecinos también solicitan revisar las ofertas económicas formuladas por sus viviendas. En las imágenes del plantón advierten que detrás de cada inmueble existen familias que esperan una “solución digna” y piden que las casas adquiridas permanezcan en pie hasta que el Distrito tenga listos los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto.
“Hay niños y adultos mayores que se verán afectados por la contaminación y demás”, señala otro de los mensajes colocado sobre una vivienda. La comunidad no precisó cuántos predios serían demolidos durante esta fase ni cuántas familias continúan pendientes de titulación o negociación.
Piden revisar las demoliciones
Los residentes solicitan una mesa directa con el IDU para examinar cada proceso predial y establecer medidas frente a los efectos que podría causar la demolición progresiva de viviendas.
Entre sus preocupaciones están la exposición de los inmuebles contiguos, la acumulación de escombros y polvo, el ingreso a lotes desocupados y el posible debilitamiento de muros compartidos. Estas afectaciones han sido denunciadas por los manifestantes, aunque todavía no existe un concepto técnico público que confirme daños estructurales derivados de las intervenciones.
“La comunidad organizada solicita una mesa de trabajo directamente con el IDU para revisar todos los procesos de titulación, los procesos de oferta y compra y los procesos de demolición”, agregó Bojacá.
El proyecto tiene dos componentes prediales relacionados, pero administrados por entidades distintas. El IDU se encarga de los terrenos requeridos para la infraestructura de transporte, mientras la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) adelanta la compra de inmuebles destinados a los nodos multifuncionales que complementarán las estaciones.
Esta diferencia resulta relevante porque las cifras publicadas por RenoBo sobre adquisición de suelo para los nodos no representan necesariamente el avance de todos los predios que necesita el cable para estaciones, pilonas y otras obras.
Ofertas para 37 predios en La Estancia
El balance oficial más reciente sobre los nodos multifuncionales fue divulgado el 18 de junio de 2026. Para esa fecha, RenoBo había notificado ofertas de compra sobre 37 predios en La Estancia, equivalentes al 80,43 % del suelo requerido en ese sector, por cerca de $14.591 millones.
Quince propietarios habían aceptado ofertas que sumaban más de $5.800 millones. La entidad afirmó que brindaba acompañamiento social, jurídico y técnico a las familias y comerciantes involucrados, además de orientación sobre compensaciones y medidas para mitigar los efectos del traslado.
RenoBo proyectó notificar durante agosto las ofertas de compra para predios titulados de los nodos Santa Viviana B y Potosí. El Espino quedó programado para septiembre, con la meta de finalizar esta fase de adquisición durante 2026, según el cronograma publicado por la Alcaldía de Bogotá.
La programación se refiere expresamente a predios titulados. La publicación oficial no explica cómo se resolverán todos los casos sin título que ahora señala la comunidad de Potosí.
El cable acumula retrasos
El Cable Aéreo Potosí fue proyectado para conectar el Portal Sur de TransMilenio con las estaciones Tres Reyes, Santa Viviana y Potosí. Tendrá cerca de 3,3 kilómetros, 189 cabinas y un recorrido estimado de entre nueve y diez minutos.
El proyecto busca beneficiar a cerca de 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá. La inversión inicialmente calculada para obra, interventoría y adquisición predial ascendía a $780.000 millones.
El cronograma presentado por el Distrito en septiembre de 2023 contemplaba comenzar la construcción en enero de 2025, terminarla en enero de 2027 e iniciar la operación ese mismo año. Esos plazos no se cumplieron.
En abril de 2026, la concejal Diana Diago denunció que el contrato de construcción, por cerca de $529.000 millones, se encontraba suspendido y registraba 0 % de ejecución de obra. Según la cabildante, la adquisición predial era uno de los factores que impedían comenzar los trabajos.
La cifra de $529.000 millones corresponde al contrato cuestionado por la concejal y no debe confundirse con los $780.000 millones estimados inicialmente para el conjunto de obra, interventoría y compra de predios.
El Distrito había anunciado que los trabajos podrían comenzar en octubre de 2026, sujetos al avance de la gestión predial. Si la construcción tarda los 24 meses previstos, la entrada en operación se desplazaría hasta 2028. Las denuncias formuladas este 24 de agosto muestran que la adquisición de inmuebles continúa generando desacuerdos entre las familias y las entidades responsables del proyecto.
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Por Redacción Bogotá
