Mientras Bogotá enfrenta enormes desafíos en seguridad, educación, movilidad y basuras, entre otros líos mayores, denuncias recientes advierten que el Concejo de la ciudad parece estar recorriendo el camino contrario al que dicta el sentido de la austeridad. En los últimos meses, se ha configurado un patrón que preocupa: decisiones que, aunque justificadas desde la institucionalidad, implican incrementos sostenidos y polémicos en el gasto público.
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En contexto: Avanza proceso que pide reevaluar esquemas de seguridad para concejales de Bogotá
Aumento de personal, esquemas de seguridad costosos y sin estudios previos de riesgo, posible cobertura de viáticos para viajes dentro y fuera del país y la creación de nuevas dependencias administrativas. Todo apunta a una expansión presupuestal poco alineada con las prioridades de una ciudad cuyo presupuesto general está bajo presión. En ese contexto, la pregunta que resuena es, ¿cuál es el límite del gasto del Concejo de Bogotá?
Uno de los primeros movimientos fue el aumento en el presupuesto de las Unidades de Apoyo Normativo (UAN), equipos de asesores y técnicos que respaldan a cada concejal. En 2024, el Concejo aprobó que cada uno contara con un equipo equivalente a 52 salarios mínimos mensuales, y más de 30 nuevos cargos se sumaron a la planta. Con ello, el presupuesto de funcionamiento del Concejo alcanzó los $122 mil millones anuales.
A esto se sumó, en octubre de 2024, el Proyecto de Acuerdo 708, impulsado bajo el argumento de modernizar la estructura administrativa de la corporación. El plan contemplaba la creación de tres nuevas dependencias —la Dirección de Talento Humano, la Subdirección de Participación y Relación con la Ciudadanía, y la Oficina de Tecnología— además de 33 nuevos cargos de planta, lo que suponía un aumento adicional de $6.600 millones anuales en el gasto de funcionamiento.
El proyecto fue defendido por el entonces presidente del Concejo, Juan Baena, quien aseguró que era resultado de ocho meses de estudios técnicos y que buscaba corregir rezagos estructurales de más de una década. Destacó que el 42% de los nuevos empleos serían para jóvenes sin experiencia laboral, y que los cargos no directivos serían adjudicados por concurso de méritos.
Sin embargo, el momento elegido para impulsar esta reforma —en medio de una coyuntura fiscal difícil para la ciudad, con un nuevo cupo de endeudamiento aprobado para financiar el Plan de Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán— desató críticas. Varios sectores la calificaron como un ejemplo del crecimiento innecesario de la burocracia y un mensaje contradictorio frente al discurso de contención del gasto. Pese a ello, el proyecto fue aprobado en los primeros meses de 2025.
¿Seguridad sin riesgo real? La acción popular que expuso a los esquemas
A esta expansión burocrática se suma una controversia judicial en curso que pone bajo la lupa otro tema sensible: los esquemas de seguridad asignados a los 45 concejales. Desde hace un año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza una acción popular que cuestiona la entrega automática de camionetas, motos y escoltas a cada cabildante, sin estudios que demuestren riesgos reales y verificables.
La demanda, interpuesta por el abogado Camilo Araque, señala que estas asignaciones incumplen el convenio firmado entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Secretaría de Hacienda, el cual exige la existencia de un riesgo extraordinario o extremo para autorizar este tipo de protección. Además, denuncia un uso indebido de los esquemas, incluyendo funciones como transporte familiar, diligencias personales o uso indebido de carriles exclusivos, lo que genera dudas y distorsiona su propósito inicial de salvaguarda.
Recientemente, como parte del proceso, el Tribunal ordenó a varias entidades —entre ellas el Ministerio del Interior y la UNP— entregar informes detallados sobre los costos, criterios de asignación y estudios de riesgo, así como sobre antecedentes de amenazas o atentados que justifiquen estos esquemas. También se citó a varios concejales para que rindan testimonio sobre el uso de estas medidas de protección.
¿Concejales viajeros con recursos públicos?
Sumado al contexto anterior, un nuevo frente de discusión se abrió con el debate sobre la reforma al reglamento interno del Concejo, que se discutió este viernes en el Concejo. En esta, el artículo 111 plantea que los concejales podrían recibir viáticos y cubrir gastos de viaje, tanto nacionales como internacionales, con dinero público, siempre que la comisión sea aprobada por la Mesa Directiva o la Plenaria.
En la discusión por la reforma del reglamento del Concejo, otra propuesta que levantó ampolla fue la que realizó el concejal Germán García, de la bancada liberal, quien propuso que se incluya a en el reglamento interno de la corporación un mecanismo para que haya votación secreta, ejercicio que solo se realiza cuando se trata de la elección de altos cargos.
“Esto supuestamente aplicando normas que funciona en el Congreso de la República. Es curioso que se proponga esto justo antes de la elección de contralor. El Concejo de la ciudad elige personero y contralor, y por supuesto, las mesas directivas. Lo que no me parece transparente, es que, cuando el Concejo se ha caracterizado por hacer cada una de sus votaciones públicas, en esta oportunidad se busque hacerlo de manera soterrada. La pregunta es, ¿qué quieren esconder quienes hacen esta propuesta?”, advierte, al respecto, la concejala Heidy Sánchez.
Volviendo al presupuesto que podría destinarse a los viajes de los concejales, el problema no está en la posibilidad de representar a Bogotá en eventos o misiones institucionales, sino en la ambigüedad del artículo: no hay topes económicos, no se especifica una frecuencia máxima y el único requisito es entregar un informe escrito al regresar. No se contempla ningún mecanismo efectivo de auditoría, lo que, según críticos como el concejal Daniel Briceño, abre la puerta al uso discrecional del presupuesto: “Esto no es eficiencia ni transparencia, es retroceder en la responsabilidad con los recursos públicos”.
La concejal Diana Diago también se pronunció, señalando que hasta ahora los concejales han asumido sus propios gastos de desplazamiento y que pedir que el erario los cubra sería un retroceso ético. Anunció la presentación de una proposición para suprimir esta disposición del proyecto.
La reforma además contempla la posibilidad de sesionar virtualmente desde cualquier parte del mundo, lo que para algunos podría significar un doble gasto: el del viaje y el del funcionamiento institucional simultáneo desde Bogotá.
Un patrón que inquieta
Más allá de las justificaciones técnicas o legales, lo que inquieta a la ciudadanía es el patrón acumulado: aumento de cargos administrativos, expansión del gasto en asesorías, asignación de costosos esquemas de seguridad y ahora, la posibilidad de que los concejales viajen por el mundo con recursos públicos y sin mayor control.
En un contexto donde Bogotá enfrenta una deuda creciente, obras pendientes y brechas sociales sin resolver, el rumbo presupuestal del Concejo parece caminar en dirección contraria a la austeridad que demandan los ciudadanos. La representación política no debería ser un pasaporte para el privilegio, sino una responsabilidad con la ciudad.
Los ojos están ahora puestos en las próximas decisiones del cabildo, que definirán si la corporación opta por un camino de mayor eficiencia y transparencia, o si sigue ensanchando los límites de un presupuesto que, para muchos, ya parece estar al borde del exceso.
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