Veeduría alerta presunto cartel de contratación en Kennedy y San Cristóbal

Tras la revisión de los contratos que se hicieron entre julio de 2020 y junio de 2021 en las localidades de San Cristóbal y Kennedy, la Veeduría Distrital lanzó una alerta ante una posible cartelización de los contratos e irregularidades que se encontraron en los procesos.

De los hallazgos se destaca la publicación de adendas por fuera de los plazos legales, contratos que iniciaron su ejecución antes de cumplir sus requisitos, mientras que en otros no es posible establecer el estado de ejecución o no han sido liquidados oportunamente, así como los alcaldes locales se habrían desentendido de la supervisión de algunos de ellos.

Entre estas, se identificó que en ambas localidades hubo tres solicitudes (de una persona natural y dos juridicas) que pidieron limitar un proceso de selección a micro, pequeñas y medianas empresas, pero luego no participaron de las ofertas. Se trataba de un contrato para la implementación de estrategias y actividad física en las localidades, por $354 millones, y como lo evidenció la Veeduría con anteriores investigaciones, entre los integrantes de los consorcios participantes y seleccionados se encuentran empresas que tienen mayor número de contratos concentrados.

Algo similar se evidenció en un contrato por $240 millones para apoyo logístico y operativo para los eventos de Navidad, en el que solo se presentó un proponente, por lo que enviaron el informe a la Superintendencia de Industria y Comercio como a la Fiscalía para que determinen si esta operación restringe la competencia.

En otro de los casos, se pidió a la Contraloría evaluar si hubo daño patrimonial en la estimación de un contrato interadministrativo con la Secretaría de Ambiente y el Idipron de diciembre por $2.078 millones para el mantenimiento de la estructura ecológica principal, debido a que no se sabe cómo se adquirió una planta eléctrica ni qué se hará con los aportes en especie que hizo la alcaldía local una ve termine el contrato.

Ante esto, el ente de control recomendó a las alcaldías locales actualizar los contratos y subir toda la documentación al Secop, como lo establece la ley y recordó a los operadores contractuales que, en todos los casos, no se inicie la ejecución de contratos antes del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Tras la revisión de los contratos que se hicieron entre julio de 2020 y junio de 2021 en las localidades de San Cristóbal y Kennedy, la Veeduría Distrital lanzó una alerta ante una posible cartelización de los contratos e irregularidades que se encontraron en los procesos.

De los hallazgos se destaca la publicación de adendas por fuera de los plazos legales, contratos que iniciaron su ejecución antes de cumplir sus requisitos, mientras que en otros no es posible establecer el estado de ejecución o no han sido liquidados oportunamente, así como los alcaldes locales se habrían desentendido de la supervisión de algunos de ellos.

Entre estas, se identificó que en ambas localidades hubo tres solicitudes (de una persona natural y dos juridicas) que pidieron limitar un proceso de selección a micro, pequeñas y medianas empresas, pero luego no participaron de las ofertas. Se trataba de un contrato para la implementación de estrategias y actividad física en las localidades, por $354 millones, y como lo evidenció la Veeduría con anteriores investigaciones, entre los integrantes de los consorcios participantes y seleccionados se encuentran empresas que tienen mayor número de contratos concentrados.

Algo similar se evidenció en un contrato por $240 millones para apoyo logístico y operativo para los eventos de Navidad, en el que solo se presentó un proponente, por lo que enviaron el informe a la Superintendencia de Industria y Comercio como a la Fiscalía para que determinen si esta operación restringe la competencia.

En otro de los casos, se pidió a la Contraloría evaluar si hubo daño patrimonial en la estimación de un contrato interadministrativo con la Secretaría de Ambiente y el Idipron de diciembre por $2.078 millones para el mantenimiento de la estructura ecológica principal, debido a que no se sabe cómo se adquirió una planta eléctrica ni qué se hará con los aportes en especie que hizo la alcaldía local una ve termine el contrato.

Ante esto, el ente de control recomendó a las alcaldías locales actualizar los contratos y subir toda la documentación al Secop, como lo establece la ley y recordó a los operadores contractuales que, en todos los casos, no se inicie la ejecución de contratos antes del cumplimiento de los requisitos de ejecución.